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Costo del personal asalariado se mantuvo en Uruguay y aumentó en promedio en la región, según el BID
Para las empresas uruguayas, el costo mínimo de la mano de obra asalariada equivalió a un 22% del PIB; en el promedio de 19 países de América Latina y el Caribe fue de 43% en 2023
Año tras año, la Encuesta Anual de Evaluación y Perspectivas Empresariales de Búsqueda expone el “costo país” y salarial entre las preocupaciones y problemas principales para la actividad de negocios en el país. Al mismo tiempo, el PIT-CNT advierte que una proporción significativa de trabajadores —medio millón de ocupados en 2024— cobran un sueldo “sumergido”, por debajo de $ 25.000 líquidos al mes.
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Un nuevo documento elaborado por especialistas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima y compara los costos laborales en un grupo de países de América Latina y el Caribe, y afirma que la “tensión” entre esos costos y la productividad “plantea uno de los mayores desafíos para la creación de empleo formal” en la región.
Para 19 economías con datos al 2023 —y proyecciones al 2025—, el estudio actualiza dos indicadores con respecto a cálculos hechos por el organismo internacional en 2013: el costo no salarial de la mano de obra asalariada (CNS) y el costo mínimo de la mano de obra asalariada (CMS). También introduce un tercer indicador, que mide el costo de formalizar a los trabajadores “en negro” (CFL). Los resultados muestran que, en ese lapso, hubo un “ligero aumento en todos los indicadores a nivel regional y una creciente divergencia en los costos entre países”. Según el BID, la evidencia preliminar para el año pasado expone que “la tendencia no se está revirtiendo”.
¿Cuáles son los costos por asalariado?
El análisis tiene en cuenta que, salvo Cuba, todos los países de la región fijan salarios mínimos legales; en algunos casos, diferentes por regiones (Brasil), por actividad económica (Panamá y El Salvador), por ocupación (Costa Rica) o una combinación de criterios, como el giro y el tamaño de las empresas (Honduras y República Dominicana).
Las estimaciones también computan el aguinaldo —que, con diferencias, se paga en todos salvo en Chile, Jamaica y Trinidad y Tobago— y la indemnización por despido. Consideran, además, las cotizaciones o aportes obligatorios, entre los cuales los más comunes son las pensiones, los aportes para la atención médica, el seguro de accidentes de trabajo, el seguro de desempleo y, en algunos casos, los ahorros para el desempleo, y para las prestaciones familiares o los fondos de vivienda social.
En todos los países los empleadores deben pagar una indemnización por despido como compensación. Relacionado con esto, el documento del BID indica que Brasil elevó de 42 a 45 días el preaviso exigido para el cese de trabajadores con cinco años de antigüedad, y señala que el preaviso no es obligatorio en Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Perú, Uruguay —aunque está en debate incorporarlo, a partir de una propuesta del Ministerio de Trabajo para ratificar un convenio internacional— y Venezuela.
Los costos por país
Para el promedio de la región, el CNS, que cuantifica la proporción adicional de salarios necesaria para cubrir todos los costos no remunerativos legalmente exigidos en una relación asalariada formal, pasó de 50,3% en 2013 a 51,1% en 2023. Algunos países, como Argentina, Brasil y Perú, presentan costos cercanos a 70%, mientras que en otros, como Trinidad y Tobago, Jamaica y Chile, son inferiores a 40%. En Uruguay se mantuvo en torno a 65%.
La proyección para el 2025 situó el CNS promedio en 51,6% del salario medio, debido al aumento de las contribuciones obligatorias del empleador en 0,7 puntos porcentuales (de 18,5% en 2023 al 19,2% el año pasado).
Un segundo indicador combina los costos no salariales con el requisito de que los sueldos no puedan ser inferiores al salario mínimo legal. Esta medida estima el valor anual en dólares de emplear a un trabajador con el salario mínimo, incluyendo todos los costos no salariales obligatorios, expresados como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) por trabajador; este es el CMS. En 2023, el promedio fue de 43,1% del PIB por trabajador —en comparación con un 38,4% en 2013—, también con amplias diferencias entre los países. Por ejemplo, este indicador se ubicó por debajo del 25% en 2023 en México, Trinidad y Tobago, Chile y Uruguay (en torno a 22% y estable respecto a la medición anterior), mientras que en Honduras, “tras importantes aumentos en el salario mínimo y el estancamiento de la productividad laboral”, superó el 100% del PIB promedio por trabajador.
Los autores señalan que, entre 2013 y 2023, la “dinámica de los costos laborales en la mayoría de los países se vio influenciada principalmente por aumentos del salario mínimo superiores al crecimiento de la economía, en lugar de ajustes a las tasas base. Sin embargo, desde 2023, seis países han introducido leyes de seguridad social e implementaron cambios paramétricos en las tasas de contribución, en particular en las pensiones”. Para la estimación de 2025, prevén que cambios hechos en México, Panamá, Chile y Venezuela también incrementen gradualmente los costos laborales mediante el aumento de las tasas de contribución. Otras reformas, como las de Honduras y Colombia, subirán los costos laborales en la parte superior de la distribución salarial, manteniéndolos sin cambios para el trabajador formal promedio.
De “negro” a formal
El estudio del BID —titulado Costos de la mano de obra asalariada en América Latina y el Caribe: actualización de diez años— incluye una estimación del costo de formalizar el trabajo informal, calculado como la relación entre los costos salariales y aquellos que no lo son asociados con la formalización de un trabajador que percibe el salario informal promedio. El CFL aumentó de 67% del salario informal promedio en 2013 a casi el 88% en 2023 (o, dicho de otro modo, el costo de contratar a un trabajador formal fue aproximadamente un 88% mayor que el salario promedio de un trabajador informal).
Para Uruguay, el CFL rondó el 100% en ese año; en Honduras, el máximo llegó casi a 250%.
El estudio proyectó para 2025 que el costo de la formalización en la región alcanzará al 92% del salario informal promedio, debido a la combinación del aumento de las tasas de contribución y los recientes incrementos del salario mínimo.
Explica que si bien el crecimiento del CMS se correlaciona fuertemente con el PIB por trabajador, el costo de la formalización muestra un nexo más débil, ya que los países con un Producto por trabajador tanto alto como bajo han experimentado los mayores aumentos en los últimos 10 años. “Esto indica que las barreras de costos para que los empleadores transfieran a sus trabajadores del empleo informal al formal podrían haberse intensificado, lo que podría provocar una segmentación más profunda de los mercados laborales”, apunta.
