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La recaudación total de tributos el año pasado creció, en valores reales, a un ritmo menor al que las autoridades y la mediana de los analistas privados estima que lo hizo el conjunto de la economía uruguaya. Dentro de ese panorama, el Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales (ITP) fue uno de los pocos gravámenes que registró una baja en términos constantes, aunque mínima, de 0,2%, en comparación con 2023, según estadísticas divulgadas la semana pasada por la Dirección General Impositiva (DGI).
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Ese dato insinuaría que los negocios inmobiliarios se estancaron respecto al año anterior, aunque el ITP solo debería interpretarse como una aproximación al nivel de actividad de este mercado. En los negocios onerosos, tanto el comprador como el vendedor deben pagar por este impuesto el 2% del valor real de los bienes inmuebles fijado por la Dirección Nacional de Catastro vigente a la fecha del hecho generador. La contribución por transacciones es la modalidad más frecuente, si bien no la única por la cual se tributa el ITP. La tasa es de 3% en el caso de los herederos y legatarios en línea ascendente y descendente en caso de fallecimiento del dueño de la propiedad y de 4% (que paga el beneficiario) en las transferencias a título gratuito.
En todo el año pasado la DGI cobró $ 3.809 millones por ITP, equivalentes a US$ 94,7 millones convertidos al tipo de cambio promedio de 2024. Si se asume que ese monto surgió en su totalidad de enajenaciones inmobiliarias por las que se tributó el impuesto —a la tasa de 2% que deben pagar compradores y vendedores—, eso significa que el mercado registró operaciones por unos US$ 2.368 millones, según cálculos de Búsqueda.
Estas cifras son similares a las de 2023, cuando la recaudación del ITP había sido de $ 3.640 millones (US$ 93,8 millones al tipo de cambio promedio de ese año y transacciones). Suponiendo que todo el impuesto se haya pagado por enajenaciones onerosas, la operativa total habría sido por unos US$ 2.344 millones.