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    ANP abrió llamado para elaborar plan maestro al 2040; analizará cargas actuales, futuras y conectividad

    El estudio deberá contemplar factores económicos, logísticos, regulatorios y geopolíticos: se desarrollará en cinco fases y tras la firma del contrato con el consultor se prevé disponer de un plan integral en unos 200 días

    La identificación de las cargas y la eventual demanda a mediano y largo plazo que justifiquen el desarrollo de un puerto oceánico en Rocha, además del estudio de las condiciones naturales y los requerimientos físicos, de infraestructura y logística en la zona —donde años atrás se proyectaba construir una terminal de aguas profundas— volvió a ser un tema de análisis para el gobierno.

    Tras la reunión ministerial de Urupabol (Uruguay, Paraguay y Bolivia), realizada en Asunción la semana pasada, un comunicado oficial señaló que se avanzará en los estudios sobre la factibilidad del puerto oceánico en Uruguay como una “oportunidad competitiva y logística de alta relevancia para facilitar el acceso al mar de las cargas de Bolivia y Paraguay”.

    El presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Pablo Genta, integró la delegación gubernamental que encabezó la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, junto con autoridades de Cancillería y de la cartera de Industria, Energía y Minería.

    La iniciativa de reflotar el estudio de viabilidad de un puerto oceánico en el este del país se ubica dentro del plan estratégico de la ANP de delinear acciones hacia el 2040. En la segunda quincena de octubre, el ente publicó un llamado con el fin de contratar una consultoría para la elaboración del plan maestro de desarrollo portuario de 2027-2040. Se prevé que la apertura de ofertas ocurra el 16 de diciembre y que, una vez firmado el contrato, en 230 días quede elaborado el plan, plazo durante el cual la ANP y los distinos actores y las partes interesadas tendrán instancias de intercambio y “validación”.

    La formulación y la actualización de un plan rector para el sistema de puertos de Uruguay forma parte de las líneas estratégicas definidas por la autoridad portuaria al inicio de este período de gobierno.

    Uno de los pasos previos al llamado fue la contratación por parte de la ANP de una consultoría a la firma Valencia Port, que se desarrolló entre setiembre y diciembre del año pasado. Ese estudio proyectó varios escenarios para cada unidad de negocio (contenedores, graneles, vehículos, etcétera) y calculó, según varios indicadores, la tendencia de la demanda desde el 2027 al 2040 para los distintos puertos.

    Cinco fases para el plan

    El objetivo, según indica el pliego del llamado, es que la consultoría abarque todos los puertos comerciales y deportivos de Montevideo, sus terminales especializadas, el Puerto Capurro, Puntas de Sayago, el puerto seco en Rivera, sino también los establecimientos de Nueva Palmira, Fray Bentos, Paysandú, Salto, Colonia, Juan Lacaze, Carmelo, La Paloma y Piriápolis.

    Se espera que el consultor del plan maestro establezca las “adecuaciones” necesarias en términos de infraestructura, operaciones y capacidad y responda a “requerimientos de nuevos emprendimientos y escenarios de demanda previstos”. Deberá analizar e incluir estudios de ingeniería, económicos, financieros, ambientales y jurídicos.

    La propuesta, indica, tendrá que seguir criterios de “eficiencia operativa, complementariedad portuaria, competitividad y sostenibilidad”, además de considerar la conectividad marítima, así como la incorporación de nuevas tecnologías para la “modernización” de la gestión en general y de cada puerto de la ANP en particular.

    El consultor deberá enfocarse en el desarrollo de cada puerto considerando las distintas unidades de negocio: contenedores, graneles, pasajeros, carga general, vehículos, pesca, cargas proyecto, zonas logísticas, de servicios náuticos y de “todo nuevo negocio emergente o en desarrollo (pasajeros o carga) que pueda ser incorporado al estudio”.

    Vista desde el muelle del puerto pesquero en Capurro.

