Ante la falta de respuesta, Abdala dio un paso más en los últimos días y pidió por escrito a la Comisión de Hacienda que convoque al subsecretario de Economía, Martín Vallcorba, y al director de la OPP, Rodrigo Arim, con el propósito de “reclamar el cumplimiento del artículo 14 de la ley que se votó recientemente”. Este artículo establece una serie de cometidos que debe cumplir la comisión y estipula que “deberá expedirse en el plazo de 120 días, los que podrán ser prorrogados por única vez por el Poder Ejecutivo por hasta un máximo de 60 días”.
La creación de la comisión de expertos “fue una condición” de la oposición para dar los votos para la aprobación de esta ley, “en el entendido de que con las soluciones o medidas” que se estaban votando no se solucionaban “los problemas estructurales”, sino que ”simplemente” se sorteaba “la crisis” y se garantizaba “el pago de las jubilaciones, como efectivamente se dio”, dijo Abdala a Búsqueda. El trabajo de ese grupo “resulta indispensable” para evitar que “dentro de poco tiempo” se vuelva a producir “una situación de desequilibrio” en la institución, afirmó el diputado.
El planteo de los diputados de la oposición se suma al del directorio de la caja, que el 31 de julio también reclamó por escrito que se instale “a la brevedad” esta comisión.
El Poder Ejecutivo, a través de su director nacional de Seguridad Social, respondió al directorio el miércoles 6 que “es absolutamente irrenunciable la determinación de la actual administración de cumplir y hacer cumplir puntual y rigurosamente todos los extremos establecidos en la Ley 20.410”. Di Doménico, que firma la carta a la que accedió Búsqueda, agregó una advertencia: “En concordancia con el esfuerzo contributivo incremental de expresiva magnitud que sufragarán tanto los asegurados de esta caja como la población en general para su efectivo rescate financiero, esta dirección y los representantes del Poder Ejecutivo en su directorio serán intensamente celosos en el cumplimiento del principio de la buena administración en todos los actos de gobierno que se establezcan”.
Por último, el jerarca invitó a que ”toda resolución o iniciativa que impulse el directorio sea notificada” a través de los dos directores designados por el Ejecutivo.
El Directorio de la CJPPU ya designó a sus delegados en la comisión de expertos: Daniel Alza, Blauco Rodríguez, Odel Abisab y Fernando Rodríguez Sanguinetti. Entre los cuatro ocuparán los tres lugares con los que estará representado el subsistema.
Rodríguez Sanguinetti dijo a Búsqueda que están trabajando en una hoja de ruta para presentar en la comisión, la que contendrá “propuestas concretas que tengan una posible implementación para mejorar la gestión de la caja”, como el ensanchamiento de la base de aportantes, la generación de una gerencia comercial que trabaje en “ciertos tipos de beneficios para los activos”, como “créditos sociales” y “préstamos blandos”. También buscarán contratar una “consultoría de rediseño institucional” para revisar “el paradigma de aportación y de prestaciones”.
Di Domenico
Leonardo Di Doménico, director nacional de Seguridad Social
Javier Calvelo / AdhocFotos
Decreto reglamentario y “letargo”
Di Doménico explicó a Búsqueda que “la comisión para la reforma de la CJPPU se va a instalar cuando la ley esté reglamentada”, un decreto en cuya redacción están trabajando el MTSS, el MEF y la OPP, que no tienen en el horizonte una fecha para que se firme. “Nosotros no estamos mirando el calendario. Estamos tratando de ir rápido en la reglamentación y no caer en el riesgo de, por apurarnos, reglamentar mal”, dijo, porque “la reglamentación no es soplar y hacer botella” ni el gobierno es “un delivery de reglamentos”.
Sobre la comisión, de carácter consultivo, se deben reglamentar aspectos de su funcionamiento, “que no lo establece la ley, y cómo se toman las decisiones, porque es paritaria: son tres (miembros designados por la caja) y tres (por el Poder Ejecutivo). ¿Cómo se toman la decisiones si hay un empate?”, se preguntó.
El director de Seguridad Social señaló que son varios aspectos a reglamentar de la ley, no solo el artículo 14. “No podemos estar reglamentando de a retazos o de a puchitos en una suerte de proceso intermitente o en cuentagotas”, sostuvo.
Uno de los artículos que corresponde reglamentar, a su entender, es el 58 de la ley orgánica anterior (17.738), en lo referido al incremento de la tasa de aportación de los afiliados activos. Sin embargo, aseguró que “el directorio de la caja no está mostrando proactividad” y en cambio sigue “con el letargo”, puesto que no llegó al Ejecutivo “ninguna iniciativa que demuestre que les interesa reglamentar este artículo”.
