Desde que empezó el siglo, el grupo de personas en el mundo cuya riqueza supera el millón de dólares se triplicó y son 1,5% de la población —unas 15.800 en Uruguay—, aunque persiste una alta desigualdad. El debate sobre los impuestos en torno a los altos patrimonios se intensificó en los últimos años a escala global y, en la actual campaña electoral, la bandera de gravar al “gran capital” volvió a ser izada por el Frente Amplio.
En ese marco, desde la academia surgió una estimación de cuánto podría recaudar un impuesto a la riqueza en Uruguay —y en otros tres países latinoamericanos—, considerando también las posibles reacciones de los eventuales contribuyentes para ilustrar algunos “trade-offs” a tener en cuenta al pensar en su eventual diseño. El cálculo, realizado por dos investigadores del Instituto de Economía (Iecon) de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República, es que generaría unos US$ 621 millones anuales si fuera un tributo con una tasa plana y en un escenario sin evasión, y US$ 606 millones si fuera con alícuotas progresivas, de 0,50% a 2%.
Refiriéndose a los cuatro países incluidos en el estudio —Uruguay, Colombia, Chile y México—, los autores resumen que un impuesto del 1% aplicado al 1% de los hogares más ricos recaudaría en promedio el equivalente a 0,8% del Producto Interno Bruto (PIB).
“Diferentes diseños impositivos (tanto en términos de tasas como de base imponible) y supuestos respecto de las respuestas comportamentales alteran la recaudación proyectada, pero los órdenes de magnitud involucrados sugieren que los impuestos a la riqueza podrían ayudar a recaudar una masa de ingresos muy necesaria en la región”, señalan Mauricio De Rosa y Joan Vilá. Para el esquema progresivo del impuesto, el umbral exento se estableció en US$ 1 millón y la estimación correspondió a cuatro tramos de riqueza neta con tasas positivas (es decir, sin contar el tramo por debajo de la exoneración). Un esquema tributario bajo estos supuestos resulta en una recaudación de ingresos de aproximadamente el 1% del PIB (excepto Chile, donde es mayor), por lo que son “aproximadamente comparables” con el otro esquema, el de tasa plana.
Por otro lado, el estudio estimó las posibles consecuencias distributivas de los impuestos a la riqueza; “son modestas en el corto plazo, pero un simple ejercicio dinámico muestra que el efecto acumulativo es sustancial”. Las participaciones en la riqueza de ese 1% de la población más acaudalada de los cuatro países y del 0,1% de ese estrato se reducen aproximadamente a entre 0,15 y 0,30 puntos porcentuales, según el país y el régimen fiscal.
Además de los tres escenarios utilizados para realizar estimaciones —uno sin respuesta conductual de los potenciales contribuyentes y dos en los que estos sí reaccionan evadiendo o subdeclarando su riqueza—, los investigadores del Iecon consideraron como costos para la administración tributaria aquellos relacionados con la inspección y ejecución del impuesto. Para Uruguay, llega a un máximo de US$ 87,1 millones; cuando aumenta el umbral de exención los costos administrativos se reducen, ya que es necesario que menos hogares sean auditados, pero la pérdida de ingresos debido a respuestas de conducta aumenta.
El impuesto actual
De los países analizados, Uruguay y Colombia son los únicos que tienen vigente un impuesto al patrimonio. En el caso uruguayo, los investigadores acotan que este tributo cuyo universo son las personas físicas “en teoría grava todos los activos, pero en la práctica solo afecta a los bienes inmuebles, con una aplicación muy débil”. Las tasas oscilan entre el 0,7% y el 1,85%, y lo pagan “poco más del 0,3% de los adultos, con unos ingresos prácticamente inexistentes del 0,015% del PIB según registros oficiales”.
De Rosa dijo en la diaria en agosto que Uruguay tiene una desigualdad patrimonial “comparable con la que hay a escala mundial. También en Uruguay el 1% más rico captura el 37%-38% de la riqueza total privada del país, y la mitad más pobre, un poco menos del 5%. (…) Así que hay fundamentos desde el punto de vista distributivo, desigualdades patrimoniales muy marcadas, que ameritarían un impuesto al patrimonio progresivo, que permita reducir esa desigualdad patrimonial y, además, tener recursos para impulsar políticas públicas”.
En su opinión, una de las formas “más rápidas” de actuar en esa dirección es a través de un impuesto al patrimonio.
En esa misma línea, los investigadores del Iecon cierran su estudio remarcando que un gravamen sobre el patrimonio “puede efectivamente recaudar ingresos en la región y ayudar a moderar la desigualdad de la riqueza en el mediano plazo, con tasas impositivas que son similares a la experiencia real de impuestos sobre la riqueza en todo el mundo y por debajo de las propuestas recientes” surgidas a escala internacional.
