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En su reciente columna, Adolfo Garcé retoma la pregunta lanzada por Gabriel Pereyra en su nota sobre las dificultades del sistema político uruguayo para encarar y resolver una larga lista de problemas que han estado aquejando al país por bastante tiempo.
Garcé está en lo cierto al decir que cada uno de esos problemas merece un análisis específico y muchos matices. Sin embargo, creo que hay un factor común en la incapacidad del Uruguay (y no solo del Uruguay) para resolver problemas crónicos. Ese factor es lo que se conoce como “la paradoja de Juncker”, evocando la respuesta que el ex primer ministro de Luxemburgo y presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker le dio a un periodista que le preguntó si los políticos no sabían lo que tienen que hacer con esos problemas (que abundan también en Europa). La respuesta de Juncker hizo historia: “Nosotros sabemos muy bien lo que tenemos que hacer. Lo que no sabemos es cómo hacer para que nos reelijan si lo hacemos”. Muchas veces, el problema no es el no saber. El problema es cómo sobrevivir políticamente el pasaje del saber al hacer.
La idea implícita en esta respuesta es que, si bien los políticos no pueden ser eximidos de responsabilidad por su inoperancia frente a problemas recurrentes, parte de dicha responsabilidad está en la gente que los elige (o no los elige). Esto es algo que Gerhard Schröder, quien fue primer ministro alemán por el Partido Socialdemócrata (SPD) a principios de este siglo, experimentó en carne propia. Schröder introdujo reformas en la economía y en el generoso sistema de seguridad social que sacaron a Alemania de la posición del “hombre enfermo de Europa” y contribuyeron a casi dos décadas de crecimiento. Lamentablemente, el SPD y Schröder no se beneficiaron electoralmente. Por el contrario, la carrera política de Schröder terminó y la votación del SPD empezó una caída sistemática en el 2002, que para el 2017 había evaporado la mitad de su electorado. Fue su tradicional rival, el Partido Demócrata Cristiano alemán (CDU/CSU) que pasó a dominar las elecciones hasta hace muy poco.
No descarto que otros factores lleven a la inoperancia de nuestros políticos y sus partidos, entre los que se cuentan bloqueos ideológicos que curiosamente todavía subsisten en Uruguay y otros no tan curiosos intereses sectoriales. Pero debemos recordar que cuando algunos políticos osaron atacar temas de fondo que podrían haber liberado recursos para ocuparse de otras cosas fueron repudiados por la población. Nuestras famosas empresas públicas, aunque funcionan, lo hacen con costos y niveles de eficiencia que no serían tolerables para ninguna empresa privada. Dichos costos son trasladados a la población en forma de precios altos o de impuestos que cubren operaciones deficitarias como la planta de cemento de ANCAP. Como tal, consumen recursos que podrían adjudicarse a áreas donde la presencia del Estado no es fácilmente sustituible. Pero cuando un gobierno tuvo la osadía de proponer la apertura del capital de dichas empresas (algo que ya es así en casi todo el mundo, incluso en países ultraestatistas como Francia), se organizó un plebiscito que revocó la ley aprobada en el Parlamento. Lo mismo está pasando con el absurdo plebiscito sobre la seguridad social promovido por la central sindical, a contrapelo de lo que pasa en todos los países con una situación demográfica similar a la uruguaya. Puede que el plebiscito fracase dado el poco apoyo político y el hecho que implica la socialización del ahorro individual contra promesas de difícil cumplimiento, pero el hecho de que exista muestra el riesgo político que asumió el gobierno.
Se dice muchas veces que los países tienen los gobiernos que se merecen. Esto no siempre es así, pero creo que lo es cuando los gobernantes son elegidos en elecciones libres y competitivas, como es el caso uruguayo. No creo que el comportamiento electoral explique totalmente las razones que impiden que los políticos encaren ciertos problemas, pero no debemos descartar el rol de las preferencias de la gente en esta inoperancia.
