Las cifras que giran en torno a las compras públicas son grandes: involucran a más de 300 unidades ejecutoras del Estado, a una cantidad superior a 55.000 proveedores activos y montos anuales por el equivalente a 13% del Producto Interno Bruto. El plan estratégico para el período 2025-2030 que acaba de aprobar la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) prevé varias innovaciones orientadas a lograr un “gasto de calidad que contribuya a generar valor público”, lo que incluye —entre otras cosas— simplificaciones regulatorias, un sistema de calificación del “desempeño” de los proveedores y la adopción de un “nuevo modelo de adquisiciones” utilizando inteligencia artificial y analítica avanzada.
La ARCE es un órgano desconcentrado de la Presidencia de la República cuyo cometido es asesorar y promover la eficiencia y transparencia del sistema de adquisiciones públicas. Está encabezado por un Consejo Ejecutivo y una directora, que, a su vez, integra ese cuerpo.
El documento empieza con un prólogo en el que fundamenta que “no sólo se requiere que la contratación pública sea eficaz, eficiente, económica, transparente y oportuna, sino que además debe ser sostenible, inclusiva y servir de herramienta para el desarrollo productivo nacional”. También alude a una necesaria “visión humanista donde el centro esté en las personas” como destinatarios finales de las políticas públicas, “pero también a los funcionarios” que “hacen posible la completitud del ciclo de la compra pública, desde la planificación hasta la ejecución contractual”.
El plan tiene cuatro ejes estratégicos: la consolidación del Sistema Nacional de Contratación Pública; la sostenibilidad, innovación y desarrollo; la profesionalización, y la transparencia, integridad y rendición de cuentas.
Señala que, para “contar con un gasto público de calidad, es necesario aplicar técnicas de abastecimiento estratégico tales como la planificación anticipada de compras críticas, registros especializados de proveedores calificados, procedimientos de contratación más ágiles y la capacitación técnica de los compradores públicos”.
¿Qué significa comprar en el siglo XXI?
La ARCE visualiza como “una oportunidad para el país promover una coordinación efectiva entre normativa, gestión y necesidades técnicas”. Su plan agrega que “el desafío es importante, porque implica dejar de lado el enfoque tradicional de las compras públicas y empezar a construir un nuevo modelo de adquisiciones, que por ejemplo utilice inteligencia artificial y analítica avanzada para anticipar riesgos y tomar mejores decisiones, que apliquen metodologías ágiles para acelerar procesos sin sacrificar control ni transparencia, que genere ecosistemas colaborativos con proveedores, organismos de contralor y áreas técnicas y que reemplace la visión tradicional del comprador por un rol estratégico, sin perder trazabilidad ni legitimidad”.
Según la ARCE, “en el caso uruguayo, esto no debería resultar utópico: profesionalizar la función de compras, capacitar a los equipos técnicos y coordinar las necesidades de los distintos compradores públicos, de modo de ordenar la demanda pública y a la vez aumentar el poder negociador del Estado, puede transformar una traba en una gran oportunidad para el país. No se trata solamente de comprar mejor, sino de redefinir qué significa comprar en el siglo XXI, en un mundo donde los insumos son escasos, los contextos volátiles y la tecnología lo transforma todo. Para esto, profesionalizar la compra pública no debería ser opcional, sino que constituye una decisión estratégica para el futuro”.
Simplificación regulatoria
Como “herramienta facilitadora de este proceso”, el plan propone una simplificación regulatoria frente a lo que se identifica como una “inflación normativa”. Ir por ese camino implica, entre otras cosas, una actualización del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (Tocaf), la generación de “pliegos modelo por tipo de objeto” y el diseño de un instrumento que regule la etapa de ejecución contractual de los contratos.
Enuncia también que se regulará la calificación del desempeño de los proveedores según su comportamiento en cada uno de los contratos que mantiene con el Estado; hasta ahora esta consideración solamente incluye las sanciones que estos reciben.
Prevé trabajar en la extensión de instrumentos, como la planificación de la demanda, el uso del Catálogo Único para la adquisición de Bienes, Servicios, y la oferta en línea y apertura electrónica. El documento señala estimaciones que “muestran resultados positivos” para el Estado de esos instrumentos; cada día adicional en que la información de una convocatoria está disponible, disminuye en 0,9% el precio presentado.
“Evolución tecnológica”
El plan contempla una “evolución tecnológica” que, señala, sentará las bases técnicas para la “evaluación electrónica de ofertas en función de atributos, contribuyendo a la estandarización de los pliegos”, y dotando a ese proceso de mayor objetividad y transparencia.
También prevé incorporar nuevas funcionalidades en la Tienda Virtual a través de la cual compran los organismos públicos, “evolucionando hacia un sistema de e-commerce, con trazabilidad hasta el momento de la entrega” de la mercadería.
Por otro lado, la ARCE planea revisar y ajustar la forma en que se clasifican, codifican y definen los productos (familias, clases, descriptores, atributos obligatorios y opcionales) adquiridos por el sector público, “procurando alinearlos con estándares internacionales y con las principales referencias sectoriales”.
Mecanismos de compra
El plan contempla que los “convenios marco” y los “sistemas dinámicos de adquisición” sustituyan “gran parte de los procedimientos tradicionales de contratación, permitiendo a la administración reducir los costos transaccionales y financieros asociados a la compra”.
Prevé la elaboración de un protocolo que introduzca “reglas básicas de segmentación para identificar rápidamente qué tipo de objetos de contratación son indicados para compras coordinadas”, incluyendo un “listado de grupos de bienes y servicios a ser abordados durante el quinquenio mediante estos procedimientos de adquisición”.
Modelos de “madurez”
Por otro lado, la ARCE se propone “trabajar en la consolidación de los procesos de evaluación y monitoreo del sistema de compras públicas, incluyendo la medición periódica del funcionamiento de los instrumentos estratégicos”.
En esa línea, planea hacer un “seguimiento del desempeño de las distintas entidades compradoras mediante la aplicación de un modelo de madurez”.
Sostenibilidad, innovación y desarrollo
Por otro lado, el plan señala el propósito de incorporar nuevos criterios y una “matriz” de sostenibilidad en las compras públicas, tanto en la dimensión ambiental, como en la social y económica en distintos horizontes temporales.
En coordinación con los organismos competentes, la ARCE prevé definir “atributos sostenibles a las distintas categorías de bienes y servicios (por ejemplo, eficiencia energética, certificaciones, contenido reciclado), incorporarlos gradualmente al catálogo y asegurar que puedan ser utilizados como requisitos técnicos y factores de evaluación en los procedimientos de contratación”.
Corrupción y código de ética
La agencia quiere “profundizar en la identificación temprana de los riesgos” para “prevenir el mal uso de los dineros públicos”. En ese sentido, pretende trabajar en el diseño, implementación y seguimiento de algoritmos de alertas (“banderas rojas”) que permitan identificar tipologías de “contrataciones de riesgo” a través de la información publicada en su portal y de acuerdo a estándares de buenas prácticas.
Asimismo, el plan contempla la elaboración de un “código de ética para el comprador público” que promueva la “probidad, la no discriminación y la responsabilidad en las actuaciones administrativas, evitando conflictos de interés y enfocándose en el interés público sobre cualquier beneficio particular.