La tasa de aportación se incrementará año a año (“si el resultado operativo” de la caja “fuere negativo”, dice la ley) del 18,5% actual al 20,5% a partir del 1º de enero de 2026, a 21,5% un año después y a 22,5% desde enero del 2028.
El jerarca del MTSS mencionó otros aspectos que deben reglamentarse, como la posibilidad de que los activos cambien de escala de fictos, los ajustes en el valor de los timbres profesionales o el establecimiento de canales de comunicación institucional con los afiliados que hoy no existen.
Pérdida de autonomía y campaña
Di Doménico destacó que la CJPPU “perdió su autonomía financiera, a diferencia de los otros dos institutos paraestatales”, las cajas bancaria y notarial. Por esta razón, “el relacionamiento entre la caja y el Poder Ejecutivo no puede ser en términos de emplazar a las autoridades”. Lamentó que haya “operadores políticos, internos y externos a la caja, que asumen posiciones políticas de emplazamiento del Poder Ejecutivo”. Piensa que así pretenden “generar tribuna”.
En tres meses habrá elecciones para integrar el Directorio de la CJPPU. “Están en campaña electoral para las elecciones de diciembre. Yo no juego ahí, juego acá, en esta responsabilidad”, disparó.
El titular de Seguridad Social apuntó en particular contra un director que “públicamente ha salido a través de varios medios a decir que esta ley no resuelve la sostenibilidad financiera del instituto” y consultó “sobre la base de qué evidencia científico-técnica” lo plantea. Estimó que es “una afirmación que sin fundamentación pasa a ser temeraria y genera incertidumbre y alarma en los afiliados” y calificó de “irresponsable” esta actitud.
Aunque no lo nombra, Di Doménico aludiría a Rodríguez Sanguinetti, representante de los profesionales activos, quien en el semanario La Mañana del miércoles 20 dijo que “de acuerdo con las proyecciones que el directorio le envió al Ministerio de Economía” la semana anterior, “no habría equilibrio en la caja ni en 2026, 2027, 2028 ni 2029”, por lo que “va a faltar dinero”.
Para Di Doménico, “lo que transmiten” con este tipo de expresiones “es que el acuerdo político que hubo en el Parlamento no sirvió para nada”, a pesar de que la ley fue aprobada por 90 en 94 votos en Diputados y por 30 en 31 en el Senado. “No se reconoce el esfuerzo político y material” que hicieron “el sistema político y la sociedad uruguaya para rescatar un seguro social cerrado, donde el valor de la solidaridad nunca estuvo presente de parte de este director, de los demás directores y de las organizaciones que pujan por tener el control de la caja. Es un sistema de capitalización colectiva y el pilar del principio de la solidaridad estuvo ausente durante todo este proceso”, manifestó.
Leonardo Di Doménico
Leonardo Di Doménico, director de Seguridad Social.
Presidencia
Además, dijo que el directorio de la caja está incurriendo en “mala praxis desde el punto de vista de la gestión de la organización”, puesto que no tiene gerente general. “Estamos apurados por la comisión pero no hay gerente general, que es quien tiene que establecer el nexo entre las decisiones políticas y la conducción administrativa de la caja”, señaló. Sin embargo, descartó que esté pensando en solicitar la intervención del instituto. “Eso hizo el fascismo”, respondió, en alusión a la medida adoptada por la última dictadura.
El directorio cesó por unanimidad al gerente general en junio de 2023 porque su salario “no guarda relación con la situación presupuestal de la caja y la necesidad de abatimiento de gastos”.
Desde la perspectiva de la actual administración, no solo hay falta de “proactividad” en el directorio de la caja, sino también un “desvío brutal” de los objetivos que deberían plantearse sus autoridades y lo que están haciendo. Di Doménico apuntó que los dos delegados del Ejecutivo, que “representan a la inmensa mayoría de la población que está poniendo plata”, plantearon desde el día de su asunción “racionalizar la gestión, mejorar el esquema de auditorías y reducir las estructuras”, pero “no están teniendo devolución de parte de los demás directores”.
“La proactividad que no se tiene en la caja se le reclama al gobierno en la instalación de la comisión”, resumió. Una actitud proactiva implicaría, según el jerarca, que el directorio escuche y accione en línea con lo propuesto por los delegados del Ejecutivo, aún más teniendo en cuenta que “buena parte de los ingresos que vienen en esta etapa son exógenos” y no en carácter de préstamo, sino de transferencia no atada a resultados.
“Me genera una situación de irritación muy fuerte cuando personas que tienen una responsabilidad enorme juegan al límite de la inteligencia política”, sostuvo Di Doménico, y concluyó: “Yo diría que caen en espacios de torpeza importantes. Se ha perdido el republicanismo. Una cosa es ser republicano y otra, corporativo”.