Se apoyan en la literatura para mencionar la importancia de ciertas cuestiones clave del diseño de un tributo de este tipo, como la “presentación de informes de terceros”, el intercambio de información entre países, que haya un número acotado de activos exentos y tenga bases impositivas amplias. “Estas cuestiones, más allá de ser buenas prácticas, ayudarían a reducir las respuestas conductuales, aumentando así la eficiencia y fomentando el poder de fuego del impuesto a la riqueza. En resumen, hay margen para introducir impuestos a la riqueza en la región y los países se beneficiarían enormemente de ello”.
El candidato presidencial blanco, Álvaro Delgado, ha hecho campaña asumiendo el compromiso de que, si triunfa en estas elecciones, su gobierno no aumentará impuestos.
En el caso del Frente Amplio, sus bases programáticas proponen “avanzar en la transformación del sistema tributario reduciendo impuestos al consumo y fortaleciendo la imposición a la renta, el gran capital y el patrimonio con el criterio de progresividad”. Sin embargo, el candidato de la izquierda, Yamandú Orsi, ha dicho que no haría cambios tributarios relevantes si él es presidente. Antes de la primera vuelta del último domingo de octubre, dijo en el informativo Telenoche de Canal 4 que “la carga fiscal viene parejita desde hace 40 años (…). No es necesario aumentar la carga fiscal”. Agregó, ante una pregunta: “¡Qué lindo podría ser bajar los impuestos!”. En ese sentido, consideró “una lástima” que en el actual gobierno se haya abatido la devolución del IVA a los pagos con medios electrónicos y planteó considerar la implementación del “IVA personalizado” para “beneficiar a los que menos tienen”.
“Cariño” a los argentinos
El esquema tributario vigente en Uruguay ha sido un factor de atracción de riqueza de personas del exterior, en particular de argentinos.
Entrevistado en La Nación del 27 de octubre, César Litvin, ejecutivo principal del estudio Lisicki, Litvin & Asociados de Argentina y profesor de Teoría y Técnica Impositiva en la Universidad de Buenos Aires, dijo que Uruguay les dio “mucho cariño impositivo: los recibió con vacaciones fiscales por diez años. Por eso se han ido grandes fortunas de la Argentina a consumir e invertir en Uruguay” en los años recientes.
“Uruguay otorgó muchos beneficios impositivos a los nuevos residentes fiscales que salieron huyendo despavoridos de la Argentina cuando regresó el populismo en 2019. En ese momento, el nuevo gobierno incrementó exponencialmente los impuestos patrimoniales y también creó un impuesto especial, el impuesto a la riqueza. Uruguay los recibió sin esos impuestos y por diez años, gozan de vacaciones fiscales”, analizó el consultor argentino.
Litvin destaca que ese tratamiento fiscal genera un beneficio para la economía uruguaya. “A Uruguay, como ya no tenía ese ingreso, no le mueve el amperímetro de la economía en términos impositivos. Pero sí mueve la economía uruguaya en otro sentido: cuando esta gente se fue a comprar departamentos en Uruguay, o a invertir en campos o en actividades comerciales y fue a consumir en Uruguay, Uruguay se vio beneficiada con un ingreso extra. Y al contrario sensu, para la Argentina, hubo pérdida de recaudación por la gente que ha sido expulsada, por los impuestos muy excesivos de la Argentina, gente que tenía mucha fortuna. Y además, la Argentina dejó de percibir ingresos por los consumos de esos contribuyentes, por sus inversiones. Esa mudanza generó mucha más pérdida que el incremento de recaudación que trajeron los impuestos patrimoniales, que fue la causa por la cual se fueron empresarios muy poderosos y muy conocidos”.
El especialista insistió en que Uruguay “es un país muy chico y tiene muy pocos impuestos: unos diez o 12 impuestos. Igual que Paraguay, que tiene tres diez: 10% de impuesto a las Ganancias, 10% de IVA. En la Argentina, Ganancias es del 35% y el IVA, de 21%. (…) Contra esos países, la Argentina pierde competitividad”, en particular por el “impuesto a la exportación que sólo tienen 12 países en el mundo: además de nuestro país, el resto son países del Tercer Mundo. ¿Cuáles son las consecuencias? El que exporta soja o cualquier otro producto desde Uruguay, desde Brasil o desde Chile o Paraguay, no tiene ese impuesto. El impuesto a la exportación le hace perder competitividad a la Argentina. Gran contrasentido: tenemos reservas anoréxicas y cobramos impuesto al que genera reservas. Este es uno de los primeros impuestos a nivel nacional que hay que eliminar”.
