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Depósitos e inversiones financieras en el exterior de residentes en Uruguay rondan los US$ 62.000 millones
Esos fondos de uruguayos y otros agentes que actúan en la economía local aumentaron casi todos los años desde 2019, según estadísticas del Ministerio de Economía solicitadas por un legislador oficialista
La intención de subir los gravámenes a los más ricos emerge cada tanto en las proclamas sindicales y en los discursos de ciertos sectores de la izquierda. En el programa de gobierno del Frente Amplio para el actual período, está plasmada en un párrafo en el que se propone “avanzar en la transformación del sistema tributario reduciendo impuestos al consumo y fortaleciendo la imposición a la renta, el gran capital” y la riqueza con el “criterio de progresividad”, aunque luego el verbo se transforma en “estudiar” las “formas para incrementar el aporte fiscal por concepto de dividendos y utilidades, así como los patrimonios y las transferencias patrimoniales de muy alto porte y los depósitos en el exterior”.
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La idea de que “pague más el que tiene más” está en las raíces de la fuerza política actualmente en el poder, aunque su ala más moderada y muchos economistas de izquierda tienen claro que el capital —y la inversión— huye si se lo carga demasiado con impuestos, con eventuales efectos adversos para la economía si eso pasa.
¿Cuántos activos financieros tienen fuera del país los residentes en Uruguay (que, potencialmente, podrían ser gravables con algún tipo de impuesto)? Como respuesta a un pedido de informes hecho por el diputado comunista Bruno Giometti, la semana pasada el Ministerio de Economía (MEF) le indicó el total de “depósitos e inversiones financieras en el exterior de agentes residentes de la economía uruguaya” para el quinquenio 2019-2023: la cifra saltó de US$ 27.171 millones en el primer año a US$ 49.436 millones en 2020, creció a US$ 54.793 millones en 2021, para luego bajar a US$ 46.433 al año siguiente. La serie se cierra con otro aumento significativo, a US$ 61.862 millones; ese monto representa aproximadamente un 79% del Producto Interno Bruto (PIB) de 2023, calculó Búsqueda.
La contestación aclara que no se dio “información del período 2024, ya que la misma será recibida en setiembre del 2025”. El MEF tampoco aportó datos desglosados “por sector institucional y por franja según el monto de los depósitos e inversiones”, pedidos por el legislador, “por no contar con dicha información”.
Antes de entrar al Parlamento en esta legislatura, Giometti trabajó para el Instituto Cuesta-Duarte del PIT-CNT; en febrero pasado se despidió en una carta con “un fraterno abrazo de un economista al servicio de la clase” obrera.
Los casi US$ 62.000 millones de “depósitos e inversiones financieras en el exterior” pertenecientes a residentes en el país se comparan, por ejemplo, con los US$ 43.600 millones depositados en el sistema bancario local por el sector no financiero (personas y empresas, tanto residentes como no residentes), según datos informados por el Banco Central.
Propuestas impositivas
Durante la pandemia de Covid, el PIT-CNT le propuso al gobierno de Luis Lacalle Pou —entre otras medidas— establecer por un año un “impuesto a los depósitos de uruguayos” colocados fuera del país que “ni siquiera forman parte del circuito productivo nacional”. Considerando que “los recursos netos de residentes uruguayos (empresas financieras, no financieras y familias) en el exterior ascienden a aproximadamente US$ 7.000 millones”, el tributo “podría conducir a un incremento de la recaudación anual de aproximadamente US$ 200 millones”.
Ese mismo año, 2021, el exministro de Economía Danilo Astori presentó un proyecto de ley para gravar a una tasa de 2% sobre el valor de los bienes gravados que excedan el mínimo no imponible del Impuesto al Patrimonio de las Personas Físicas.
Aunque el programa de gobierno del Frente Amplio habla de buscar equidad social por la vía de los impuestos, el presidente Yamandú Orsi y su ministro de Economía, Gabriel Oddone, han repetido que no están en agenda cambios que incrementen una presión tributaria que consideran elevada.
Antes de la segunda vuelta electoral de noviembre pasado, el economista se refirió a los impuestos a los sectores de ingresos altos al responder una pregunta acerca de si considera “justo” el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS), cuando dio una charla en el bar Expreso Pocitos organizada por una coordinadora frenteamplista. No le preguntó si cree que el IASS es “justo”. Oddone señaló: “Ustedes esperarían que yo dijera que no lo considero justo, pero la verdad es que sí creo que Uruguay tiene que tener un impuesto sobre las rentas altas, de todo concepto, y uno no puede excluir de las rentas altas a las personas por temas de edad”. Aceptó que es una discusión “supercontroversial”, pero insistió: “gravar las rentas altas es un tema que nos debemos”, de “todo concepto”.
Exoneraciones
Además de conocer cuánto dinero tienen los residentes en Uruguay en depósitos y otros activos financieros colocados en el exterior, el diputado Giometti quiso conocer a través del mismo pedido de informes en cuánto “gasto tributario” incurrió el Estado entre 2019 y 2024. Ese concepto refiere a los tratamientos impositivos especiales —como exoneraciones, tasas rebajadas u otros— que favorecen a determinados sectores o colectivos, y que significan para el fisco una resignación de recaudación.
El dato que le entregó el ministerio fue una “proyección” para 2023 por $ 205.382 millones, equivalente a 6,8% del PIB, un máximo en la serie entregada, que se inicia en 2019.
La estimación para el 2024 —presentada junto con el proyecto de Rendición de Cuentas del 2024 entregada al Parlamento el lunes 2— fue un gasto tributario mayor en montos nominales ($ 214.722 millones) pero que, sin embargo, bajó respecto al año previo en términos del PIB (6,6%). Casi un tercio se destinó a estimular la “inversión” y la “descentralización” productiva, en tanto que un 17% benefició al sector “salud y sanidad”. Las empresas se apropiaron del 51,1% de esas ventajas impositivas.
El MEF tiene bajo revisión algunos de estos esquemas de incentivos, en particular el canalizado a través de la Comisión de Aplicación (Comap) de la Ley de Promoción de Inversiones.
