La Policía Nacional y la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) comenzaron a trabajar en una mesa conjunta sobre seguridad tras una primera reunión en donde coincidieron sobre las inspecciones en los estadios de fútbol y quedaron en definir cómo implementar otras acciones.
El encuentro, realizado la semana pasada, representa un nuevo intento —tras varios esfuerzos similares de gobiernos anteriores— por abordar la violencia en el fútbol. Estaba previsto tras el episodio ocurrido en la final Nacional-Peñarol, disputada en el Estadio Centenario por el Torneo Intermedio, en el cual un policía fue herido de gravedad por una bengala náutica. El caso derivó en la implantación de una serie de medidas por parte del gobierno, entre ellas, crear esta mesa de coordinación entre autoridades policiales y representantes de la AUF.
Otra de las medidas principales fue prohibir el despliegue de banderas de gran porte, en cumplimiento del reglamento de seguridad de la AUF, que establece que el tamaño máximo de las banderas que pueden ingresar a una cancha es de dos metros por un metro; las que exceden esas dimensiones son retenidas en la entrada.
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Representantes de la Policía Nacional y la AUF se reunieron la semana pasada para empezar a coordinar trabajos conjuntos contra la violencia en el fútbol.
Ministerio del Interior
La decisión de prohibir este tipo de distintivos responde tanto a motivos de seguridad como a razones vinculadas al espectáculo: evitar que se utilicen para esconder armas, drogas, pirotecnia u otros elementos prohibidos, que los hinchas se oculten detrás de ellas, que se produzcan provocaciones mediante consignas o banderas robadas y que se obstaculice la visión del público. Aunque la iniciativa lleva más de una década —el Ministerio del Interior la anunció en 2013 y en la normativa AUF está vigente al menos desde 2021— su aplicación se volvió realmente estricta recién ahora, como respuesta al incidente en el clásico del Intermedio. A partir del inicio del actual Torneo Clausura, que comenzó el 1º de agosto, sí se pueden ver la mayoría de las tribunas del fútbol uruguayo sin banderas de gran porte.
Actualmente, el Ministerio del Interior establece que “las puertas de los estadios no se abrirán si hay banderas colocadas que impidan una clara individualización de quienes están en las tribunas”, mientras que el reglamento de la AUF prevé sanciones económicas: la semana pasada, la Comisión Disciplinaria de la AUF multó a Peñarol con 25 unidades reajustables por la presencia de una bandera de mayor tamaño del permitido en su partido de local contra Plaza Colonia, en el Campeón del Siglo, por la sexta fecha del Torneo Clausura.
Sin embargo, aún quedan por definir los procedimientos a adoptar por las autoridades si los hinchas logran superar los controles y colgar banderas prohibidas durante un partido. El punto fue discutido en el reciente cónclave entre el gobierno y la AUF, realizado el 11 de setiembre y del que participaron el subdirector de la Policía, Alfredo Clavijo; el jefe del Estado Mayor General, Kerman da Rosa; el director del Centro de Comando Unificado (CCU), Víctor Torres; y el director de la Dirección General de Seguridad en el Deporte, Juan Silva, junto con Gustavo Mariosa, excomisario y actual jefe de Seguridad de la AUF.
Allí se reiteró que la Policía Nacional no ingresará a los estadios. Fuentes que participaron en el encuentro informaron a Búsqueda que la intención es elaborar un protocolo específico para estos casos, con el objetivo de establecer con claridad si los partidos tienen que continuar pese al hecho, detenerse o suspenderse y si conviene intervenir ante la presencia de banderas, considerando el riesgo de posibles incidentes con los hinchas. Por el momento, si aparece una bandera —como ocurrió en el partido entre Peñarol y Plaza Colonia— serán la AUF y el club local, responsables del personal de seguridad privada, los que determinen cómo proceder.
En julio, el ministro del Interior, Carlos Negro, había adelantado que son los privados quienes tienen que responder a la situación: “La seguridad la hace el encargado del espectáculo y confiamos en que lo va a hacer. Si la Policía entra a la cancha tiene que entrar por un motivo: porque existe la comisión de un delito, o de una falta, o porque se está poniendo en riesgo la seguridad del espectáculo, tiene que tener una finalidad. Ahora, ingresar para sacar una bandera poniendo en riesgo la seguridad de cientos de personas, quizás no…”, dijo entrevistado en Carve Deportiva.
