—El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) dijo que en abril se convocará a un plenario con actores del Poder Ejecutivo, incluido el BPS, y se aprobará una “hoja de ruta” para el diálogo social sobre el sistema previsional. ¿El BPS va a incluir iniciativas o se va a limitar a aportar equipos técnicos y la asesoría de estudios actuariales?
—Nosotros, como miembros del comité ejecutivo, sí podemos aportar, pero la idea es que eso lo que va a posibilitar es cómo se arma la estructura del diálogo. Hay que tener en cuenta que, cuando hablamos del BPS, hablamos de un órgano colegiado. Somos cuatro representantes políticos y tres compañeros directores, son representantes sociales, que tienen su propio espacio en ese ámbito. Entonces, no necesariamente el BPS concurre allí con una opinión como órgano, porque los representantes sociales no tienen por qué pasar por el Directorio del BPS para poder plasmar su opinión. Ahí ya no opina Jimena Pardo; somos los cuatro que nos comprometimos con el programa de gobierno y lo que hay de compromiso de implementar. Están las bases para el diálogo, que tienen una serie de temas. ¿De qué forma se hace lo que está ahí? Hay que concurrir al diálogo y escuchar, porque lo que se va a llevar adelante es lo que tenga los mayores acuerdos. Luego se va a plasmar en los estudios necesarios para ver la viabilidad y eventualmente se plasmará en un proyecto de ley que el Poder Ejecutivo, que es quien tiene iniciativa privativa, enviará al Parlamento.
—Y para usted, entonces, ¿qué tiene que tratarse en el diálogo social? Durante el debate por el plebiscito del PIT-CNT ya había adelantado algunas posiciones.
—No corresponde ahora hablar de eso. En el proceso de la Comisión de Expertos, parte de la crítica que se hacía es que un ámbito de diálogo es un ámbito donde las personas tienen que tener capacidad de negociación. Si uno llama a un diálogo, no va con un planteo, sino que va a escuchar. Del proceso de escucha van a salir una cantidad de acuerdos. Quiero ser enfática en que lo que se va a hacer es cumplir lo que se prometió. Si lo que se prometió es revisar edad, temas en trabajadores independientes, financiación del sistema, todo eso está en la agenda. ¿Cuál es la forma en la que se altera la edad? ¿Cuáles son los cambios en el financiamiento del sistema? Eso es lo que a priori no se va a dar antes del diálogo. Las tres dimensiones importantes son cuántas personas cubre el sistema, que se llama cobertura, cuánto les paga, que se llama suficiencia, y la sostenibilidad financiera, que es un tema de equidad intergeneracional. Cuando uno toca un punto, por ejemplo, edad, después tiene que rediseñar el todo para guardar el equilibrio entre esas tres dimensiones. Entonces, no se puede dar a priori tampoco una discusión parcial de los puntos.
Lo otro es que, cuando se producen cambios en los sistemas de seguridad social, se generan incertidumbres. No está bueno seguir generando incertidumbres en los cambios que eventualmente podría haber; hay que plantearlos una vez que haya un proceso de resolución porque eso da certezas y evita que las personas, eventualmente asustadas, tomen decisiones que podrían no ser las más adecuadas.
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La economista Jimena Pardo
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—En un reciente Desayunos Búsqueda, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, dijo que “hay un conjunto de cosas que hacen” actualmente las AFAP (administradoras de fondos de ahorro previsional), en cuanto a la “relación con los clientes (…), en la captación y la fidelización”, que no necesariamente son “sustantivas y, por tanto, ahí puede haber modificaciones”. Desde su trayectoria en República AFAP, ¿cree que pueden trasladarse funciones que tienen las AFAP al BPS?
