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El costo del delito: el “potencial de mejora” y un dato “dramático” en la comparación con Europa
Si no hubiera crimen ni violencia, las sociedades latinoamericanas contarían con recursos para aumentar su gasto público un 100% en asistencia social y 78% en educación, según una investigación del BID
La vigilancia privada forma parte de los costos económicos de la inseguridad
En un contexto sin crimen ni violencia, las sociedades de la región contarían con recursos para aumentar su gasto público en asistencia social en más del 100%, o su gasto en educación en un 78%, señala el estudio Los costos del crimen y la violencia: ampliación y actualización de las estimaciones para América Latina y el Caribe, publicado recientemente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
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Plantea que estas comparaciones suscitan el siguiente interrogante: ¿es razonable considerar un escenario contrafáctico en el que no existan ni el crimen ni la violencia? O, en otras palabras: ¿es posible eliminar completamente los costos directos asociados a esos fenómenos (calculados por el mismo estudio en un 3,44% del Producto Interno Bruto [PIB], en promedio, para 2022)? Los autores responden que considerar a la inversión y al gasto en seguridad y justicia como un “costo del crimen” puede resultar contradictorio. Estos recursos buscan reducir el crimen y los costos que este le impone a la sociedad. Por ese motivo, aunque los gastos se etiqueten como un costo, no significa que deban reducirse o eliminarse completamente. Si se realizan de forma efectiva, los gastos e inversiones del sector público en esas áreas reducen los demás costos del crimen. Por ello, un país con un gasto eficiente (“costo-efectivo”) en la prevención, atención y respuesta al crimen podría, a la vez, tener un bajo costo para el sector público y bajos niveles de crimen y violencia.
Entonces, ¿cuánto se podrían reducir los costos del crimen y la violencia? Según esa investigación, una manera de responder a este interrogante es considerar el rango de los costos del crimen y violencia que exhiben los países de América Latina y el Caribe. Si bien existen diferencias estructurales (por ejemplo, geográficas y demográficas) que pueden ser difíciles de soslayar, varios de ellos registran costos directos del crimen cercanos a 2,4% del PIB. Si pudieran acercar sus costos a estos niveles, dispondrían de recursos equivalentes a aproximadamente 1% del PIB (o, como referencia, a 20% del presupuesto en educación) para potenciar el bienestar social, señala.
Otra referencia que puede resultar útil para darle magnitud a la carga del crimen y la violencia en América Latina y el Caribe y dimensionar el potencial de mejora consiste en considerar los costos directos del crimen y la violencia que se registran en países fuera de la región. Con esta finalidad, se calcularon los costos directos para seis países de Europa (Holanda, Irlanda, Polonia, Portugal, República Checa y Suecia) utilizando la misma metodología. Según el estudio del BID, los costos directos en estos seis países van de 1,5% a 2,7% del PIB —2% en promedio—, un 42% menos que en América Latina y el Caribe. En esa comparación “se observa un potencial de mejora” en los tres rubros de costos directos: el costo público en América Latina y el Caribe es un 26% mayor al promedio de los seis países (1,1% versus 0,9%); el costo privado es un 64% más alto (1,6% frente a 1%), y —probablemente lo más dramático—, el costo en capital humano es cuatro veces mayor (0,8% y 0,2%, respectivamente). “El carácter dramático de la estimación se magnifica al advertir que estos costos representan solo una porción pequeña del impacto que ejercen el crimen y la violencia en los habitantes” de la región, subrayan los autores.
