A dos meses de que la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) agote sus recursos para pagar las pasividades, comenzó la discusión a nivel parlamentario sobre el proyecto de ley redactado por el Poder Ejecutivo para reformarla. La primera comparecencia de las autoridades gubernamentales en la comisión especial no terminó de convencer a los diputados de la oposición, que pretenden que, si es posible que las reservas de la institución paraestatal alcancen hasta agosto, las comparecencias continúen y no sea necesario “legislar a las corridas una ley exprés”.
Según las estimaciones del Ejecutivo, de no tomar medidas a largo plazo, la caja tendrá un déficit cercano a US$ 51 millones este año, que crecería a US$ 120 millones en el 2026 y alcanzaría a US$ 150 millones en 2027. “Cuando levantamos la mirada y nos ubicamos en un horizonte de aproximadamente 20 años, (...) llegamos a acumular un déficit de algo más de US$ 3.000 millones”, alertó Martín Vallcorba, titular interino del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El principal diagnóstico es que a pesar de que la relación “activo y pasivo” es de tres a uno, “muy buena”, los jubilados profesionales ”están recibiendo una pasividad entre dos y tres veces superior a lo que aportaron a lo largo de la vida activa”, y por lo tanto hay un “subsidio implícito “muy elevado” y “muchísimo más marcado” en comparación a otros subsistemas de la seguridad social, explicó ese jerarca. Al mismo tiempo, la tasa de aporte para los trabajadores no dependientes de la CJPPU es de 18,5% y hay una tasa de reemplazo mínima —la pasividad en relación con el ingreso en actividad— del 50%, mientras que en el Banco de Previsión Social (BPS) el aporte es de 22,5% y el reemplazo es del 45%.
La propuesta del Poder Ejecutivo significa una participación de los activos del 42% en la solución de la situación financiera para la caja, del 31% en el caso de los pasivos y 27% por parte del Estado.
El primer eje de la iniciativa implica el incremento en la tasa de aportación de los profesionales activos, que pasa del 18,5% actual al 22,5% sobre una nueva escala de sueldos fictos. Para quienes consigan su habilitación profesional antes del 1 de enero de 2026, la escala continuará siendo de 10 categorías, y para los que la obtengan después, será de 15. No obstante, los profesionales que así lo deseen van a poder seguir pagando el mismo monto adscribiéndose a la nueva escala de fictos. Con el aumento de la tasa de aportación, se posibilita entonces contribuir lo mismo a la caja pero desde una categoría menor.
“Se trata de elegir entre aportar más ahora y recibir una jubilación mayor, o aportar menos ahora o seguir aportando lo mismo y recibir una jubilación un poco menor”, resumió Vallcorba. El objetivo es mantener dentro de la caja a quienes no puedan hacer frente a mayores aportes, especialmente a los profesionales que aportan voluntariamente teniendo uno de sus trabajos en relación de dependencia. A pesar de que los resultados de esta medida “van a depender del comportamiento de las personas”, se calcula que permitiría ingresos de US$ 33 millones, en promedio anual.
La iniciativa propone que los profesionales jubilados cuya prestación no supere el valor de 6 Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC) estén exentos del gravamen que plantea crear. Aquellos que perciban entre 6 y 10 BPC pagarán un 2% adicional; de 10 a 15 BPC, un 7,5%; de 15 a 20 BPC, 10%, y quienes superen las 20 BPC, 12%. Se aplicará a personas nacidas antes del 1 de enero de 1967 o que hayan causado pensión antes del 1 de agosto de 2023. El aumento promedio sería de un 9%, que permitiría recaudar al menos US$ 40 millones adicionales al año.
Para quienes se jubilaron en 1975 o después, propone que tanto la tasa de reemplazo mínima como el cálculo del sueldo básico jubilatorio pasen a ser iguales que en el caso del BPS, es decir desde los últimos tres años actuales a los mejores 20 años y con una pasividad equivalente al 45% del salario en actividad. Además, se buscará que haya convergencia gradual en la edad de retiro a los 65 años, comenzando con la generación nacida en 1967. Estas medidas resultarían en una recaudación promedio anual de US$ 32 millones.