—Lo que está comprometido en el programa es fortalecer e impulsar un sistema multipilar, un pilar de subsidios, un pilar de solidaridad intergeneracional y contributivo y un pilar de ahorro en formato no lucrativo. ¿Cómo se llega a eso que está planteado en el programa? Hay diversas vías. Una puede ser eventualmente ir por el camino de lo que planteó Oddone y ver un poco qué funciones se pueden separar y eventualmente las hace otra entidad. Después hay otros formatos posibles. No me gustaría avanzar sobre cuáles son las soluciones concretas para llevar adelante lo que está comprometido. Hay que aprender de lo que se hizo bien y estudiar lo que se puede mejorar y después eventualmente plasmarlo en una solución que tiene que reunir los mayores acuerdos posibles.
—¿No se anima a decir, por ejemplo, si quitarles tareas a las AFAP significaría desestimularlas, si aún tendría sentido su modelo de negocio?
—No es que no me anime, me parece que no tiene mucho sentido. Porque, en la medida en que se vaya a procesar un cambio, seguramente se va a hacer con la debida gradualidad, con los estudios técnicos que lo respalden, escuchando también no solo a las organizaciones sociales sino también a las administradoras de fondos. Me parece que hay que esperar el proceso.
—El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, también dijo en su momento que en el diálogo social tenía que estar sobre la mesa la idea de bajar las comisiones que cobran las AFAP. ¿Hay efectivamente una ganancia desmedida allí, como dijo él?
—Lo que se estableció originalmente en la Ley 19.590 era un margen de comisión por sobre la comisión que cobraba República AFAP, que daba hasta un 50%. La Ley 20.130 cambió eso y lo fijó en un margen sobre un promedio ponderado de las comisiones de todo el sistema; nosotros, en realidad, fuimos un poco críticos con eso. Tiene también un tope que no puede ser superior a las comisiones que se cobran en una fecha determinada. Un promedio ponderado incluye a las AFAP que eventualmente pueden estar cobrando más, y yo creo que es un criterio que habría que revisar. Lo que está claro, y creo que eso sí lo demostró la realidad, es que los mecanismos de incentivos para que en particular las empresas privadas bajen la comisión no funcionaron, y lo que sí funcionó fue un mecanismo más de limitación de la comisión. ¿Cuál es el formato de ese mecanismo de limitación de la comisión? Creo que es lo que hay que estudiar.
—El día de su asunción había jubilados del grupo de los “cincuentones” que pedían “justicia” por entender que la última modificación a la ley que buscó compensar ciertos desbalances en su relación entre aportes y prestaciones no fue suficiente. ¿Hay una injusticia? ¿Se planea atender sus reclamos de alguna forma?
—En el ámbito del diálogo eventualmente ellos podrán canalizar su inquietud y plantear por qué entienden que hay algo a mejorar o una eventual injusticia. Yo lo que entiendo es que el colectivo tenía un planteo que lo tomó en su momento el Poder Ejecutivo de turno y se hizo una ley contemplando el planteo, no solo la situación que ellos planteaban, que era atendible, que era que los salarios por los que habían aportado no se estaban computando en su totalidad, se buscó una solución que también tenía un determinado impacto sobre las cuentas públicas. Creo que ahora cualquier solución debería plantearse en ese marco, viendo lo que plantean y qué es lo que ellos entienden que no se atendió, obviamente haciendo los estudios que correspondan.
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—Desde el sector empresarial suele hablarse de lo dificultoso de sostener la carga fiscal y los aportes a la seguridad social. ¿Son excesivos los aportes que hacen las empresas? ¿Es algo atendible?
—Como presidenta del BPS me gustaría ser cuidadosa. Cuando hablamos de carga fiscal hablamos de muchas cosas. Puede implicar contribuciones a la seguridad social o coberturas de otro tipo, en donde el BPS ayuda al programa pero no es el que se queda con esa recaudación, por ejemplo, la cuota Fonasa (Fondo Nacional de Salud). Puede implicar impuestos generales, el IRAE (Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas), que no tienen nada que ver con el BPS. La carga fiscal es una cuestión global que requiere estudios más de nivel centralizado, que podrían estar localizados en el Ministerio de Economía, en la OPP o incluso en la DGI (Dirección General Impositiva), que tienen algunos estudios y algunos organismos internacionales sobre la carga tributaria en relación con otros países. Entiendo que las contribuciones de seguridad social atienden contingencias y creo que las reglas en relación con las contribuciones de seguridad social son conocidas, están claras. Creo, de nuevo, que si ellos entienden que hay algo para plantear con relación a las contribuciones de seguridad social, que son una tributación específica para programas, jubilaciones y pensiones, también van a tener su propio espacio en el diálogo para plantearlo.
