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    La Caja de Profesionales no logra acordar medidas frente a su crisis a presentar al gobierno electo

    La institución paraestatal dio un resultado negativo equivalente a US$ 61 millones, mayor que el de 2023

    Mientras esperan poder sentarse a conversar con el gobierno electo, las autoridades de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu) mantienen discrepancias sobre qué propuestas llevar para paliar una crisis en la institución paraestatal que tiene cuenta regresiva. Según sus propios números, en junio de este año se quedará sin fondos para cubrir los gastos operativos.

    Con datos efectivos hasta noviembre y una estimación de ingresos y gastos de diciembre —a los que accedió Búsqueda—, el balance de 2024 de la Cjppu dio un resultado negativo equivalente a US$ 61 millones, mayor que el de 2023 (US$ 57 millones).

    Entre enero y noviembre, convertidos al dólar promedio de ese período, la caja tuvo ingresos por unos US$ 470 millones y egresos por aproximadamente US$ 521 millones.

    En cuanto al número de afiliados, el 2024 cerró con 63.601 profesionales con declaración de ejercicio (baja de 10,9% frente al año anterior) y 109.719 que declararon no ejercicio (aumento de 9,3%). Las altas de jubilación aumentaron 10,1%.

    Según el presidente de la Cjppu, Daniel Alza, el directorio aún no ha logrado consenso para la aprobación de un paquete de medidas concretas a presentar al futuro Poder Ejecutivo, ni hay una fecha de reunión pautada con el gobierno electo.

    Las dos posturas acerca de qué medidas proponer quedaron reflejadas en el acta de directorio de la Cjppu del pasado 12 de diciembre. La primera, defendida por la vicepresidenta, Virginia Romero, consta de un conjunto de artículos redactados tomando como base la “ley exprés” presentada al Ejecutivo y al Parlamento. Esta propuesta permitiría una sustentabilidad hasta 2032 para, en ese interín, propiciar una ”reforma de fondo” que asegure la continuidad a largo plazo. La asociación civil el Orden Profesional considera que eso son "mediditas” temporales equivalentes a “correr la arruga”, por lo cual, a través de su representante en el directorio, defendió una opción alternativa; la idea sería aplicar un proyecto de ley “redondo” para “salvar la caja”, que “está estudiado” por el Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) y daría una sustentabilidad hasta el 2108.

    Sin acuerdo

    La propuesta que daría una sustentabilidad hasta el 2032 incluye el incremento de dos puntos porcentuales a los aportes de los activos, ya aplicado provisoriamente por resolución del Ejecutivo; una nueva escala de sueldos fictos que de 10 categorías pasaría a tener 15; un impuesto a las pasividades; el aumento de los timbres; el mantener de las condiciones para la jubilación por edad avanzada previstas en la ley 17.738; y la redirección de la recaudación del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) que se descuenta a los pasivos de la caja y hoy financia el déficit del Banco de Previsión Social. Adicionalmente, está en consideración la idea de agregar un artículo que habilite a un profesional con 30 años de aportes y 65 de edad a mantenerse en la caja ejerciendo su actividad mediante una jubilación sin cese, es decir, que deje de aportar al instituto pero no cobre la jubilación.

    Rodríguez Sanguinetti, quien consideró “increíble” que luego de tres años el directorio “no haya hecho nada” ni “tenga claras cuáles son las medidas para salvar la caja”, propone incorporar a los nuevos profesionales dependientes. En conversación con Búsqueda, aseguró que, de aplicarse esta medida, no sería necesaria la redirección del IASS a la Cjjpu, algo ya rechazado por el Ejecutivo.
    La inclusión de los dependientes es algo que, según recordó en sesión el director electo por los afiliados jubilados, Odel Abisab, el directorio anterior había logrado consensuar durante su último mes de gestión. Sin embargo, Romero dijo no estar de acuerdo “filosóficamente” con la iniciativa, y aseguró que “los gremios” profesionales también la rechazan.

    Con respecto a la revisión de los costos operativos y los elevados sueldos de los funcionarios de la caja, Rodríguez Sanguinetti dijo que la asociación que representa ya lo planteó, pero que la minoría del directorio no se muestra dispuesto. “Para ellos no es un problema el costo operativo, que es de US$ 20 millones. (...) Es un disparate, es un infierno”, manifestó.

