Jerarca del MTOP señala “omisión” de la gestión anterior ante graves observaciones de la Auditoría Interna de la Nación

La resolución de la auditoría, del 16 de enero, daba un plazo de 30 días para responder con un plan de acción, pero la Dirección de Hidrografía recién tomó conocimiento de ella a fines de marzo, según declaró a Búsqueda Carlos Colacce, nueva autoridad al frente de esta dependencia. “Cuando yo asumí, en la transición no tuve ninguna información al respecto, y, de hecho, nos enteramos acudiendo a la información pública porque acá no constaba la recepción de esa auditoría”, relató. Y aclaró que luego se halló una carpeta con el expediente que formó parte de un “traspapelamiento” de “una gestión a otra”. A su entender, se trata de una omisión a relativizar en el entendido de que fue un problema “meramente burocrático”, aunque “tendría que haber sido informado”.

Esencialmente, el plan a presentar por la DNH abarca un refuerzo de los recursos humanos para que Hidrografía cumpla correctamente con sus funciones. Según el jerarca, las observaciones de la AIN comparten como origen “una falta muy importante de personal”, algo que constató desde antes de asumir. Añadió que “las tareas que hay que cumplir están muy claras” y que “no hay carencias técnicas con respecto a lo que se pide”, pero que es necesario “un cuerpo inspectivo más nutrido” y “procedimientos exhaustivos” para mejorar el control de las extracciones autorizadas de materiales.

Si bien el informe de la AIN aclara que Extracción de Materiales “cumple con los cometidos asignados”, cuenta con una sola encargada que concentra una amplia lista de funciones, mientras que hay solo tres inspectores, de los cuales dos están cercanos a egresar por causal jubilatoria. Estos deben acudir al asesoramiento de un ingeniero agrónomo externo al departamento, ya que luego de una reestructura quedaron “sin recursos” para evaluar las zonas de extracción de compleja delimitación y de áreas protegidas como la laguna Merín, el río Uruguay y el río Santa Lucía. La AIN consideró que esto representa un riesgo “alto” para la sostenibilidad ambiental y que genera conflictos de interés, por lo que no permitiría asegurar la gestión transparente de los cometidos ni el cumplimiento de las tareas.

Control, supervisión e inspección

Otros riesgos altos son que se otorguen renovaciones que no cumplan con los requisitos operacionales, que las áreas resulten afectadas por un exceso de extracción y que no se recaude lo debido por los permisos. La AIN constató permisarios que trimestralmente declaran extracciones que exceden —incluso en un 100%— el volumen de material autorizado, a la vez que no hay un registro de incumplimientos y extracciones ilegales detectadas por los inspectores. Además, mencionaron una ausencia de supervisiones sistematizadas que puedan detectar esos incumplimientos, así como de controles sobre el cumplimiento de los requisitos para realizar extracciones, “existiendo permisos con renovaciones vigentes con una antigüedad de 30 años”. Tampoco se realiza un control trimestral de declaraciones juradas ni de la información que estas consignan, constatándose casos con datos incompletos.

Dentro de los hallazgos con criticidad alta, especialmente para la imagen y reputación institucional, la AIN también señaló una falta de “equipamiento idóneo” para el trabajo de los inspectores, que en ocasiones utilizan herramientas personales para el registro gráfico de las zonas a evaluar. Los informes, además, “presentan inconsistencias” en cuanto a fechas, mediciones y guías de transporte, existiendo una “inconsistencia de criterios unificados”. Por otro lado, no se encontró documentación que evidencie inspecciones de las zonas a extraer previas al otorgamiento de permisos o sus renovaciones, a los efectos de evaluar su aptitud y los medios solicitados para la extracción.

Administración y recaudación

En cuanto a la gestión administrativa y documental, también de criticidad alta, el organismo de contralor halló que las resoluciones para otorgar permisos de extracción “carecen de fecha de emisión” y “no especifican el período de vigencia” en el que se pueden comenzar a explotar los recursos, algo que oscurece el inicio de los derechos de los permisarios y el cumplimiento de sus obligaciones. Además, el decreto de fecha 16/10/1962 establece obligaciones para los permisarios que no fueron encontradas en los contratos establecidos, algo que “propicia situaciones de incumplimientos”. Los permisos están archivados en carpetas físicas, sin respaldo digital, y los informes de las inspecciones junto a las denuncias son llevadas por cada inspector individual.

El proceso de recaudación, a cargo de la encargada del departamento, no cuenta con controles externos por parte del Departamento Financiero Contable de la DNH. La AIN advirtió que existe un riesgo de criticidad media en cuanto se podrían generar errores en los importes facturados por la ausencia de un tarifario preconfigurado en el sistema RFA que calcule los importes según el tipo de material y el volumen extraído, obligando a registrar las facturas de manera manual. Tampoco se realiza un seguimiento a los deudores; solo se hace si estos solicitan una renovación de sus permisos.

Existen otros incumplimientos normativos. En relación con las disposiciones del decreto mencionado anteriormente, “no se realizan llamados a licitaciones para concesionar permisos que exceden los 1.000 metros cúbicos” y “no se consignan depósitos de garantía de fiel cumplimiento de contratos”. En el marco de la Ley 20.212, vigente al 1º de enero de 2024, se dispone que el transporte de materiales debe contar con certificados guía en soporte electrónico, mientras que los permisarios continúan utilizando soporte en papel. También se incumple la obligación de acreditar la obtención de la autorización del Ministerio de Ambiente para otorgar la concesión de permisos mayores a 50 metros cúbicos en las cuencas de los ríos Santa Lucía, Yi, Negro, Cebollatí, Río de la Plata y Uruguay.