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La DGI se presentó como acreedor de Conexión Ganadera; es un “balde de agua fría” para damnificados
Los créditos por impuestos impagos tendrían un “privilegio general”, por lo que estarían primeros “en la fila” al momento de repartir los activos que se logren recuperar
En julio, la Justicia imputó por estafa y lavado de activos a los principales responsables de Conexión Ganadera
La Dirección General Impositiva (DGI) se presentó a verificar créditos en el expediente de concurso de Conexión Ganadera (CG), dijeron a Búsqueda abogados que asesoran a algunos grupos de inversores damnificados.
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Señalaron que esa solicitud tardía de la Impositiva, realizada el jueves 24, se ampara en el artículo 110 de la ley concursal, en el que se establece un “privilegio general” para cobrar tributos nacionales exigibles hasta con cuatro años de anterioridad a la declaración de concurso.
Como es una presentación fuera del plazo, la DGI debe abonar en primera instancia el 2% de honorarios a la sindicatura calculado sobre el monto que pretende verificar, y luego la sindicatura deberá informar si es admisible o no y justificarlo.
“Se presentan pagando la penalización por hacerlo fuera del plazo, con la plata de todos nosotros, y a reducir lo poco que tenemos para los 4.000 damnificados”, señaló a Búsqueda uno de los defensores. Dijo que los afectados por CG están “desilusionados y enojados” con la pretensión de la oficina recaudadora.
La fuente agregó que la gestión de la DGI “desmorona las chances de recupero y cae como un balde de agua fría”, ya que los damnificados advierten que, en los últimos años, la administración tributaria no inspeccionó a CG ni como agente de retención de impuestos ni como contribuyente, y ahora pretende cobrarle.
Estado “cómplice por omisión”
Si la DGI hubiera cumplido su rol de manera eficiente en los últimos 25 años, posiblemente habría destapado el negocio montado por Pablo Carrasco y Gustavo Basso —los fundadores y socios principales en la empresa que ofrecía invertir en el engorde de ganado— y habría evitado que tantos inversores salieran perjudicados con el cierre de CG, señaló. “Es incoherente que el Banco Central defienda que no era una actividad financiera y que la DGI pretenda cobrar IRPF” sobre las ganancias obtenidas antes de la debacle de la firma, sostienen algunos grupos de inversores.
Algunas personas organizadas y afectadas por CG tienen la intención de manifestarse públicamente en contra de la DGI, pero que los abogados les sugirieron que esta “lucha será en el juzgado con argumentos” que apunten a defender y proteger el derecho de cobro de los inversores por sobre los de la Impositiva.
Damnificados empezaron a difundir a través de algunas redes sociales su descontento. En una publicación en Instagram, un grupo señala que la DGI “llegó 25 años tarde, no para explicar, no para asumir culpas. Llegó a ver si todavía puede cobrar algo del desastre que nunca controló”. También asegura que el Estado fue “cómplice por omisión” de la presunta estafa con las inversiones ganaderas.
Remate de ganado
El caso de CG involucra a más de 4.000 inversores presuntamente damnificados y pérdidas que superarían los US$ 400 millones, según estimaciones de los denunciantes. La empresa, con más de 25 años de trayectoria, ofrecía un modelo de inversión en ganado que resultó insostenible y terminó en su cierre, a fines del año pasado.
En el marco del concurso de acreedores, el síndico tiene a estudio más de 320 piezas de 300 fojas cada una con listados de inversores que, a diferencia de la DGI, se presentaron a tiempo (durante los 60 días posteriores a haber sido decretado el concurso de CG, plazo que expiró a fines de abril pasado).
Mientras tanto, la sindicatura viene rematando ganado para solventar los costos operativos de la empresa concursada y depositando lo que queda “libre” para un posterior reparto entre los acreedores. Se llevan comercializados unos 20.000 vacunos, entre subastas, ventas directas a portera cerrada y a frigoríficos. Para este martes 29 está previsto el remate de hasta 14.000 cabezas más.
