Poder Ejecutivo negocia con entes una partida salarial única para compensar la pérdida en la pandemia

La primera reunión se produjo el 2 de octubre. Jhony Saldivia, recientemente electo presidente de la Agrupación de Funcionarios de UTE (AUTE), relató a Búsqueda que la expectativa para la segunda reunión del jueves 16 era que el Ejecutivo presentara una propuesta “concreta” y por escrito, ya que todos los intercambios venían siendo verbales. Sin embargo, ese documento “nunca llegó”. La misma situación se repitió en la tercera —y última— reunión del 29 de octubre.

En términos presupuestales, el peso de dichas propuestas también bajó: “No es lo mismo pedir un aumento salarial que pedir dos horas libres para llevar a tu gurí al médico, y eso tampoco”, lamentó Sosa. Y agregó: “El gobierno no tiene voluntad de dar nada, porque si no te da un aumento salarial, lo que tiene que mejorar son las condiciones laborales, y tampoco lo ofrece”.

Salarios

Los negociadores del gobierno propusieron las mismas pautas de ajuste salarial planteadas al sector privado, con correctivos basados en la inflación “subyacente”, que excluye los precios más volátiles del Índice de Precios al Consumo (IPC). Sobre esa base, la conclusión de los actores sindicales es que “con suerte y viento a favor” se empatarán los niveles salariales que traían del período anterior, comentó Saldivia.

El argumento detrás del pedido de una mejora de sueldos es que durante los años de pandemia hubo una “pérdida de salario de casi el 4%”. Washington Sánchez, presidente de la Unión Ferroviaria y uno de los tres coordinadores designados para la negociación, indicó que el Ejecutivo ya aclaró en las sucesivas reuniones que, al menos para este convenio —pensado para dos años— no se brindarán aumentos por encima de lo que paute la inflación.

“Si el gobierno reconociera esa deuda (de pérdida salarial) y estuviese dispuesto a renegociarla a partir del próximo convenio de 2027, sería un elemento que podría ayudar a que la negociación se encamine”, manifestó.

La “contraoferta” del Ejecutivo fue la posibilidad de generar, para 2026 y 2027, una partida salarial única de un determinado porcentaje —que sindicatos y actores del Ministerio de Trabajo prefirieron no divulgar— de la masa de sueldos ejecutada por cada organismo en 2025.

Un componente que “puede complicar” la negociación, dijo Sánchez, es que esa propuesta “no refleja la preocupación central manifestada por el gobierno de priorizar los salarios más bajos”. Se trataría de “una tabla rasa”, en la que todos los funcionarios de los entes cobrarían lo mismo, aunque existen diferencias salariales considerables. En la línea “más baja” de remuneración están los trabajadores de AFE, la ANV y el Correo, detalló.

Georgy Martínez de la Unión Ferroviaria, quien suplantó a Sánchez en la última reunión, consideró que lo ofrecido “es poco dinero”. Por eso, solicitaron la fijación de un piso “razonable” en la partida para los funcionarios que cobran menos, idea que, según dijo, “tampoco se aceptó”.

Loop con las vacantes

Otro tema abordado en la mesa coordinadora fue la cobertura de las vacantes. Los sindicatos valoran el compromiso del gobierno de derogar el decreto 310/021 de la administración anterior, que limitó la reposición de vacantes al régimen “tres por uno” (cada tres vacantes se recupera solo una); no obstante, ven un obstáculo en que la reposición esté atada a la mejora de la productividad y el cumplimiento de los compromisos de gestión.

“Es importante, porque, por un lado, te piden que mejoren los indicadores, pero, por otro lado, la cobertura de vacantes va en función de los indicadores que tengas. Si no tengo gente, no puedo mejorar indicadores, si no mejoro los indicadores, no me cubren la vacante, entonces, es un loop que no termina de saldar”, explicó Saldivia.

El organismo más afectado por la baja reposición de vacantes es el BPS, coincidieron las fuentes. Para Sánchez, los “miles de expedientes jubilatorios atrasados” justifican que el Ejecutivo priorice recuperar el 100% de vacantes de forma “urgente”. Sin embargo, las señales vienen siendo negativas.

Si bien en los últimos meses el sindicato del BPS tuvo reuniones “muy positivas” con el directorio —en donde “se venía conversando en los mismos términos”—, durante la mesa de negociación del jueves 16 “se dio la orden” de que no se discutiera con el directorio medidas de “destercerización” y reducción de la jornada laboral. “O sea, el gobierno le impide a los trabajadores negociar con la empresa cosas que podría habilitar sin ningún problema”, reclamó Sosa.