En la última campaña electoral, en la transición y ya con el nuevo gobierno instalado, algunas compras públicas —el proyecto Neptuno, la estancia María Dolores, las patrullas oceánicas al astillero Cardama— fueron puestas por el sistema político en un lugar central de la discusión. Otras tomaron notoriedad en las redes sociales, como la fiesta con un costo superior a $ 5 millones organizada hace poco por el Banco de Seguros del Estado o la reciente adquisición de $ 400.000 en galletitas dulces por parte del República (BROU), un gasto que, luego, ordenó restringir a futuro.
Desde la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE), uno de los engranajes del sistema nacional de compras como organismo rector, la percepción es que esos ruidos no se condicen con el panorama general. Instalada en una especie de cowork en el séptimo piso de la Torre Ejecutiva y con un equipo de 50 funcionarios, su cometido es promover la mejora de la gestión y la transparencia de las compras y las contrataciones que realiza el Estado, el actor con mayor poder de mercado de la economía uruguaya. Lo hace, entre otras cosas, publicando guías con estándares técnicos que permitan “comparar con objetividad niveles de calidad, costos y eficiencia”; manteniendo un sitio web para la interacción entre los proveedores y las entidades estatales, y llevando el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).
“No es resorte de esta agencia decirle a un jerarca lo que tiene o no tiene que comprar”, sino asesorar para la aplicación de las buenas prácticas y “los principios de la contratación que deben guiar a todos”, como la “transparencia, la concurrencia, procedimientos que tienen que ser con igualdad de los oferentes”, aclara en conversación con Búsqueda la directora de la ARCE, Isis Burguez. De todos modos, consultada sobre algunos de los casos de reciente atención pública, expresa: “Mi impresión en particular es que los presupuestos son cada vez más restrictivos, que cada vez hay que hacer más con menos, con lo cual creo que la mayoría de los ordenadores de gasto cuidan los fondos públicos, la mayoría o todos; no tengo tampoco ningún caso en particular”.
Pero admite que hay espacios de mejora. “Es necesario profesionalizar. No hay una carrera de comprador público; como uno de los ejes dentro de nuestro plan estratégico, tenemos su profesionalización para que, justamente, a la hora de contratar se pueda analizar mejor el mercado y conocer los riesgos al llevar adelante una contratación. Es necesario definir las competencias que debe tener un comprador público y no solo capacitarlo, sino profesionalizarlo, que es mucho más; es que haya una profesión”, señala. Para ello, la agencia procurará impulsar convenios, el apoyo con otras organizaciones, como universidades o la Escuela Nacional de Administración Pública. Recalca: “Se requiere mayor profesionalización, mayores conocimientos y una carrera de comprador público, que las personas que desarrollan esa tarea sean reconocidas como profesionales, para que después no haya errores, porque a veces hay desconocimiento de cómo se hacen las compras en forma eficiente, en forma oportuna. En ese sentido hay que avanzar”.
Cambios institucionales
La ARCE surgió con la Ley de Urgente Consideración de 2020 como transformación de la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado (ACCE), a su vez creada por una ley de 2008; también absorbió a la Unidad Centralizada de Adquisiciones. Funciona como órgano desconcentrado de Presidencia de la República, con autonomía técnica.
En la cima de su organigrama hay un Consejo Directivo Honorario integrado por la Presidencia, la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas, el Ministerio de Economía, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y el Conocimiento, cada uno con un representante. En ese órgano también participa la directora de la ARCE; Burguez es una contadora con más de 20 años trabajando en el área de compras gubernamentales.
Antes de ella, en el tramo final de la administración anterior, el cargo estuvo acéfalo, después de dos directores de corta gestión; el último de ellos opinó que la “alta volatilidad de los sucesivos jerarcas muestra que algo no funciona bien” en la ARCE. Burguez prefiere no hacer comentarios sobre esas apreciaciones porque involucran a personas con las que trabajó, y se limita a decir que fueron “distintos los casos”.