    La propuesta del Orden Profesional no es incompatible con las del plan que aseguraría —según su promotores— sostenibilidad financiera hasta el 2032, salvo por el aumento de aporte de los afiliados y el impuesto a los pasivos, algo que, para Rodríguez Sanguinetti estimularía las declaraciones de no ejercicio de la profesión. “Seguimos cargando al que aporta”, lamentó en sesión del 12 de diciembre, y acusó al directorio de “ni siquiera” haber leído el material estudiado por el Cinve. “Todo lo que aparece en ese otro proyecto figura en este. (...) Se lo entregué en mano propia al exministro (de Trabajo y Seguridad Social, Pablo) Mieres, en nuestra segunda o tercera sesión. ¿Qué hizo la mayoría de este cuerpo? Dijo ‘nosotros traemos una propuesta, y viene Rodríguez Sanguinetti como un loquito a traer otra cosa’. Hace tres años que lo conocen, no pueden hacerse los tontos”, expresó.

    La raíz del estancamiento del directorio de la Cjppu es que, al ser siete integrantes, se precisa de al menos cuatro votos para lograr una aprobación. En resumen, Romero y Alza están en contra de la inclusión de dependientes, mientras que Abisab y el director secretario Blauco Rodríguez Andrada acompañan a Rodríguez Sanguinetti en la moción, lo que deja una posición de “tres contra dos”. Los directores delegados del Ejecutivo se abstienen de votar por el poco tiempo que falta para que deban abandonar el cargo.

    Una tercera vía manejada es elevar tanto el proyecto que da sostenibilidad financiera para 2032 como el de 2108 al Ejecutivo, para que sirvan de insumo al momento de tomar una decisión. Rodríguez Andrada consideró que la Cjjpu no puede darse “el lujo de una comisión de trabajo” para estudiar y aprobar el proyecto a 2032, tal como propuso Romero, porque “no hay tiempo”, y agregó: “lo mejor que puedo hacer es mostrarles (al gobierno electo) todo el trabajo realizado por el directorio. ¿Por qué dejar ideas fuera por conceptos filosóficos? Por conceptos filosóficos la caja está como está”. Pero el directorio tampoco logró acordar esta solución. Según Rodríguez Sanguinetti, la idea de un “plebiscito entre los afiliados” estuvo sobre la mesa, pero reconoció: “cuando incorporás a todo el mundo, hay demasiadas opciones”.

    Los responsables

    El acta del 12 de diciembre también registró una discusión acerca del origen del desfinanciamiento actual de la caja y sus responsables.

    Rodríguez Sanguinetti trajo a colación la figura del “gerente general del fracaso”, Miguel Sánchez, que fue destituido porque “tomó el pelo a algunos directores, pero no porque fuera uno de los grandes responsables de esta situación”.

    Rodríguez Andrada apuntó al directorio de “hace diez años” que “sabían lo que hoy iba a pasar y sí tenían muchas decisiones para tomar”. En particular, se refirió a la inacción con respecto a embargar a los grandes deudores, algo que “no gusta” pero que “es responsable”. También mencionó el cine propiedad de la caja que “durante años” se alquiló a cambio de entradas, un parking con más de 100 plazas alquilado por $ 90.000 mensuales, un convenio con Antel por US$ 1.000 durante diez años para la colocación de propaganda en un terreno propiedad de la institución, y “beneficios extra ley” que “los directores anteriores no disminuyeron” pese a los problemas financieros.

    Por su parte, Abisab recordó cuando el anterior directorio tuvo la oportunidad de entrevistarse con la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, para solicitarle que los tuviera en cuenta en los préstamos internacionales a solicitar, algo que resultó en un crédito por US$ 300 millones de la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina a la Caja Bancaria. “El presidente de aquel momento del Instituto, Dr. Ferreira, manifestó que la situación de la caja (de Profesionales) no era crítica, y el directorio votó por mayoría no hacer tal planteo”, reclamó el representante de los jubilados.