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Cristina Fernández e implicados en caso Vialidad tienen 10 días para pagar 537 millones de dólares
La expresidenta Cristina Fernández y los otros ocho implicados en el llamado caso Vialidad tienen 10 días hábiles para pagar 537 millones de dólares, que corresponden a la ejecución de la pena por irregularidades en la concesión de contratos para obras públicas. Así lo determinó el Tribunal Oral Federal que conoce del caso, por el cual la líder peronista ha sido recluida en prisión domiciliaria.
La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner recluida en prisión domiciliaria
La expresidenta Cristina Fernández y los otros ocho implicados en el llamado caso Vialidad tienen 10 días hábiles para pagar 537 millones de dólares, que corresponden a la ejecución de la pena por irregularidades en la concesión de contratos para obras públicas. Así lo determinó el Tribunal Oral Federal que conoce del caso, por el cual la líder peronista ha sido recluida en prisión domiciliaria.
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Cristina Fernández, el empresario Lázaro Báez y siete exfuncionarios gubernamentales fueron encontrados culpables de haber incurrido en corrupción en el otorgamiento de contratos para desarrollos de vialidad. Ahora, todos deben concurrir al pago de 537 millones de dólares para resarcir el “daño producido al erario público”, según la sentencia del tribunal.
La modalidad de pago no será proporcional o un mismo monto para los nueve indiciados, sino que será solidario: cada uno indicará la cantidad que está dispuesto a pagar.
Fernández y los otros acusados deberán pagar su parte del monto total, calculado por el Cuerpo de Peritos Contables de la Corte Suprema, en una cuenta habilitada para tal fin en el Banco de la Nación Argentina.
El incumplimiento de ese pago ocasionará el remate de los bienes de los implicados, que se encuentran embargados, hasta reunir el monto fijado. La medida de decomiso alcanzaría a 213 propiedades, que van desde millones de dólares en efectivo a inmuebles, pasando por empresas y vehículos.
Los acusados presentaron anteriormente una causa propia, según la cual les correspondía devolver 33 millones de dólares, pero esta fue rechazada por el tribunal. Se espera que todos los indiciados presenten apelaciones.
Protegiendo activos para garantizar el pago
Además del cálculo de los peritos contables, el Tribunal Oral Federal número 2, que maneja la causa conocida como Vialidad, analizó un informe del Ministerio Público Fiscal que también estimó el daño causado por las actuaciones de Fernández y los otros implicados, así como las pruebas que estos aportaron.
La cantidad sirvió para establecer las incautaciones que el poder judicial debía ejecutar para garantizar que el daño causado por los acusados sea reparado.
Pero recientemente se ha añadido una nueva actuación: la instrucción a la Cárcel de Río Gallegos, donde está recluido Lázaro Báez, para que comparta con el tribunal “completo registro fotográfico de todo documento que pretenda ser ingresado a la unidad”.
La medida se toma ante la sospecha expresada por los fiscales del caso de que Báez tendría intención de utilizar un poder expedido a su novia, Claudia Insaurralde, para alterar los registros de propiedad de algunos de sus bienes, y de esta manera burlar futuros embargos.
Báez fue procesado en otro tribunal, que ya lo condenó a 15 años de prisión y al pago de 355 millones de dólares de multa por lavado de dinero, además de otros 55 millones para reparar delitos de corrupción enjuiciados como parte del proceso conocido como “La Ruta del Dinero K”.
Báez ha declarado la quiebra de la empresa de su propiedad, Austral Construcciones, de modo que la consolidación del valor de este activo tendrá que esperar los resultados de un juicio comercial en el que se decidirá sobre los reclamos de acreedores, lo que podría implicar una liquidación de bienes para pagar las deudas.
Cristina Fernández, por su parte, declaró poco menos de 200.000 dólares en su última actualización patrimonial, pues tramitó un anticipo de herencia a favor de sus hijos Máximo y Florencia.
Esos bienes (hoteles, apartamentos, sociedades comerciales y seis millones de dólares, entre otras propiedades) se encuentran congelados en la actualidad, y podrían ser objeto de decomiso en caso de incumplimiento del pago ordenado por la Corte.
