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La puja entre las grandes superficies y el pequeño comercio es histórica, aunque cada tiempo se intensifica. La distorsión de las relaciones comerciales se agudizó durante la emergencia sanitaria por el Covid-19, según consultas en el ámbito empresarial realizadas por Búsqueda, lo que se sumó al mayor poder de negociación que algunas cadenas de supermercados fueron logrando a través de contratos de usufructo. En el medio están los industriales nacionales, los importadores y los consumidores. Un nuevo capítulo se abrió desde el Parlamento con un proyecto que pretende acotar la cantidad de locales que pueden tener las cadenas supermercadistas en cada departamento y plantea cambios en las modalidades de pago a proveedores.
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La iniciativa, presentada por la bancada de senadores del Frente Amplio (Búsqueda Nº 2.093), causó reacciones también por fuera del ámbito estrictamente empresarial. Para la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia —un órgano desconcentrado del Ministerio de Economía— la iniciativa es “equivocada”, dijo a Búsqueda su presidenta, Luciana Macedo. “No comparto limitar la cantidad de locales por cadena; imponer una restricción a priori es un disparate”, agregó.
Macedo argumentó que la herramienta para “controlar la afectación a la competencia en los mercados ya existe desde que la comisión tiene el control de las concentraciones”, desde abril. Explicó que ese tipo de operaciones son analizadas “caso a caso” y se “autorizan o no” según puedan “disminuir sustancialmente la competencia” en el mercado. Por eso, a su juicio, “no se pueden prohibir todas las operaciones al barrer ni imponer una restricción de cantidad de locales”.
En 2019 la comisión analizó la relación y las prácticas entre proveedores y minoristas, la formación de los precios en algunos productos y los distintos pagos comerciales que existen en la cadena. El análisis concluyó con la elaboración de una “guía” de buenas prácticas, que buscaba fomentar la formalización por escrito de las condiciones comerciales entre las partes, establecer límites a los cambios retroactivos de dichas pautas y advertir sobre las prácticas más riesgosas a la competencia y aquellas que pueden constituir infracciones a la normativa vigente en la materia.
En tanto, el miércoles 28 la Asociación de Supermercados se reunió para analizar el proyecto que impulsa el Frente Amplio y que cuenta con el respaldo de Cambadu y de la Cámara de Industrias (CIU). Consultadas por Búsqueda, las autoridades de la gremial de los supermercadistas expresaron “preocupación” porque consideran que lo que busca la iniciativa no refleja la “realidad del mercado” y puede atentar contra una “gran fuente” de trabajo.
“Ruptura comercial”
En setiembre, con foco en las “megaofertas” que algunas cadenas venían desplegando, Cambadu pidió por carta a los proveedores mayoristas e industriales “tomar conciencia” de que se trata de una estrategia contraria a sus intereses y por la cual las grandes superficies buscan terminar de destruir al pequeño comercio.
El gerente general de Cambadu, Adrián Cabrera, dijo a Búsqueda que no se trata de atacar determinados formatos ni las nuevas herramientas tecnológicas, sino de reclamar “reglas de convivencia para que no se den asimetrías tales que generen la desaparición de los pequeños” comercios.
“El poder de negociación” de los grandes supermercados, que “se está viendo incrementado, no solo hace que tengan mucha fuerza con la propia cadena de abastecimiento, fabricantes, importadores, imponiendo condiciones inaceptables. Ha habido una ruptura comercial, hay determinadas marcas que ya no se venden en alguna cadena porque alguna fábrica ya no le abastece”, indicó. A su vez, explicó que la rentabilidad, que los proveedores no pueden lograr con las grandes superficies, “la tienen que sacar con quien no tiene poder de negociación”, por su pequeña dimensión, y ello produce una “disparidad” cada vez mayor en la posibilidad de competir “entre los comercios chicos y las grandes cadenas”.
Cabrera dijo que las “ofertas explosivas y puntuales” que utilizan las cadenas “son gotas que van mellando la capacidad de competir” del resto. “Hoy en el mercado hay una importantísima guerra comercial entre las cadenas por la hegemonía” y es preciso que se defienda al pequeño comercio, añadió el dirigente empresarial.
La CIU también tiene una posición favorable a “equilibrar” las relaciones comerciales. El presidente de su comisión de comercio interno, Washington Corallo, dijo a Búsqueda que existe “preocupación” de los productores y fabricantes ante el cambio “unilateral” de las condiciones pactadas y las “presiones” para exigir reglas comerciales nuevas, algo que se agudizó con la pandemia.
“Este es un país de libre economía, nadie está obligado a comprar o a vender nada a nadie, lo que se busca con esta regulación es tener condiciones de comercio amigables para las dos partes”, indicó. Y añadió: “En un momento en que el trabajo está complicado, tampoco le sirve a nadie imponer condiciones. (…) La industria no pretende cosas excepcionales, sino acordes a la realidad y que el texto dé certidumbre a las relaciones” con las grandes superficies.Alegó que la idea es que la iniciativa contribuya a que si alguno se aparta de lo pactado el “afectado pueda tener la chance de un resarcimiento económico en el futuro”.
“Una cosa es un margen para subsistir y otra cosa es vender sin margen o al costo para mantener la máquina prendida por un tiempo y que cuando se quiera revertir exista un problema. La relación de precios tiene que ser justa para que todos los actores tengan un margen coherente, porque trabajar a pérdida termina generando desempleo y deteriorando el consumo”, declaró Corallo.
La CIU asume una posición de “corredactor” del proyecto que promueven los legisladores frentistas.
