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El Banco de Previsión Social (BPS) paga una serie de prestaciones reparatorias a quienes fueron exiliados o presos políticos durante la última dictadura militar y a algunos familiares. El beneficio fue establecido en una ley aprobada en 2006 y tiene la finalidad de “indemnizar” a quienes, por motivos políticos, ideológicos o gremiales, se vieron obligados a irse de Uruguay, fueron detenidos o despedidos de sus trabajos entre 1973 y 1985.
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Con el paso de los años, la cantidad de beneficiarios de esta prestación se ha ido reduciendo y, por tanto, también la cantidad de recursos que destina el organismo previsional a este rubro. Así surge de la respuesta a un pedido de informes realizado por la diputada del Partido Nacional Nancy Núñez.
Hasta diciembre de 2023, eran 3.101 las personas que cobraban las prestaciones reparatorias (en cualquiera de las modalidades que prevé la ley). Durante ese año, el número de beneficiarios se fue reduciendo desde 3.154, que fueron las pasividades que el BPS pagó en febrero. Al abonar esta prestación, el organismo tuvo egresos por $ 2.003 millones (US$ 51,6 millones, calculado a la cotización promedio del dólar en 2023) financiados con recursos de Rentas Generales.
Estas prestaciones son de tres tipos. La jubilación especial reparatoria —destinada a quienes debieron abandonar el país, estuvieron en la clandestinidad o fueron despedidos en la actividad privada por temas ideológicos—, la pensión especial reparatoria —para quienes estuvieron al menos un año en prisión o estuvieron en centros clandestinos fuera de Uruguay— y la pensión por sobrevivencia —que se reconoce a familiares de un beneficiario de la pensión especial.
La pensión especial reparatoria es la que tiene una mayor cantidad de beneficiarios (1.711, según los datos a marzo), seguida de la jubilación especial (1.056) y de la pensión por sobrevivencia (306).
La pensión reparatoria es la que paga más a los beneficiarios ($ 69.995, según el promedio de marzo), seguida de la pensión por sobrevivencia ($ 65.924), surge de los datos entregados por el BPS. La media de la jubilación especial, en tanto, fue de $ 36.060.
La decisión de quienes pueden ser incorporados a este tipo de pensiones la toma una comisión especial que funciona en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Está integrada por representantes de esa cartera, del BPS, del Ministerio de Economía, del PIT-CNT y uno en representación de organizaciones de expresos políticos. Los gastos que se generan por esta norma deben ser atendidos por Rentas Generales.
Pedido de informes al BPS
En 2018, el BPS recibió un pedido de informes similar de parte del colorado Conrado Rodríguez. Los datos que le entregaron al diputado —informados entonces por Búsqueda— correspondían a 2016 e indicaban que el organismo previsional pagó ese año unos US$ 60 millones a 5.700 personas. “Se abrió una canilla al dar pensiones especiales, algunas de ellas no tienen asidero y provocaron un agujero grande en el BPS”, declaró entonces el legislador al comentar los datos.
El colorado consideró que los gastos del organismo para ese rubro fueron importantes. Dijo que desde 1985 se dictaron una cantidad de leyes de reparación, que se ampliaron en 2006 al incorporar “la gama de situaciones de personas que podrían acceder a una reparación especial”.
Esa vez, Rodríguez advirtió que la ley habilita a qué personas que cometieron delitos comunes puedan ser incluidas en la ley, ya que incluye a quienes fueron procesados por la Justicia civil. “Alguien que cometió un delito común puede venir y decir que lo hizo por razones políticas”, advirtió en su momento el diputado.
