Hay casi 19.000 cofres fort arrendados, un servicio que tuvo su auge en la crisis de 2002

Según estadísticas entregadas a Búsqueda por el Banco Central (BCU), en respuesta a un pedido de acceso a la información pública, los cofres son un negocio que, en cantidades totales, se ha ido achicando y, además, lentamente está cambiando de proveedores. En diciembre del año pasado había 18.900 de estas cajas de seguridad arrendadas, una cifra que se compara con las 19.530 de 2024 y las 22.232 de 2020.

Seguridad encofrada

La regulación exige que estas cajas de acero tengan cierto espesor mínimo y cerraduras con no menos de 60.000 combinaciones distintas. Deben estar instaladas en un recinto exclusivo con las características de una bóveda o tesoro, con puertas de rejas y con gabinetes individuales para los usuarios, a fin de garantizar la privacidad. Entre otras cosas, también se requieren sensores del tipo sísmicos, antimasking, de humo y de pánico, además de cámaras de videovigilancia para monitorear la secuencia completa de actividades de quienes ingresan al área, salvo la desarrollada en el interior de los gabinetes.

Los 18.900 cofres que estaban arrendados en diciembre eran provistos por 19 instituciones.

Si bien son los bancos —ocho, de un total de nueve— los que tienen más, la cifra de sus arrendamientos se redujo en lo que va de la presente década; pasaron de 15.774 a fines de 2020 a 12.281 cinco años después. Las estadísticas entregadas por el BCU son agregadas, sin identificar cuáles son las instituciones ni sus datos específicos.

Si bien el servicio básico es el mismo, el mercado ofrece alternativas en prestaciones y tarifas.

El Banco República (BROU), por ejemplo, ofrece cinco tamaños de cofres, desde el “alhajero” (con una capacidad de entre tres y siete decímetros cúbicos) hasta el “mayor” (más de 73 decímetros cúbicos); en su sitio web informa que cobra una comisión de contratación de US$ 50 no reembolsable y tarifas que van de US$ 253 a US$ 1.208 al año (el plazo mínimo de los contratos). Habilita seis visitas mensuales sin cargo. Cuesta US$ 50 encargar una nueva llave ante el extravío por parte del cliente y US$ 250 si se requiere de una “apertura violenta” de la caja de seguridad.

También se redujo la cantidad de cofres arrendados por las empresas de servicios financieros —cuatro con este servicio, actualmente—, de 2.263 en diciembre de 2020 a 1.796 al término de 2025.

“Con los tiempos que corren, la inseguridad, su hogar solo por muchas horas, papeles importantes de su empresa, valores, metales, joyas, etcétera”, señala la web de Gales Servicios Financieros para vender su servicio. Cobra un cargo fijo (por única vez) de US$ 200 y una garantía de US$ 300 a los no residentes, además de costos anuales que van de US$ 230 a US$ 1.355 según el tamaño de los cofres y la sucursal.

Por el contrario, aumentaron las cifras tanto en las tres casas de cambio que alquilan cofres (de 73 en 2020 a 280 en 2025) como en las cuatro empresas de servicios de arrendamiento y custodia de seguridad (de 4.122 a 4.543).

Cofres y lavado

Además de seguridad, los cofres fort ofrecen confidencialidad; un contrato estándar —como el del BROU— establece como restricción que los objetos que se guarden allí no sean materias inflamables o explosivas, que por su olor resulten molestos o que signifiquen “riesgo, cualquiera sea su naturaleza”, a criterio de la institución.

En su respuesta, el BCU explicó que las estadísticas informadas son relevadas por su Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) obtenida en cumplimiento de la finalidad de prevención y combate al lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

En enero de 2018, la Policía de Crimen Organizado incautó en billetes unos US$ 6 millones resguardados en distintos cofres en instituciones de Punta del Este y Montevideo que pertenecían al argentino Marcelo Balcedo, exsindicalista y dueño de medios de comunicación, condenado por lavado de activos, contrabando y tráfico de armas junto con su esposa. Fue la “mayor incautación de dinero vivo (efectivo) en la historia del país”, declaró el entonces fiscal de Corte y actual prosecretario de la Presidencia de la República, Jorge Díaz, consignó entonces El Observador.

Un reciente informe de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) citado el mes pasado por El País, menciona a los cofres fort como una de las ocho vías que utiliza más frecuentemente el crimen organizado para infiltrarse en la economía legal en Uruguay. Señala que, a diferencia de otros métodos que buscan bancarizar el dinero, esta modalidad se basa en mantener la riqueza fuera del radar financiero el mayor tiempo posible. Agrega que, para utilizar ese dinero sin alertar a los bancos, las organizaciones operan exclusivamente en efectivo para realizar reformas millonarias en sus viviendas o comprar autos de alta gama, y el excedente se oculta en cajas fuertes y cofres fort alquilados, a menudo bajo nombres de empresas “fantasma”, que no tienen empleados ni oficinas.

De la Memoria Anual de la UIAF de 2024 surge que en ese año no hubo ningún reporte de operaciones sospechosas de lavado de activos realizado por “empresas de cofres de seguridad”.

Por otro lado, entre las potestades de esa unidad del BCU está la de inmovilizar fondos y la prohibición de acceso a cofres fort ante la sospechosa de que las operaciones involucren fondos procedentes de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En 2024, la UIAF no tomó ninguna de esas medidas.