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Presidenta del BHU critica “manía” regulatoria para el sector inmobiliario y los alquileres turísticos
Para la Cámara Inmobiliaria Uruguaya, el texto que discute el Parlamento va “en el camino correcto” para que el sector sea “más profesional, más formal y abierto a todos”
Las gremiales del sector estiman que la informalidad ronda el 60%
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Ricardo Antúnez, adhoc/FOTOS
El proceso de discusión del proyecto de ley que busca regular la actividad de intermediación en los negocios inmobiliarios se ha venido dilatando, pero las gremiales del sector confían en que se apruebe antes de fin de año. El anhelo de contar con un marco normativo es una vieja aspiración gremial, que tuvo varios intentos frustrados en los gobiernos pasados.
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Al texto que actualmente está a estudio de la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores se le introdujeron algunos cambios, negociados con la gremial que reúne a varias franquicias internacionales (RE/MAX, Keller Williams, Century 21, Coldwell Banker), y luego de votado debería volver a ser tratado por Diputados.
Si bien los inmobiliarios están enfocados en la defensa de lo que consideran sería una “muy buena herramienta” para la formalización del sector, en las últimas semanas enfrentaron algunos comentarios que van a contramano de sus intereses. Alguno de ellos provino de la presidenta del Banco Hipotecario (BHU), Casilda Echevarría, que reaccionó cuestionando el marco normativo del operador inmobiliario en la red social X.
La titular del banco público —que financia la adquisición de viviendas y promueve entre los agentes inmobiliarios sus políticas y planes comerciales— posteó el 24 de agosto: “¿Cuál es el interés general que está en riesgo para que los legisladores dicten una ley restrictiva de uno de los derechos amparados en el artículo 7 de la Constitución de la República? Nadie puede ser privado del derecho al trabajo salvo por ley dictada por razón de interés general”.
“Me pregunto, ¿qué daño hace que un particular bajo su responsabilidad y riesgo le pida a un portero, a un vecino, a un amigo o a cualquiera que le dé una mano para alquilar o vender un inmueble?”, cuestionó en otro posteo.
Los comentarios de Echevarría lograron una veintena de likes y unos pocos reposteos.
Cinco días después, la titular del BHU también se manifestó contraria a la ley de vivienda turística que defienden las gremiales del rubro. “Todas estas iniciativas en relación a los operadores inmobiliarios, con regulación focalizada a proteger los intereses de unos y violar los derechos de otros son una práctica contra la competencia sana del mercado inmobiliario”, publicó el 29 de agosto.
Luego aludió en particular a la ley de vivienda turística como “otro resultado de la manía regulatoria que coarta la libertad y no defiende el interés general en absoluto, sino de un grupo de presión que pretende evitar la competencia”.
Consultada por Búsqueda para conocer más en profunidad su punto de vista, Echevarría se excusó de abundar en comentarios y aclaró que se expresó a título personal.
También por la red X, Isaac Alfie —exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y asesor del programa del candidato del Partido Colorado Andrés Ojeda— expresó estar “100% de acuerdo con Casilda”, en referencia al proyecto sobre los alquileres turísticos. En tanto, el consultor y exjerarca de gobierno blanco de principios de 1990 Javier de Haedo también publicó, en línea con la opinión de Echevarría: “En Uruguay, en vez de desatar las muchas vacas que algunos tienen atadas para su beneficio, se siguen atando nuevas. De mal en peor”.
“Camino correcto”
Por su parte, la presidenta de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya, Beatriz Carámbula, dijo a Búsqueda que quienes están en el sector saben que están “en el camino correcto y trabajando a conciencia por un sector más profesional, más formal y abierto a todos”. Agregó: “En todo este tiempo han habido jerarcas públicos, legisladores y autoridades de diferentes gremiales empresariales del país que se han manifestado en favor” de un marco para el sector, “más allá de alguna declaración puntual en disenso”.
Otros operadores consultados por Búsqueda comentaron que los dichos de la titular del BHU demuestran que no conoce el proyecto en profundidad, ni los avances y acuerdos logrados, puesto que el texto a estudio “es sumamente garantista de todo tipo de libertades” tanto de dueños como de inmobiliarias. Señalaron que no deja “ninguna fuente laboral actual afuera” y busca profesionalizar el rubro.
El proyecto de ley con el que las gremiales buscan regular la actividad de intermediación prevé, tras los cambios introducidos durante la discusión legislativa, la conformación de un registro público de operadores, bajo la órbita del Ministerio de Educación y Cultura. Además, crea la figura de “agente asociado” al operador inmobiliario matriculado y registrado, bajo el que pueden trabajar varias empresas independientes. En ese caso, el agente matriculado será solidariamente responsable por las firmas asociadas, que deberán tener registro en el Banco de Previsión Social, la Dirección General Impositiva y la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.