Fitch Ratings ve “desafíos para la consolidación fiscal a mediano plazo”

Esa perspectiva, sumada a “las demandas de un mayor gasto social y el limitado apetito por medidas estructurales para aumentar los ingresos”, supone “desafíos para la consolidación fiscal a mediano plazo”, agrega con lenguaje sutil al responder por escrito un cuestionario de Búsqueda. En otras palabras, el plan fiscal del ministro Gabriel Oddone, con su diseño actual, podría enfrentar dificultades para conseguir abatir el déficit.

—Desde la perspectiva de la calificación soberana del país, ¿qué lectura hace del crecimiento de 1,8% del PIB registrado en 2025, que estuvo por debajo de lo proyectado? ¿Qué estimación realiza Fitch para 2026 y cuáles serían los motores?

—El 1,8% en 2025 es consistente con el largo historial de crecimiento débil de Uruguay, el cual alcanzó en promedio apenas un 1,3% durante el período 2015-2024. La desaceleración a lo largo del último año es notable, con un fuerte crecimiento en el primer trimestre (4%) impulsado por la reapertura de la refinería de petróleo, desacelerándose a cerca de cero para el cuarto trimestre. Fitch actualmente proyecta un crecimiento del 1,8% para 2026 y 2% para 2027, por debajo de la mediana de “BBB” del 2,4%, aunque con riesgos a la baja, dependiendo de la duración de la guerra en Irán y el choque de precios energéticos globales, lo que llevaría a una mayor factura de importación de petróleo y fertilizantes. El impacto sobre las finanzas públicas dependerá de la medida en que el gobierno busque absorber parte del choque de precios del petróleo o trasladar los precios más altos a los consumidores.

—La tasa de inversión en Uruguay está por debajo de la media de los países con similar calificación, que ronda el 22,4% del PIB. ¿Fitch prevé un aumento relevante de esa tasa como consecuencia de las medidas de desburocratización del comercio exterior anunciadas por las autoridades y la futura ley de competitividad e innovación?

—Aún es demasiado pronto para decir si las reformas microeconómicas y las medidas que se introducirán en la ley de competitividad e innovación tendrán un impacto significativo en la inversión, aunque deberían ayudar al menos marginalmente. Sin embargo, las rigideces en el mercado laboral y los altos costos de producción podrían continuar limitando el crecimiento. La implementación del tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea podría aportar cierto impulso a las exportaciones en la segunda mitad del año.

—El gobierno previó al elaborar el Presupuesto quinquenal una mejora gradual en el resultado fiscal asentada en la expectativa de mayores ingresos asociados a las modificaciones impositivas y a más eficiencia recaudatoria. ¿Esas metas son cumplibles, dado el contexto de modesto crecimiento económico, una inflación menor a la proyectada y la alta incertidumbre internacional?

—La dinámica fiscal sigue siendo débil. El déficit del gobierno central aumentó al 3,7% del PIB en 2025 (4,1% excluyendo ingresos extraordinarios de la seguridad social), frente al 3,1% (3,3% excluyendo transferencias) registrado en 2024. Los ingresos crecieron por encima del crecimiento nominal del PIB (8,5%), pero se vieron superados por un aumento aún mayor en el gasto (10,2%).

Ahora prevemos que el déficit aumente al 4,3% del PIB en 2026 —dadas las continuas presiones de gasto y la incertidumbre sobre el costo fiscal de los subsidios a los combustibles— y que descienda al 4% del PIB en 2027, cifras ligeramente superiores a nuestras estimaciones anteriores.

El crecimiento débil, las demandas de un mayor gasto social y el limitado apetito por medidas estructurales para aumentar los ingresos plantean desafíos para la consolidación fiscal a mediano plazo. La consolidación fiscal contemplada en el Presupuesto quinquenal del gobierno depende de un aumento significativo de los ingresos, de aproximadamente el 1,5% del PIB, para 2029. Parte de este incremento (0,5 puntos porcentuales) provendrá de los recientes aumentos impositivos; sin embargo, se espera que el resto provenga de medidas administrativas, por lo que resulta incierto. La contención del gasto a partir de 2027 podría resultar difícil de concretar a medida que se acerquen las próximas elecciones en 2029.

—A propósito de ese último aspecto, encuestas de opinión muestran una creciente desaprobación de la gestión del gobierno —a niveles casi comparables con los de la administración del presidente Jorge Batlle al inicio de 2001, según Equipos Consultores—. ¿Es un escenario de economía política que la agencia tiene en cuenta en su métrica de análisis, considerando los eventuales desafíos que supone para implementar ajustes o reformas?

—El gobierno no tiene una agenda ambiciosa de reformas legislativas que requiera un amplio respaldo político o parlamentario. Es probable que el gobierno continúe impulsando su agenda microeconómica con el fin de reducir la burocracia y mejorar el clima de negocios, especialmente ante la desaceleración del crecimiento.

No obstante, el deterioro del apoyo público podría dificultar la implementación de recortes del gasto como parte de la consolidación fiscal prevista, particularmente durante la segunda mitad del mandato, a medida que se acerquen las próximas elecciones. Esto implica que es probable que los déficits fiscales se mantengan estructuralmente elevados, sobre todo si no se materializan los aumentos de ingresos previstos derivados de la gestión tributaria. Asimismo, los desafíos demográficos a mediano y largo plazo ejercerán presión sobre el ya débil crecimiento y sobre las métricas fiscales.