La posición de los gremios de la Policía
El mes pasado la Justicia imputó a un hincha de Nacional por homicidio en grado de tentativa a título de dolo eventual, dictándole prisión preventiva por 60 días. Está acusado de haber lanzado la bengala náutica que impactó en la ingle de un agente policial de la Guardia Republicana, de 47 años, quien debió ser operado de urgencia, sufrió la extirpación de un testículo y permaneció varios días en cuidados intensivos. El disparo se realizó desde la tribuna Colombes con dirección a la Ámsterdam, donde se ubicaban los hinchas de Peñarol, pero terminó por caer en la zona de prensa de la tribuna América.
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El Estadio Centenario fue revisado por agentes policiales para intentar limpiar posibles escondites de barras bravas.
Ricardo Antúnez/adhocFOTOS
Días después del incidente, ocurrido el 6 de julio, Negro se refirió a la necesidad de revisar “todos los recovecos” de las canchas y el Ministerio del Interior ordenó la inspección total del Estadio Centenario, del Gran Parque Central y del Campeón del Siglo. Las tareas estuvieron a cargo de técnicos del CCU de la Policía Nacional y representantes de DDBA, la empresa local encargada de los sistemas de cámaras en las tres canchas, las únicas del fútbol uruguayo con videovigilancia. La revisión abarcó la infraestructura general y áreas concretas de los estadios, como los puestos de almacenaje y de venta de bebidas y alimentos, ya que los barra bravas suelen tener complicidad de funcionarios, dirigentes e incluso agentes policiales para ingresar y esconder en esos lugares, antes de los partidos, distintos elementos prohibidos que se incautan en los controles de acceso.
Carlos Piedra, presidente de la Unión de Policías de la Guardia Republicana, cuestionó la efectividad de este tipo de medidas por parte del gobierno y de la AUF. Señaló que se necesitan políticas más estructurales que incluyan el cumplimiento efectivo de las leyes existentes, la asignación de responsabilidades y sanciones reales para los organizadores, un mayor apoyo económico y en equipamiento para los policías, así como protocolos claros sobre su actuación durante los operativos de seguridad en los partidos de fútbol. Piedra destacó que los operativos del clásico Nacional-Peñarol han mostrado deficiencias, que los oficiales trabajan en condiciones insuficientes y que ningún gobierno ha asumido plenamente la responsabilidad de la seguridad en estos eventos, lo que genera riesgos tanto para los policías como para los espectadores.
“Hasta que no maten a alguien nuevamente no se va a parar el fútbol”, dijo Piedra el 9 de setiembre ante la Comisión Especial de Deporte de la Cámara de Diputados. Calificó las medidas anunciadas en julio por el Ministerio del Interior como “un parche” y pidió enfocarse en un “trabajo macro” porque, si no, “van a volver a pasar” episodios como el del efectivo de la Republicana que fue herido en el Centenario.
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Sindicatos policiales han elevado iniciativas al Ministerio del Interior para mejorar los controles de acceso a las canchas.
Santiago Mazzarovich/adhocFOTOS
Días antes, el 3 de setiembre, quienes acudieron a la Comisión Especial de Deporte de Diputados fueron integrantes del Sindicato Policial Nacional (Sipolna), quienes comentaron sobre un proyecto de seguridad en el deporte que elevaron al Ministerio del Interior.
El esquema se basa en tres anillos de control para un filtrado progresivo de los asistentes a un partido. El primer anillo, ubicado a 200-350 metros del estadio, contaría con cámaras de reconocimiento facial con inteligencia artificial destinadas a identificar de manera temprana a personas incluidas en listas negras o requeridas judicialmente. El segundo anillo, a 100-150 metros del estadio, funcionaría como filtro intermedio, también equipado con cámaras y, de ser necesario, con puestos para realizar pruebas de espirometría. La idea es que, incluso si una persona no habilitada no es detectada en el primer anillo, pueda ser identificada en este segundo filtro. En el tercer anillo, donde el flujo de público es menor por la regulación del acceso, se utilizarían cámaras móviles con inteligencia artificial para reforzar la vigilancia y el monitoreo cercano.
Finalmente, el ingreso al estadio estaría a cargo de la seguridad privada, con el apoyo de algún efectivo policial.
