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    Balcedo presentó el tercer pedido de refugio en Uruguay, mientras, la Justicia lo mantiene embargado a pedido de Argentina

    Un tribunal de apelaciones rechazó la solicitud del exsindicalista y su esposa de que se levantaran las medidas cautelares sobre sus bienes, valuados en US$ 26 millones

    El exsindicalista argentino y dueño de medios de comunicación Marcelo Balcedo y su esposa, Paola Fiege, siguen viviendo con sus hijos en su lujosa mansión El Gran Chaparral en Playa Verde, en el departamento de Maldonado, donde fueron detenidos en enero de 2018 a pedido de la Justicia argentina, que había librado una alerta roja de Interpol por presuntas actividades ilícitas en ese país. La solicitud de extradición del país vecino nunca llegó a implementarse, primero porque tenían que cumplir la condena que recibieron en Uruguay y luego por sucesivos pedidos de refugio que realizaron sus abogados, que suspendieron el avance de los procesos de extradición.

    Fernando Torres, que defiende a la pareja desde febrero de este año, presentó este miércoles 20 de agosto una tercera solicitud de refugio de Balcedo, luego de que la segunda fuera rechazada recientemente, según confirmó el abogado a Búsqueda. En el caso de Fiege, todavía se encuentra en análisis el segundo pedido. Mientras tanto, ambos permanecen con tobilleras electrónicas como medidas cautelares por la eventual extradición a Argentina y, en el caso de Balcedo, también debe cumplir un arresto domiciliario nocturno.

    La condena en Uruguay por lavado de activos, contrabando y tráfico de armas y municiones que alcanzó a través de un acuerdo abreviado en 2020 el exsindicalista argentino terminó de cumplirse en diciembre de 2024, y en el caso de Fiege, que había sido condenada por asistencia al lavado, finalizó en 2022.

    Mantienen embargos millonarios

    La pareja tuvo un nuevo revés en la Justicia uruguaya. Había reclamado que se levantaran las medidas cautelares sobre parte de sus bienes que fueron incautados a pedido de la Justicia argentina, salvo los que fueron decomisados por el Estado uruguayo (cuatro vehículos automotores usados marca Porsche, Rover y Chevrolet, US$ 4 millones y el chalet Sounión en Playa Verde) en el marco del juicio local que terminó con su condena.

    Los abogados de Balcedo y Fiege entienden que el resto de los bienes embargados a pedido de Argentina, por un valor estimado de US$ 26 millones, debían ser devueltos porque -como estableció la sentencia de condena- se utilizaron para garantizar el cumplimiento de la libertad vigilada, que ya fue cumplida.

    Sin embargo, la sentencia del 21 de julio de 2025 del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1er turno, de los ministros Graciela Eustachio y Marcelo Malvar, a la que accedió Búsqueda, negó el pedido de los denunciantes debido a que “la asistencia penal internacional es un deber del Estado” y Argentina ha reclamado que se tomen las medidas cautelares con el objetivo de resguardar los bienes ante una eventual sentencia de decomiso en ese país.

    Explica que, según el tribunal argentino que solicitó los embargos, las medidas cautelares tienen como objetivo “garantizar el efectivo cumplimiento de la eventual condena pecuniaria que pudiera recaer”. Y añade que el Estado ha mantenido interés en el proceso, al punto tal que pidió la reinscripción de los embargos a fines del 2022.

    “Teniendo presente que está firme la decisión de extradición —sin perjuicio del eventual resultado de la revisión— y que en consecuencia está pendiente el juzgamiento en Argentina por los delitos que fundaron el pedido de extradición, y por consiguiente, es incierto el origen y naturaleza de esos bienes, no corresponde decidir in límine la exclusión de ellos, asumiendo que por el solo hecho de no haber sido confiscados su origen es lícito y no proviene de los eventuales delitos cometidos en el Estado requirente”, establece la sentencia.

    Reclamo ante la Suprema Corte

    Balcedo y Fiege presentaron ante la Suprema Corte de Justicia un recurso de revisión para anular las sentencias de extradición, que se encuentran a estudio del máximo órgano del Poder Judicial. Solicitan la nulidad porque plantean que se estaría vulnerando el principio de la cosa juzgada, pues en 2020 fueron condenados por el delito de lavado de activos y la extradición “se fundamenta en los mismos hechos (o en algunos de ellos)”, dice el documento, que agrega que “de accederse a la extradición resuelta se estaría poniendo a los comparecientes en la ilegítima situación de ser condenados dos veces por un mismo delito de lavado de activos”. En todo caso, consideran que debería librarse un nuevo exhorto en su contra.

    También reclaman que la solicitud de extradición incorpora delitos como el narcotráfico, como posible delito precedente del lavado, que aseguran “induce al error a la Justicia uruguaya” porque son hechos que no se ajustan a la realidad ni surgen verificados por la Justicia argentina, dijo Torres. En el recurso de revisión señalan que el posible vínculo con la causa por narcotráfico de la banda de Los Monos de la provincia de Rosario que se había planteado la Justicia argentina “no tiene ninguna relación” con Balcedo y Fiege, porque no están indagados ni procesados.

    A finales de marzo de este año se conocieron los fundamentos de la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1º de la ciudad de La Plata, en Argentina, de la causa que indagó un esquema de desvío de fondos del Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y la Minoridad (Soeme) y motivó la detención de Balcedo en Uruguay. Entre los condenados estaba Mauricio Yebra, señalado como mano derecha de Balcedo dentro de la organización criminal que funcionaba dentro del sindicato. Según informó Infobae en marzo, utilizaban empresas ficticias y testaferros para blanquear los fondos sustraídos, unos 510 millones de pesos argentinos, entre 2012 y 2018. Según indicó el medio argentino, el proceso judicial sigue su curso y se encuentra en una nueva fase de investigación. Sobre Balcedo y Fiege mencionan que la extradición está pendiente y todavía no fueron interrogados por la causa.

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