En parte de 2022 y en 2023, las pocas lluvias afectaron al campo y el gobierno decretó la emergencia agropecuaria para apoyarlo. Con los embalses casi secos, durante semanas muchos uruguayos del sur debieron tomar agua de bidón ya que la suministrada por OSE carecía de la calidad necesaria y tenía un sabor desagradable. El presente otoño algunas regiones del país se inundaron y el exceso de precipitaciones está perjudicando a varios cultivos. Y, para la próxima primavera, algunos pronósticos hechos en el exterior no descartan que el fenómeno de La Niña traiga menos lluvias que lo normal. En Uruguay, los shocks climáticos se han hecho peligrosamente intensos y más frecuentes.
Un reciente documento de trabajo preparado en el Banco Mundial (BM) señala que el “orden de magnitud de estos efectos” —a los que cuantifica en sus potenciales impactos— exige una consideración más sistemática” en las “proyecciones macroeconómicas y las evaluaciones de riesgo fiscal para Uruguay”.
La investigación fue hecha por tres funcionarios del organismo internacional —Fernando Giuliano, Daniel Navia y Heather Ruberl—, quienes tuvieron la colaboración de los equipos técnicos del gobierno uruguayo, como la directora de la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía, Gabriela Miraballes y el asesor ambiental ministerial Marcelo Caffera, además de Ángela Cortelezzi y Verónica Durán, ambas de la cartera de Ganadería, Agricultura y Pesca.
El estudio encuentra que la volatilidad de una economía uruguaya simulada, solo sujeta a shocks climáticos históricos, representa el 22% de la volatilidad histórica del Producto Interno Bruto (PIB). Pero aclara que estos fenómenos adversos pueden ocurrir junto con otros de manera simultánea; en tal sentido, al incorporar shocks macroeconómicos exógenos a los factores históricos, los autores hallan que las crisis climáticas exacerban la volatilidad y profundizan los daños potenciales. Así, según sus cálculos, a futuro, Uruguay tendría una pérdida de PIB de 0,4 puntos porcentuales debido a las continuas crisis climáticas convencionales que se han dado en el pasado y hasta 2,3 puntos ante un shock climático y macroeconómico negativo combinado del tipo que se observa una vez cada seis años, en promedio. En extremo, la pérdida de Producto sería de 4,1 puntos porcentuales bajo un shock adverso conjunto —macro y climático— de los que suceden cada 40 años.
El “capital natural” constituye el “núcleo de la riqueza y la cultura de Uruguay”, que históricamente ha tenido en la ganadería y la agricultura su base económica e “identidad nacional”, reseña el documento del BM. El eslógan “Uruguay Natural” “rinde homenaje a este legado”.
Por esa base agropecuaria y sus encadenamientos con sectores como la industria, la economía uruguaya es “particularmente vulnerable” a ciertos shocks climáticos, sobre todo aquellos relacionados con los patrones de precipitación.
Utilizando un modelo de proyección macroestructural adaptado al país y ampliado para tener en cuenta los shocks climáticos, el estudio aisló los principales canales de transmisión de sequías e inundaciones en los resultados macroeconómicos agregados. Esto permite cuantificar los efectos de segunda ronda de las crisis ambientales y la dinámica de ajuste inducida de las principales variables macro. Además, los investigadores simularon crisis climáticas de forma conjunta con shocks macroeconómicos estándar para analizar sus consecuencias combinadas.
Hallaron que los shocks climáticos tienen “efectos relevantes y persistentes sobre las variables agregadas”. Las sequías, en particular, representan impactos “grandes” y duraderos para la actividad económica y los equilibrios fiscales. Sin embargo, acotan, que este efecto es “dinámicamente complejo”, ya que al incorporar el patrón temporal de pérdidas de producción en sequías históricas en Uruguay y los vínculos entre el sector agrícola-ganadero, otros rubros productivos y el lado de la demanda de la economía, los resultados modelados implican que los efectos indirectos “magnifican el impacto directo de una sequía en la actividad económica de alrededor del 50% en el año en que ocurre”. Para la sequía de 2022-2023, esto se tradujo en una pérdida de PIB de 2,8 puntos, computando tanto efectos directos como indirectos. Expresado en dinero, la resignación en términos de actividad económica fue de US$ 2.200 millones en el año de la sequía, y de US$ 440 millones el siguiente, frente a un punto de referencia en ausencia de déficit hídrico.
