“Opacidad” y Terminal Cuenca del Plata

En dicha carta, dedicada a recoger comentarios de la remitente respecto a la actual gestión de la Administración Nacional de Puertos (ANP), se formulan dos afirmaciones relativas a la empresa concesionaria de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo, Terminal Cuenca del Plata S.A.

Y, en segundo lugar:

“Incumplimiento de normas contables. La ANP ha decidido no ajustar el valor de su inversión en Terminal Cuenca del Plata S.A. a pesar de contar con los estados financieros auditados de 2022. Esta decisión se basa en que el Acuerdo de Concesión de Servicio no está reconocido según las normas contables establecidas. Esta falta de ajuste impide determinar el impacto real de la inversión en los resultados de la ANP”.

Cabe, con relación a estos puntos, formular las siguientes precisiones:

Le toma a cualquiera apenas consultar la página web de la ANP (https://anp.com.uy/inicio/institucional/info-economica-financiera/estados-financieros-tcp ) a fin de acceder a los balances de TCP S.A.: en especial a su Informe de Auditoría, preparado por la consultora internacional Ernst & Young el 8 de abril de 2024, y remitido con sus documentos de respaldo a la ANP con fecha 10 de junio de 2024.

Tales balances obviamente reflejan el desarrollo del Proyecto de Inversión en curso en la terminal de contenedores, según el detalle de sus cronogramas de obras, presupuestos y contratos, tal como estos fueran, en su oportunidad, puestos a consideración del Ministerio de Economía y Finanzas y la ANP, en conjunto con los Proyectos de Financiación, análisis de factibilidad y de riesgo del proyecto, aprobados por las instituciones financieras y organismos multilaterales que extendieran las líneas de crédito que lo respaldan.

Es, por ende, un misterio de dónde saca la autora de la nota sus conclusiones respecto a la “opacidad” del proceso, o a la imposibilidad de verificar “el valor de las inversiones”, el que el acuerdo de concesión no esté “reconocido según las normas contables establecidas”, o la general “incertidumbre” que tanto la aqueja.

Reitero: los estados contables de TCP S.A. se encuentran auditados por una consultora independiente e internacional, han sido presentados a ANP en tiempo y forma, y a ello no le resta un ápice el que TCP S.A. y la ANP den tratamiento dispar a los criterios de contabilización de los activos fijos de la empresa: un punto técnico-contable del que la remitente de la nota parece haber oído algo, sin entenderlo, lo que explica su embarazosa referencia al tema.

Dicho lo anterior, no puede sino anotarse que la opacidad que la autora de la misiva alega y busca parece, en tanto, estar mucho más cerca de ella de lo que cree, desde que su carta de cuestionamiento a toda la gestión portuaria de Montevideo curiosamente deja sin comentar la situación de la empresa de la que es gerente general: el operador portuario Lobraus Puerto Libre S.A.

Esta empresa presentó en 2007 una iniciativa a fin de construir un edificio de una veintena de pisos en el área portuaria de Montevideo, y ganó en 2013 una licitación a fin de llevar la obra adelante por concesión. No firmó, empero, el contrato sino hasta 2016, y ello por la sencilla razón de que, en tanto no lo hacía, utilizaba el predio licitado como depósito, pagando a la ANP un mero precio de almacenaje precario.

Forzada a firmar contrato con la ANP en 2016 tras la aparición de un interesado en licitar las áreas, Lobraus se abocó a estructurar un fideicomiso financiero y emitir obligaciones negociables a fin de financiar la construcción del edificio comprometido hace la friolera de ocho años.

El desenlace lo conocen los lectores interesados en temas portuarios: las ON entraron en default, los inversores se vieron defraudados y la empresa se ha abocado desde entonces a tratar, entre tumbos y en perjuicio de trabajadores despedidos y proveedores afectados, de ver cómo escapa del hoyo en el que se ha metido y ha metido al puerto de Montevideo.

La más reciente de las novedades respecto a esta situación (y sobre la cual la nota de la autora guarda silencio) es que Lobraus habría solicitado a la ANP una financiación en 12 cuotas del pago del canon por la concesión y las tarifas de almacenaje pendientes, que corresponden al depósito portuario que gestiona… y que, naturalmente, no era parte de la iniciativa privada que presentara en 2007.

Esta lamentable situación, los publicitados intentos de vender la empresa, sus conflictos con los adquirentes de sus créditos impagos, el destino de sus trabajadores y el crédito de sus proveedores, me inclinan a pensar que deberían ser estos los temas de máxima prioridad e interés en la agenda de la Gerencia General de Lobraus, antes que el abocarse con furor epistolar a emprenderla contra la ANP, otras empresas portuarias, o, en una histriónica cruzada, contra la “pobreza infantil”.

En suma: de nada servirá toda la paja que pueda recogerse en ojos ajenos a la hora en que la realidad le termine por preguntar a Lobraus y a su gerente general qué se proponen hacer con la viga en el propio.

Sin otro particular, saluda a Ud. muy atentamente.

Álvaro Diez de Medina