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La venganza privada de los comunistas o cuando la tolerancia es una inmoralidad.
El actual gobierno está jugando para un empate a cero y viene logrando una economía sin crecimiento y una sociedad en decadencia y sin seguridad pública. Es un gobierno en disputa, un gobierno bajo permanente fuego amigo y bajo, también, las naturales acciones de la oposición.
Se percibe “un tire y afloje” entre el MPP y el Partido Comunista. Gran porcentaje de los errores que comete el gobierno son consecuencia de presiones que ejerce el Partido Comunista. Gran cantidad de acciones y medidas indispensables que el gobierno no asume es por contemplar al Partido Comunista.
Sería lógico pensar que el MPP, que casi triplicó en votos al PCU, tuviera mayor poder, no obstante, no parece ser así, ya que han maniatado y amordazado a la mayoría frenteamplista tantas veces como han querido.
Está claro que el conglomerado de poder que forma el Partido Comunista, el PIT-CNT, la llamada Intersocial, la FEUU (estudiantes universitarios), la ONAJP (jubilados), la prensa afín y algunos miembros de la Justicia actúa por fuera del plano estrictamente político y viene logrando sus objetivos más cercanos a la acumulación de poder que al bien común de la sociedad que integran.
Desnaturalizan la política económica del gobierno, cada paso que da Oddone son días de explicaciones a la bancada del FA, a la Mesa Política del FA y, al final, lo que sale se parece, ligeramente, a lo propuesto inicialmente. No paran de proponer gastos, nuevos e insólitos impuestos o “progresistas” inventos que logran ahuyentar a eventuales inversores (léase, más trabajo). Desdibujan la política exterior rindiendo tributo a la sensación romántica de la Patria Grande, apoyan dictaduras y se oponen a cualquier movida que signifique mayores exportaciones (léase, más trabajo). Paralizan el puerto, destruyen la pesca, complican la producción lechera y paralizan la construcción.
La educación pública está en caída libre por la acción sostenida de los sindicatos comunistas. Vale recordar la tentativa frustrada de Tabaré Vázquez de declarar servicio esencial a la educación o la gráfica expresión de Mujica “a los sindicatos de la educación hay que hacerlos m...”.
Mientras no paran de hacer daño, algunos de sus más importantes dirigentes son expulsados y abucheados por presuntamente robar los ahorros de los propios trabajadores a quienes dicen defender.
El pasado 23 de octubre el presidente Orsi pronunció ante la 80ª Asamblea General de la ONU un interesante discurso en el que definió, claramente, a nuestro país, sus valores, sus logros a lo largo de su existencia y su actual posición en el mundo.
En una parte de su alocución expresó: “Esos principios nos definen como república y se expresan en el respeto a la separación de poderes y el Estado de derecho, la fortaleza del sistema democrático, el respeto y promoción de los derechos humanos y la equidad social”. Dejó claro también nuestro compromiso con la paz mundial, lo que se ha materializado, entre otros aspectos, por la prolongada y destacada participación de nuestros militares en distintas Misiones de Paz.
Mirando al presidente Orsi durante su oratoria costaba creer que en el Uruguay de hoy existe un gran número de seres humanos considerados prisioneros políticos que han perdido su libertad por una planificada cadena de violaciones a la Constitución y a las leyes y por el desconocimiento explícito de dos pronunciamientos populares (referéndum de abril de 1989 y plebiscito de octubre de 2009) en los que la ciudadanía se expresó a favor del mantenimiento de la ley de caducidad.
Esos ciudadanos son el botín del Partido Comunista, que desde el advenimiento de la democracia fue empujando al resto de la izquierda, incluyendo al MLN (tupamaros) a posturas extremas que ignoran los más elementales principios del derecho.
En la actualidad está plantado como un gran y oculto “freno de mano” dentro del gobierno que integra fogoneando una pertinaz operación de venganza contra militares, policías y civiles que actuaron contra la subversión y en defensa de las instituciones.
Esta operación se lleva adelante desconociendo el Estado de derecho y transformando a la Justicia en un instrumento político, lo que ocurre bajo la tolerancia temerosa de la mayoría de los integrantes del sistema político de perder votos o cargos. Tolerancia cercana a la inmoralidad.
La ministra de Defensa Nacional del primer gobierno de Tabaré Vázquez, doctora Azucena Berrutti, manifestó, públicamente, que se estaban procesando militares sin pruebas y Lucía Topolansky afirmó para el libro Los indomables, de Pablo Cohen, que algunos de sus compañeros manifestaron haber mentido ante la Justicia con la finalidad de mandar a algún militar a prisión.
Mujica dijo en marzo de 2010 que enviaría al Poder Legislativo un proyecto de ley proponiendo la prisión domiciliaria para los mayores de 70 años, incluyendo a los militares presos.
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