—Es bastante recurrente que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) falle en contra del BPS cuando hay demandantes que se presentan por el tema de los “cincuentones” o, por ejemplo, se les niega pensiones por incapacidad. ¿Hay ahí un problema de compatibilidad de criterios?
—Sí, son temas que estamos estudiando. Acá también creo que hay cuestiones que refieren al buen tratamiento de los temas; hay cosas que estamos estudiando que después pueden servir de base para eventuales recursos, entonces creo que son de reserva del instituto. Pero puede haber temas en los cuales se pueda mejorar la cuestión procedimental, digamos. Y hay otros temas en donde en realidad hay veces que el TCA falla y uno hacía una interpretación distinta a la norma. Entonces ahí es lo que hay que discriminar un poco.
—¿En el Ejecutivo se han dado definiciones sobre el salario mínimo y la jubilación mínima?
—Quiero ser enfática en que hay un compromiso respecto a seguir con la política de aumento o mejorar las prestaciones mínimas. El mecanismo por el cual se hace eso es lo que hay que estudiar. Obviamente, lo primero es ver cuál es el espacio fiscal, los números de partida del gobierno, y todo lo otro viene después.
—Desde la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS) plantean que en los próximos meses tendrían que entrar 500 nuevos funcionarios para dar una atención aceptable en el BPS y 1.500 al final del quinquenio. ¿Concuerda? ¿Es viable?
—Tuvimos un muy buen diálogo con ATSS. Asumimos el jueves (27 de marzo) y el viernes ya tuvimos una reunión para presentarnos. Les presentamos a quien va a ser nuestra representante del directorio en la bipartita, un ámbito que se había retirado con las autoridades anteriores. En ese ámbito las inquietudes fueron, a nivel de titulares, comunes. Parte de lo que ellos plantean es reestructurar la carrera funcional haciendo concursos, y nosotros tenemos la misma inquietud. Hay que conversar sobre el reglamento de concursos, que tiene algunas cosas que nosotros queremos revisar. Temas de capacitación de funcionarios, algunos reglamentos o cuestiones que no estaban del todo funcionando bien administrativamente también son temas comunes.
Respecto al número de funcionarios, les planteamos que sabemos que obviamente hay necesidad de gente, no sabemos cuánta, no la podemos dimensionar a priori, entre otras cosas porque, para saber cuánta, tenemos que ver cómo se aterriza esta línea en programas y proyectos, qué especialidades o qué conocimientos tienen que tener esas personas. Si tengo que hacer un concurso, eso no me va a resolver inmediatamente las personas que estudian trámites, que eso requiere un proceso de conocimiento del trámite y del organismo que no es el mismo que la persona que recién ingresa. Sabemos que tenemos necesidades, las vamos a tener cuantificadas más adelante.
—¿Y coinciden con lo denunciado sobre el Crenadecer (Centro de Referencia Nacional de Defectos Congénitos y Enfermedades Raras)? ATSS también reclama que hay demoras, deterioro edilicio, falta de especialistas y de suministros.
—El área de salud es sumamente sensible. Obviamente, le estamos poniendo foco para, aceleradamente, tratar de diagnosticar cuál es la situación. Los desafíos del área de salud van desde funcionarios y protocolos de actuación hasta infraestructura. Estamos haciendo un diagnóstico de en qué situación está el área y visualizando cuál es el plan para reforzarla. La idea es que a las personas se las atienda de buena forma y lo mejor posible. Lo que es seguro es que, en tanto nos ponemos de acuerdo con los reglamentos de concurso y hay vacantes de personas que se van o que se jubilan que hay que sustituir, hacer lo que se llama una subrogación. Pretendemos que en el correr de este año se logre implementar concursos.