“Cuando los actuales trabajadores profesionales tengan que jubilarse se van a enfrentar a condiciones que van a ser bastante diferentes, que los van a llevar a una situación que converge al régimen general del BPS; por lo tanto, van a tener prestaciones sustancialmente peores que la de los actuales pasivos. Por eso nos parece que por un criterio de solidaridad, de equidad, es importante que también existan aportes de los pasivos”, manifestó el ministro interino. Ariel Cancio, asesor del MEF, agregó que es algo “muy similar” a lo establecido en el 2008 con la reforma de la Caja Bancaria.
En tercer lugar, la iniciativa incorpora un apoyo financiero directo desde Rentas Generales con transferencias mensuales de $ 110 millones durante 2025, lo que en todo el año sería el equivalente a casi US$ 31 millones. En 2026, el aporte estatal sería equivalente a dos tercios del promedio mensual recaudado por la contribución pecuniaria de los pasivos, “en aquellos meses correspondientes al año previo en que fuese aplicable dicha contribución y ajustado por Índice de Precios al Consumo (IPC)”. Esto daría un total cercano a los $ 1.250 millones.
El valor de los timbres profesionales, que hasta ahora se basaba únicamente en el IPC, pasará a calcularse con una fórmula que tiene en cuenta, además, el Índice Medio de Salarios (IMS), para evitar desfasajes y pérdidas de recaudación. “Si la variación del IPC fuese 4,5% y la variación del IMS, que suele ser o puede ser superior habitualmente a la del IPC, fuese del 6,5%, los timbres se ajustarían en el promedio de esos dos valores; en 5,5%, concretamente”, expuso Cancio. Según dijo, la recaudación con este cambio permitiría cubrir el déficit calculado para los próximos 20 años, es decir, US$ 3.000 millones.
Otro eje del proyecto implica reducir de siete a cinco el número de integrantes del directorio, con tres electos por los afiliados y dos designados por el Poder Ejecutivo. “De acuerdo a su actual anatomía y fisiología institucional, no está demostrando a lo largo del tiempo una cohesión directriz”, lo que llevó a “un cúmulo de decisiones absolutamente desajustadas a esa capacidad y previsibilidad presupuestal, como así también la llamativa omisión y procrastinación en materia de decisiones que son estratégicas”, aseguró Leonardo Di Doménico, director nacional de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo.
La reacción de diputados
Las primeras consideraciones de los representantes de la oposición es que el problema de la caja “podría haberse resuelto en el año 2023”, cuando el Poder Ejecutivo anterior envió un proyecto de ley “bastante parecido” que la bancada opositora “no quiso votar”, apuntó el diputado colorado Conrado Rodríguez. El nacionalista Pedro Jisdonian agregó que el proyecto de 2023 proponía que el aumento de la tasa de aportación de los activos fuera progresiva y no abrupta, como el texto del actual gobierno, y recordó al mismo tiempo que un decreto de 2024 ya había implementado un aumento —antes era de 16,5%— que “no significó una recaudación considerable”.
Vallcorba respondió que no corresponde al Ejecutivo “entrar en la discusión de por qué no se votó”, pero señaló que el proyecto de 2023 “no daba una solución de fondo a los problemas de la caja”, y obligaba a rediscutir nuevas soluciones más adelante.
Jisdonian referenció los comentarios de sus compañeros con relación a la carencia de diálogo, recordando que la intención del directorio con respecto a los timbres era que se calcularan totalmente a partir del IMS. El colorado Adrián Juri continuó la idea apuntando que el Directorio de la CJPPU ya se manifestó unánimente en contra del proyecto, y que era necesario escucharlos antes de “legislar a los ponchazos”, especialmente teniendo en cuenta “que hasta agosto hay para pagar rubros”. “Si realmente es así, no me parece que tengamos que legislar y sacar a las corridas una ley exprés”, comentó.
Juri también dijo que hubo “oídos sordos” a las propuestas de las asociaciones de profesionales, como la de incorporar el ingreso de los nuevos profesionales dependientes. A esto último, el ministro interino de Economía respondió que ven esa iniciativa como una solución de corto plazo que profundiza la crisis de la CJPPU. “Si no cambio la estructura paramétrica que me asegura que existe un equilibrio entre aportes y prestaciones, lo que estoy haciendo es agrandando el problema”, además de que significaría “sacar” recursos al BPS, argumentó.
El directorio de la caja se pronunció en contra del proyecto del Poder Ejecutivo, mientras que el Colegio de Abogados apoyó la iniciativa y el de los contadores elaboró una propuesta alternativa.
