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    Colectivo de profesionales impulsa un “cambio de paradigma” para su caja

    Un anteproyecto de ley impulsado por El Orden Profesional plantea la inscripción automática en la CJPPU una vez que la persona se reciba, reducir el monto de aportes, habilitar la movilidad entre categorías y abatir gastos en el instituto

    Las advertencias de que los recursos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) para pagar pasividades estaban comprometidas se escucharon durante buena parte de este período de gobierno. Sin embargo, en el Parlamento no hubo consenso para votar una reforma y otro proyecto de ley de refinanciación de adeudos fue aprobado por Diputados, pero su tratamiento se ha postergado en el Senado. En ese marco, un grupo de profesionales impulsa nuevas propuestas para atender los problemas financieros que enfrenta el instituto paraestatal.

    El Orden Profesional —una organización con 120 integrantes que tuvo su origen en 2016, cuando los datos de la CJPPU comenzaban a preocupar— presentó este martes un anteproyecto de ley de reforma. “Pretende dar una regulación más moderna y adecuada a la realidad a un colectivo muy importante de nuestra sociedad”, dice la exposición de motivos de la propuesta, a la que accedió Búsqueda.

    Los promotores argumentan que el colectivo de los profesionales cambió “notoriamente” a lo largo del tiempo por el aumento de la cantidad de egresos de las universidades. Sin embargo, este crecimiento no es proporcional al aumento de la cantidad de aportantes porque “muchos profesionales” son trabajadores dependientes y declaran no ejercicio ante la CJPPU. A su vez, creció el número de pasivos porque “la sobrevida es un hecho sabido”.

    El planteo impulsa una ampliación de la “base de aportantes” a través de un “cambio de modelo de aportación de los profesionales”. Propone una nueva escala de sueldos fictos, que actualmente se divide en 10 categorías. Si esta propuesta prosperara, pasaría a tener 15 cateogrías y habría una disminución del 30% de los valores menores. Además, los afiliados podrían “subir y bajar de categoría de aportes según la realidad de cada profesional, sin plazos, sin límites, sin sobrecargos y sin multas”.

    Otro elemento que incide en el deterioro financiero de la CJPPU es que su “aparato administrativo” es “insostenible” porque los salarios de los funcionarios son “elevadísimos”, sostienen los promotores de esta reforma. “No tienen relación alguna con los del promedio de la población que realiza tareas similares en otras instituciones públicas y privadas”, argumenta el texto. En ese sentido, el anteproyecto incluye también un “rediseño institucional” a través de una nueva escala salarial para los funcionarios que permitiría reducir en US$ 20 millones los egresos.

    En la presentación de la propuesta, los impulsores aseguraron que se mantendrán los “derechos adquiridos”, como la jubilación por edad avanzada (a la que se accede a los 70 años de edad y con un mínimo de 15 años de aportes).

    El “único mecanismo de supervivencia y viabilidad del organismo” —según El Orden Profesional— es un “cambio de paradigma”, a lo que apuntan con el proyecto de ley anunciado este martes. “La experiencia demuestra que las soluciones no pueden consistir en mantener el modelo vigente y simplemente efectuar ajustes paramétricos de los aportes de los activos y gravar con detracciones los pasivos. Solo se incrementaría el caos actual”, dice la exposición de motivos.

    La reforma que la CJPPU impulsó el año pasado, con el respaldo del Poder Ejecutivo, proponía un aumento de la tasa de aporte de los trabajadores y una “contribución pecuniaria” de los pasivos, pero el texto fracasó en el Parlamento. El director Fernando Rodríguez Sanguinetti, integrante de El Orden Profesional, votó en contra de esa iniciativa.

    Propuestas

    El anteproyecto de la asociación civil establece que todos los profesionales que egresen a partir de la entrada en vigencia de la ley deben ser inscriptos en la CJPPU “automáticamente”, sin la necesidad de que haya una “anuencia” del Poder Ejecutivo. Esto “elimina la limitante actual, que deja fuera de la cobertura del organismo a muchas profesionales, sin justificación razonable”.

    El texto cita estimaciones del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve), que aseguran que el cambio propuesto le daría al organismo una “sobrevida de por los menos 100 años” y no “perjudica al profesional aportante”. El anteproyecto plantea medidas de control que “desestimulan la evasión” de los profesionales. Quienes declaren no ejercicio ante el instituto, en cambio, deberán pagar un timbre profesional y el equivalente a dos unidades reajustables ($ 3.449, a valores de hoy).

    Otra de las propuestas incluidas en el proyecto de ley es una vieja bandera de El Orden Profesional. El texto establece que el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) que recauda la CJPPU permanezca en la institución y que no vaya al Banco de Previsión Social. En el directorio de la caja hay consenso respecto a esta idea, pero el Poder Ejecutivo la ha rechazado.

    El anteproyecto también establece la derogación de todas las excepciones de los sectores que no pagan los timbres profesionales, incluye nuevas actividades gravadas e incorpora un “incremento en estos aportes”. “Los ingresos plasmados en este artículo son el equivalente a los aportes patronales de los organismos de seguridad social”, argumentan sus promotores.

    Además, el texto planteado dispone la “responsabilidad pecuniaria” del Estado respecto a la “subsistencia” de la CJPPU y a la “financiación de sus obligaciones”.

    Otro de los puntos de la reforma propuesta es una “mejora de la gestión” de la CJPPU. Esto incluye la contratación de una consultoría para hacer un diseño para “racionalizar el presupuesto anual” del organismo y asesorar al directorio. En línea con la “austeridad” que proponen, El Orden Profesional impulsa que se reduzcan los gastos de administración en un 5% respecto a los ingresos operativos del ejercicio anterior.

    Otro de los artículos autoriza al Poder Ejecutivo a asistir a la CJPPU “con transferencias mensuales tendientes a equilibrar su presupuesto operativo”, lo que es una “necesidad impostergable” hasta que las “reformas estructurales implementadas comiencen a dar frutos y generar la deseable sustentabilidad y autonomía”.