Los casi 2.000 exfuncionarios de Casa de Galicia terminaron de cobrar sus créditos laborales hace pocos meses, luego de que se creara un fondo especial para saldar las deudas de la institución médica que cerró en diciembre de 2021.
El personal de la salud esperó más de dos años para cobrar las indemnizaciones por despido —a instancias de un caso que fue muy complejo por la dimensión y las implicancias judiciales derivadas—, pero antes de 2019, cuando empezó a funcionar el Fondo de Garantía de Créditos Laborales (FGCL) creado por la Ley 19.690, si una empresa privada “bajaba cortina” sin que el dueño cumpliera con sus obligaciones, el trabajador no cobraba.
A pesar de que exista ese “seguro” o “protección” por hasta cierto monto, los empleados del sector privado tienen varios meses de espera para poder cobrar sus haberes debido a lo “engorroso” de la herramienta, que debería simplificarse, dijo a Búsqueda el juez de Concurso Leonardo Méndez. “El espíritu de la herramienta es muy bueno, el asunto es la forma en que se instrumenta su utilización, que amerita un cambio, una simplificación para el trabajador”, apuntó.
El magistrado agregó que el tema ha sido objeto de “charlas y preocupación” de síndicos e interventores. Aseguró que varios tienen la iniciativa de proponer en conjunto una modificación a la normativa, si bien en primera instancia los cambios se le plantearían al Banco de Previsión Social (BPS), que es el administrador del fondo.
“La ley no contempla una unidad de criterios y una efectiva comunicación entre los distintos sujetos que intervienen en el proceso. Eso provoca que el BPS solicite información complementaria o realice observaciones a las solicitudes, lo que implica el retardo en el acceso a la cobertura”, dijo a Búsqueda Pablo Briñón, del Sector Jurídico de la Liga de Defensa Comercial (Lideco).
Fondos acumulados
El FGCL asegura los créditos laborales de los trabajadores dependientes de la actividad privada por los servicios remunerados amparados por el BPS, la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias y la Caja Notarial. Ello abarca los sueldos y jornales correspondientes a los últimos seis meses —excluyendo horas extras, descansos intermedios trabajados, primas (asiduidad, nocturnidad, antigüedad, etcétera)— en un monto máximo nominal de 105.000 unidades indexadas (UI) a la inflación por trabajador. Eso equivale a unos $ 642.000.
A más de cinco años de su puesta en marcha, hasta mayo el FGCL contaba con el equivalente a unos US$ 7 millones y llevaba pagas las coberturas de unos 2.200 trabajadores de 45 empresas, según datos del instituto previsional a los que accedió Búsqueda a través de un pedido de acceso a la información pública.
Desde enero de 2019 el fondo de insolvencia patronal se nutre del aporte de los empleadores, equivalente al 0,025% de las partidas que le corresponde percibir al trabajador. Desde su creación hasta mayo de este año, según detalló el Departamento de Finanzas del BPS, lo recaudado por el FGCL totalizaba $ 562,9 millones (US$ 14,6 millones) y registraba egresos por algo más de la mitad de esa cifra ($ 304 millones o unos US$ 7,9 millones).
Según el flujo de fondos informado mes a mes desde enero de 2019 hasta mayo de 2024, el FGCL realizó pagos desde febrero de 2020 sin interrupciones (excepto en setiembre de 2020, marzo de 2022 y noviembre y diciembre de 2023). Siempre tuvo saldo suficiente.
El primer desembolso fue en febrero de 2020, previo a la pandemia de Covid-19. Ese año, en total fueron 37 los trabajadores de cuatro empresas que recibieron cobertura de créditos laborales impagos por $ 5,4 millones (monto nominal liquidado). En 2021, los egresos del fondo totalizaron el equivalente a $ 22,2 millones gestionados por 106 empleados, correspondiente a media docena de firmas. Al año siguiente, el monto liquidado y la cantidad de personas beneficiadas cayó a cerca de la mitad ($ 12,9 millones y 45 trabajadores). En 2023 se liquidaron créditos laborales por $ 47 millones a 145 trabajadores de 20 empresas.
Y este año, entre enero y julio de 2024, el flujo del FGCL registra un pico de 1.865 trabajadores, correspondiente a 28 empresas, y el monto nominal liquidado más alto desde su creación, con $ 258,7 millones (unos US$ 6,4 millones). Esos datos surgen del Sistema de Prestaciones con datos al 31 de julio, según se indica en el expediente del pedido de acceso a la información.
De acuerdo con las consultas realizadas por Búsqueda, el salto en la cantidad de trabajadores y en el monto liquidado este año responde al cobro por parte de los exempleados de Casa de Galicia. Es que a fin de 2023 se creó por ley —reglamentada el último día de febrero— el Fondo de Insolvencia Casa de Galicia en el BPS para el pago de los créditos posconcursales por hasta 30.000 UI, que generó el derecho al cobro de la prestación en los siguientes 60 días, que se cumplieron en mayo. Esa norma especial fue necesaria, ya que el BPS no considera que el FGCL cubre el pago de créditos laborales posconcurso, explicaron los informantes, y por ese criterio el personal de la mutualista no habría tenido derecho a cobrar la indemnización por despido, que fue posterior al decreto de concurso.
Como una misma empresa puede figurar más de una vez en el año, según los reclamos de los trabajadores que se tramiten y se acepten por el BPS, desde sus inicios hasta julio de 2024 inclusive el FGCL dio cobertura a 2.198 trabajadores de 45 firmas y pagó créditos laborales por $ 346,4 millones nominales (US$ 8,6 millones).
El BPS no desagregó —como solicitó Búsqueda— el nombre de las empresas y los meses de liquidación de los créditos porque ello “vulneraría el secreto tributario y estadístico”.
Además, detalló que hay 318 trabajadores que solicitaron el amparo al FGCL, de 49 empresas, que todavía no han cobrado $ 166,7 millones (US$ 4,2 millones).
Cambios
La existencia del FGCL es algo positivo para los trabajadores, pero tiene problemas de funcionamiento, explicaron las fuentes consultadas.
Briñón consideró que la norma podría mejorarse con algunas modificaciones pequeñas para darles agilidad y seguridad jurídica a todas las personas que intervienen, ya sea el propio acreedor laboral, el BPS, la firma concursada, la sindicatura, etc. A su juicio, es preciso que haya unidad de criterios entre los plazos del proceso concursal y lo que solicita el BPS. Alegó que la norma tiene errores desde el punto de vista jurídico y técnico que provocan dilaciones en el proceso, que termina siendo “muy burocrático”.
Además, se podrían aclarar algunos conceptos, comentó, que causan “incertidumbre”: si la ley garantiza solo los créditos que se produjeron antes de la declaración de concurso o si también contempla los que se generan en todo el proceso concursal.
Tanto Briñón como el magistrado Méndez comentaron que se han incrementado los concursos solicitados por los acreedores (“necesarios”) laborales como una derivación de lo que la norma del fondo establece. Lo que sucede es que el BPS no paga al trabajador aunque tenga una sentencia laboral que haya intimado al empleador a cumplir con las obligaciones y no lo haya hecho. Eso, consideran, debería ser suficiente para acceder al FGCL. Sin embargo, por como está redactada la regulación el trabajador debe probar la insolvencia por la vía de la Justicia concursal, lo que ha producido más expedientes, demoras y costos al sistema.