    Vista desde el muelle del puerto pesquero en Capurro.

    También tendrá que realizar un análisis de fortalezas y oportunidades para “consolidar” las cargas, los pasajeros y las demás unidades de negocio, además de identificar potenciales nuevos tráficos.

    Asimismo, estudiará las debilidades y las amenazas que puedan afectar el “posicionamiento y la competitividad portuaria a nivel regional e internacional con especial atención al Puerto de Montevideo y de Nueva Palmira”.

    Entre las especificaciones del pliego, se señala que el oferente deberá contar con un equipo multidisciplinario de técnicos disponibles durante la ejecución del contrato de consultoría, que tendrá un plazo máximo de ocho meses desde la firma.

    Entre los términos de referencia, surge que el estudio se desarrollará en varias “fases”. La primera contendrá un análisis del marco normativo en general, el “análisis de gobernanza que ejerce la ANP, incluyendo la interacción con otras autoridades públicas, operadores privados y organismos reguladores”. Además, especifica, deberá contar con la “caracterización” de los entornos portuarios, el relevamiento de concesiones, permisos y autorizaciones vigentes, la especificación de iniciativas y proyectos en curso.

    Abarcará una “revisión” de las infraestructuras portuarias, el estado actual de muelles, dársenas, rampas, depósitos, explanadas, áreas de respaldo logístico terrestre, edificios de terminales y oficinas de todos los puertos comprendidos. Lo mismo se realizará con las batimetrías de cada puerto y sus accesos, las condiciones de navegación y seguridad y de los accesos terrestres viales y ferroviarios.

    Además, se hará foco en el funcionamiento operativo de cada puerto, incluyendo capacidades de atención a buques, la demanda energética, la infraestructura de comunicaciones, sistemas, ciberseguridad, etcétera.

    En la segunda fase, el estudio incluirá un “diagnóstico integral” que contemple cada unidad de negocio y los flujos de comercio y transporte de alcance local, regional e internacional. Especialmente, el pliego solicita que se considere el “impacto de nuevos desarrollos de generación de energía eléctrica de fuentes renovables, producción de hidrógeno verde y exportación de biocombustibles. También considerará el impacto y la evolución de las demandas generadas a partir del acuerdo Mercosur-Unión Europea”.

    Se espera que se identifique a los “principales puertos competidores y corredores logísticos” de la región y se realice una evaluación de su incidencia en los diversos puertos de Uruguay, entre otros ítems que hacen a temas de conectividad, ambientales y de seguridad.

    Para la tercera fase se prevé contar con un “diseño conceptual” del análisis prospectivo por puerto, el potencial de desarrollo y las perspectivas futuras. Para eso se deberá incluir proyecciones de tráfico, crecimiento y demanda operativa hacia el 2040. También se estudiará la tendencia de tipo de buques y flota, las obras marítimas necesarias en función de la evolución de las cargas y los tráficos.

    La cuarta fase de la consultoría deberá contemplar la “planificación estratégica”, con un análisis de la infraestructura, el régimen comercial, el marco legal, el modelo de gobernanza, etcétera, en cada puerto, y la elaboración de “recomendaciones estratégicas que consideren escenarios evolutivos de base, de expansión y de innovación” en cada caso. Además, definirá indicadores de gestión, eficiencia y desempeño operativo en cada unidad de negocio. Entre otros puntos, se elaborará una “matriz de riesgos” por puerto donde se considerará riesgos de “demanda, regulatorios, ambientales, climáticos, tecnológicos, financieros, operativos, de dragado, de permisos, de seguridad, y geopolíticos, con indicación de probabilidad, impacto, mitigaciones y responsables sugeridos” .

    La quinta y última fase consistirá en un plan de acciones priorizadas, un programa de inversiones, recomendaciones y un cronograma de implementación e indicaciones de seguimiento y monitoreo permanente hasta el 2040, con una metodología de actualización cada tres o cinco años.