La jerarca entiende que la agencia ya superó algunos problemas internos —incluso, tras la absorción de la Unidad Centralizada de Adquisiciones, que “no fue una unión fácil” y “nunca vino el presupuesto” de esa oficina—, y marca como un progreso que el Consejo Ejecutivo empezó a sesionar mensualmente. “Ahora la agencia está funcionando, por eso tenemos el plan estratégico aprobado por el Consejo. Estamos cerrando el documento y lo estamos ejecutando desde el 1 de marzo. Nosotros llegamos acá ya sabiendo lo que queríamos hacer y cuál era nuestra propuesta”, enfatiza.
Los ejes del nuevo plan
La estimación más afinada que maneja la ARCE es que las compras públicas son por el equivalente a 13% del Producto Interno Bruto al año. El Estado es el principal comprador en la mayoría de los bienes y servicios, dimensiona su directora.
“El propósito de un sistema de compra pública no es solamente adquirir bienes, servicios y obras para satisfacer las necesidades de la población en forma eficaz, eficiente, económica, oportuna y transparente, sino que también es contribuir al desarrollo sostenible con equidad, con igualdad”, señala, para enmarcar la misión de “regulador” de las compras públicas que tiene la agencia y los objetivos del nuevo plan estratégico con cuatro ejes aprobado, pero todavía no publicado.
Un eje apunta a la “consolidación del Sistema Nacional de Compras” y, en ese sentido, se busca una simplificación normativa y de procesos; la ARCE elaborará una propuesta en consulta con los compradores públicos y otros actores, que luego elevará al Poder Ejecutivo.
En un plano similar, la agencia encamina una licitación para contratar un proveedor de nuevas funcionalidades informáticas —para la evaluación electrónica de ofertas y un catálogo con un modelo de atributos más flexible, por ejemplo—y hacer un “aggiornamiento tecnológico” de su sistema. El uso de la inteligencia artificial en las compras públicas la ARCE lo está “analizando”, señala, cauta, la jerarca.
Otro eje estratégico supone trabajar en la definición de una nueva matriz y normas técnicas para privilegiar la adquisición de artículos que tengan menos impacto ambiental —como la vigente desde 2019 para los equipos de aire acondicionado.
En compras públicas de innovación, el plan apunta a “cambiar la lógica”, de forma que las contrataciones encuentren respuesta a determinadas necesidades. “Los investigadores van a desarrollar prototipos posibles para la solución de ese problema. Tengo un problema con la recolección de los residuos, pero no establezco que lo que voy a hacer es contratar un camión que levante los residuos en este horario. (...) Puede ser que presentan las soluciones y después la administración no quiera contratar ninguna porque realmente no resuelve ese problema como espera, o la solución podría tener un costo no adecuado. Todo eso es un pienso diferente, pero la innovación está en el marco para que se pueda llevar adelante”, señala.
El plan contempla como otros objetivos promover la economía circular, social y solidaria. El tema de la equidad de género abordado desde las compras públicas está también enunciado.
Profesionalización de compras
Otra acción prevista es promover una “comunidad” que vincule a los compradores públicos en un espacio de foro, que permita compartir buenas prácticas y experiencias. “Tenemos que hacer que derramen esos conocimientos y que estén de fácil acceso” porque eso “es bueno para este sistema de compras” estatal, señaló.
Asimismo, la ARCE se propone ofrecer “más datos a la sociedad, brindarlos de una forma sencilla, amigable, dentro de lo que es la complejidad de la compra pública”. También lograr una mejor “identificación de riesgo”.
Ya desde el gobierno anterior la ARCE trabaja en la elaboración de un “modelo de madurez” en materia de adquisiciones, con la intención de hacer una medición el próximo año para “tener una línea de base”, afirma la jerarca.
La profesionalización de las compras públicas es un punto “imprescindible”, según Burguez, definido como un eje del plan de la ARCE. Si bien desde la agencia se ofrece capacitación, la intención es lograr una “certificación, a una carrera de comprador público”, explica.
El comprador público, en general, “trabaja y trabaja con responsabilidad. Que a veces hay errores, bueno, sí, los hay; pero por algo tenemos el bajo nivel de percepción de la corrupción en nuestro país, por algo cuando hay un caso es tan sonado en la prensa y hay tanta preocupación de la sociedad en su conjunto. El sistema es transparente, y hay un gran esfuerzo de las administraciones por ejecutar (el gasto) con pocos recursos, cumplir con los cometidos y buscar profesionalizarse”.