Ante las crisis climáticas las exportaciones se ven afectadas de manera “desproporcionada”, describen los autores, lo que obedece a que afectan a sectores sobrerrepresentados en la canasta exportadora uruguaya. A la caída de 7,3% en el momento del impacto le sigue una recuperación al año siguiente, aunque se mantiene un 1,6% por debajo de los niveles habituales. Las exportaciones solo vuelven a quedar por sobre el nivel de referencia tres años después la sequía, lo que —según el estudio— refleja los efectos positivos de la depreciación del tipo de cambio en la demanda de exportaciones.
Las consecuencias se encadenan y llegan hasta las finanzas públicas. “A medida que la producción y las exportaciones se contraen, las cuentas fiscales y externas se deterioran”. En ese marco, el gasto en pagos de seguridad social aumenta 5,6% (o medio punto del PIB), lo que, junto con el supuesto de gasto nominal fijo en otras categorías de egresos, da como resultado un empeoramiento del saldo fiscal de 0,7 puntos porcentuales del Producto. El dominó sigue cayendo y conduce a un mayor endeudamiento; al combinarse con los efectos en el balance debido a la depreciación de la moneda y con un menor nivel de PIB en el año de la sequía, el ratio de deuda crece en 2,4 puntos porcentuales.
Luego, a medida que la economía se recupera de la sequía, un período de recuperación de la actividad y un retorno a niveles normales de ingresos públicos permiten que la relación deuda/PIB se estabilice en alrededor de 0,4 puntos por encima de los niveles de referencia.
Hay otras consecuencias adicionales por el lado social. En escenarios de shocks climáticos ocurren cambios distributivos “pequeños pero persistentes en el corto plazo”. La pobreza medida por la línea internacional de ingresos medios altos de 6,85 dólares en paridad de poder adquisitivo aumenta 0,5 puntos porcentuales en el año del shock. La mayor proporción de pobres y personas vulnerables se daría “a expensas de la clase media”, de acuerdo con la investigación. Frente a este panorama, los economistas del BM enfatizan: “Es decir, sin políticas de mitigación adicionales, un shock temporal puede tener efectos prolongados en la evolución de la pobreza y la desigualdad”.
Las crisis climáticas no ocurren en el vacío, sino que son solo uno de muchos shocks que pueden afectar simultáneamente a una economía, sostienen los autores. Según sus cálculos, la volatilidad del PIB prácticamente se duplica en comparación con el escenario en el que exclusivamente ocurren fenómenos climáticos adversos. Esto, a su vez, puede empeorar en alrededor de 0,8 puntos porcentuales la pérdida de PIB (bajo un shock climático de una magnitud que ha sido la más frecuente en el pasado) y 1,5 puntos porcentuales del PIB (ante un shock negativo combinado que ocurre una vez cada 40 años).
Agenda más urgente
Como epílogo, los investigadores señalan que los resultados de su trabajo sugieren que los “cambios futuros en el clima uruguayo asociados con trayectorias de mayor concentración de emisiones, tenderían a empeorar la magnitud de los riesgos” de las sequías entre un 18% y 30%, y de las inundaciones entre 57% y 212%, aunque aclaran que las estimaciones relacionadas con el clima “están sujetas a una “gran incertidumbre dada la dispersión de los patrones de precipitación proyectados por el modelo para Uruguay”.
Su trabajo, dicen, respalda mensajes políticos amplios en torno a la agenda de desarrollo del país. “En promedio, los shocks climáticos reducen el PIB, pero lo más importante es que añaden una incertidumbre significativa a la situación económica. Los resultados, agravados por otros shocks macroeconómicos, aumentan la probabilidad de años malos desde una perspectiva macro y fiscal. Esto subraya la importancia de los acuerdos institucionales que ayuden a los países a reducir la incertidumbre y hacer frente a las crisis”, observan. Para los autores, Uruguay ha logrado “avances importantes” en estos sentidos en los últimos años y aluden, entre otras cosas, a la regla fiscal estructural creada en 2020 como un paso para “crear reservas en los buenos tiempos y, al mismo tiempo, que permita flexibilidad política para responder a shocks negativos”.
Otra línea de acción que recomiendan es “diversificar la estructura económica del país” y “promover inversiones en adaptación que ayuden a desarrollar la resiliencia ante las crisis”.
Y cierran: “El impacto esperado del cambio climático sobre las crisis climáticas solo hace que estas recomendaciones sean más relevantes. Y más urgentes”.
