MTOP aprobará fondos para convenios sociales de forma “más justa y equitativa” que el gobierno anterior

Ahora, la nueva administración tiene en carpeta 89 solicitudes de convenio estudiadas —ingresadas entre los dos períodos— que están a la espera de “los recursos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas” (MEF) para ser firmadas, y otras 285 solicitudes todavía sin analizar, declaró Tierno, director nacional de Arquitectura. Entre ellas “hay algunas que tienen años y se trancaron por algún motivo”, agregó ese exdiputado frenteamplista por Durazno.

Si bien todos los convenios aprobados en el gobierno anterior se ejecutarán, la nueva administración va a “priorizar” actividades que impliquen rubros como infancia, adolescencia, salud, deporte y tercera edad, por lo que otro tipo de proyectos podrían postergarse, definió.

Distribución “más equitativa”

La aplicación del programa de convenios sociales durante la gestión de la coalición republicana no estuvo exenta de polémicas; desde la oposición se acusó al ministro Falero de beneficiar a su departamento natal, San José, de donde también fue intendente.

Para el hoy responsable de Arquitectura “está claro en los números” de la DNA que Falero —actual senador por el Partido Nacional— tuvo “una mirada con mucho más cariño para su departamento y los departamentos de alrededor” a San José, aunque aclaró que tampoco definiría eso como una irregularidad, sino como una “toma de decisión” dentro de las potestades ministeriales.

“En Montevideo se firmaron 102 convenios y en Canelones 44. Estamos hablando del 60% de la población o más. San José tiene 50. En Rivera, de 452 convenios, solo llegaron cinco. Se definió por parte de la administración anterior que la mayoría de los convenios, sacando Montevideo y Canelones, vayan a San José, Soriano y Paysandú”, aseguró.

Porque “la mayoría” de las instituciones sociales plausibles de recibir este apoyo económico “tienen las mismas necesidades” y “están desperdigadas por todo el país”, Tierno señaló que la DNA está realizando evaluaciones para repartir los dineros públicos de forma “más justa y equitativa”. También están en coordinación con la Secretaría Nacional de Deportes para que en este período no se dé “una reiteración de apoyos a instituciones deportivas que están muy cerca geográficamente” y, al contrario, se logre que las intervenciones “se complementen”.

Otra polémica en torno a los convenios sociales se dio luego de que el senador frenteamplista Nicolás Viera dijera a la diaria que el MTOP firmó 40 convenios con asociaciones de Colonia —departamento que se habría favorecido por el accionar de “punteros políticos”—, de los cuales 15 quedarían “pendientes” por acordarse luego de las elecciones nacionales, por lo que se avanzó “sobre promesas que no tenían fondos”. El entonces adscripto en Colonia, Edgar Collazo, respondió en Carmelo Portal que los convenios estaban “en ejecución” y con las “primeras partidas” del “50% del monto total” ya transferidas. Sin embargo, “la nueva administración no continuó con esas firmas”.

Sobre esa controversia, Tierno aclaró: “No es que no había plata, los recursos se habían gastado y estos no tenían todavía los recursos presupuestales nuevos”. Interpretó que “capaz que Viera entendió como que se habían gastado los recursos porque se firmaron varios convenios en diciembre, enero y febrero. (...) Pero no es que se hubiera comprometido en el gobierno anterior, falta este año”. Negó, además, lo dicho por Collazo sobre la transferencia de primeras partidas y una detención de las firmas; “los tenemos prontos y estamos esperando los recursos de Economía para este año, aparte del presupuesto quinquenal”, señaló.

La segunda pata

Otra función relevante de la DNA tiene que ver con los Acuerdos Marco de Cooperación Técnica Interinstitucional, que se dan con diferentes ministerios, entes autónomos y otras oficinas del Estado.

En esos acuerdos, las instituciones públicas o “comitentes” son clientes de la DNA —que funcionaría como una empresa de construcción pública— y establecen un monto límite dentro del cual, a través de acuerdos complementarios, se podrán ejecutar las distintas obras previstas para el quinquenio. En este caso, la DNA no tiene potestad de “priorizar” unos proyectos ante otros.

En respuesta a un pedido de acceso a la información realizado por Búsqueda en el anterior período de gobierno, el MTOP informó el monto de estos acuerdos marco de “las obras finalizadas, en ejecución o a iniciar que cuentan con recursos depositados por el comitente”. Totalizan en conjunto unos $ 925 millones, equivalentes a US$ 27,1 millones (convertidos todos los contratos al tipo de cambio al cierre de febrero pasado, ya que no se dispuso de sus respectivas fechas).

El Poder Judicial, por “sedes judiciales (Montevideo)”, figura como el acuerdo por mayor monto, por un total de $ 200 millones. En cuanto a cantidades de acuerdos, la Administración Nacional de Educación Pública es el ente que lidera, con 14 obras que representan el 18,4% del total de obras listadas. Le siguieron de cerca el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay y el Ministerio de Educación y Cultura.

Actualmente, la DNA está trabajando en la gestión de las firmas por nuevos acuerdos marco, que primero deben pasar por el análisis del Tribunal de Cuentas y la aprobación de Presidencia de la República. “A fines de este año” o “a principios del que viene” comenzarán a ejecutarse las obras contratadas, estimó Tierno.