Ya desde antes de que tuviera una forma concreta, tanto el presidente Yamandú Orsi como el ministro de Economía, Gabriel Oddone, quisieron sepultar la idea de incrementar la carga tributaria al 1% más rico de la población impulsada por el PIT-CNT y acompañada por algunos políticos y economistas de izquierda. Sus promotores no la dan por muerta, y tienen intención de persistir con el tema durante 2026, por lo que el tema no termina de salir de la agenda pública.
El jueves 11, entrevistado en el programa Fácil desviarse de FM Del Sol, Oddone echó otra palada de tierra sobre el planteo tributario. Su opinión es que si bien es positivo que se hable de gravar a los más acaudalados —como está ocurriendo actualmente en algunos países europeos—, para Uruguay sería inconveniente innovar en ese sentido: “Bienvenido el debate, interesantes los aportes, pero no es una iniciativa que el gobierno comparta, acompañe y que vaya a implementar”.
Los argumentos, algunos repetidos en los últimos meses, son que los cambios tributarios introducidos en la ahora Ley Presupuesto —con vigencia desde 2026— van en la dirección de gravar más la riqueza, como la modificación del IRPF para que alcance los incrementos de capital por inversiones en el extranjero. El ministro sostuvo que es “muy difícil de estimar” cuánto podría recaudar la “sobretasa” al Impuesto al Patrimonio a las Personas Físicas (IPPF) planteada por el PIT-CNT —entre otras cosas, porque los capitales se mueven— y que “arriesgaría” provocar una “fuga” de inversores de Uruguay.
Aunque la postura de Oddone contraria a subirle la carga fiscal al 1% más acaudalado —sea a través de un impuesto específico o de una “sobretasa” al IPPF— ya estaba dicha, sus declaraciones radiales no cayeron bien entre quienes promueven esta idea tributaria. La “comisión consultiva” convocada por el PIT-CNT para diseñar la iniciativa se expresó en un comunicado citando ejemplos de países que gravan las grandes riquezas, reclamó al ministro “rigurosidad en los argumentos” y evitar “descalificaciones”, y reivindicó el carácter “finalista” de gravar más a los ricos ante la insuficiencia de recursos para “enfrentar la emergencia nacional” que significa la pobreza entre los niños y los adolescentes.
A su vez, el secretario general del Partido Comunista y ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, se refirió al tema el viernes 12, al abrir el XXXIII Congreso de ese grupo político. “Nuestro partido respalda esa iniciativa y el Frente Amplio resolvió analizar y discutir. En estos días, además, se han sumado sectores de izquierda y dirigentes con su apoyo. El debate que se ha generado es muy importante, y debemos tener la suficiente capacidad, cabeza abierta y lograr motivar a las grandes mayorías que respalden o mejoren la iniciativa, que es poner en discusión y tomar medidas concretas en torno a la desigualdad, será una tarea central en todo el período”, sostuvo.
¿Cuántos son los depósitos en el exterior?
Cuando el planteo tributario del PIT-CNT empezaba a tomar fuerza a partir del acto del Día de los Trabajadores del último 1° de mayo, el dato que se manejaba públicamente era que esas colocaciones rondaban los US$ 40.000 millones. En junio Búsqueda informó que la cifra ascendió a US$ 61.862 millones en 2023, según una serie —desde 2019— entregada por el Ministerio de Economía al diputado comunista Bruno Giometti que mostraba un incremento progresivo en ese lapso.
Pero el dato más actual, de 2024, indica que hubo un cambio de tendencia abrupto. Según surge de un pedido de acceso de Búsqueda que solicitó cifras actualizadas y algunas desagregaciones, respondido por la Dirección General Impositiva (DGI) la semana pasada, el stock de depósitos y otras colocaciones en el exterior de residentes en Uruguay tuvo una caída significativa, a US$ 38.879 millones en ese año.
Esas nuevas estadísticas entregadas por la DGI, elaboradas con datos recibidos en el marco del Intercambio de Información Financiera acordado con otros países, exponen que la mayor parte de ese monto, casi US$ 23.800 millones, pertenecía a personas físicas (con 56.887 cuentas); los restantes US$ 15.100 millones eran de personas jurídicas (6.005 cuentas informadas).
La respuesta ajustó datos de años anteriores; en 2023 el stock total de depósitos y otras colocaciones en el exterior pertenecientes a residentes en Uruguay era de US$ 42.882 millones de individuos y US$ 21.206 de empresas u otras personas jurídicas, lo que hace un total de US$ 64.088 millones. Comparado con ese monto, la caída de 2024 —antes de iniciado el debate impositivo— fue de un 39%.
La DGI aclara en su contestación que “se encuentra en curso un pedido de ratificación de la información suministrada por una de las jurisdicciones, por los años 2021, 2022 y 2023”.
“Atajo” con riesgo de “desarme silencioso”
Mientras los promotores de la “sobretasa” del IPPF buscan mantener vivo el debate y el ala moderada del gobierno de enterrarla definitivamente sin causar ruidos en el sistema financiero, algunos actores externos fijan posición.
Martín Litwak, ejecutivo principal de la firma de asesoramiento patrimonial Litwak & Partners y un activista antimpuestos, escribió una columna titulada ¿Impuesto al 1%? El viejo truco que destruye lo que dice proteger, enfocada en la discusión uruguaya.
“Hace pocas semanas, el PIT-CNT presentó su idea: aplicar un impuesto extra —no sobre ganancias, patrimonio o rendimiento, sino sobre quienes integran ese ‘1% rico’— con una tasa que, según sus estimaciones (que, por cierto, deberían revisarse), podría recaudar cerca de 900 millones de dólares al año. Lo presentan como una especie de ‘gesto solidario’: un tributo simbólico, justo, que corregiría desigualdades estructurales. Hablan de solidaridad, algo que por definición debería ser voluntario. Hablan de justicia social, de que ‘el que más tiene, aporte un poco más’. Ahora —dicen— el destino noble de ese aporte: erradicar la pobreza infantil, reducir desigualdades, dar un respiro al Estado”, señala ese abogado argentino.
“Antes de firmar ese cheque moral”, propone “hacerse unas preguntas incómodas”, como “¿qué tiene que ver la solidaridad con la imposición?”, “¿a dónde van realmente esos impuestos?” y “¿en qué basan la promesa de erradicar la pobreza infantil?”.
Litwak se declara “cansado de ver este tipo de propuestas. A veces avanzan (lamentablemente) y otras no. ¿Funcionan? No, nunca. Porque, aunque el titular suene bien, no hace falta un análisis demasiado profundo para entender que son medidas que castigan la inversión, la iniciativa y el riesgo. Y en países como Uruguay —al que muchos llegan justamente por su estabilidad y seguridad jurídica— estos impuestos actúan como un desarme silencioso”.
Sostiene como algo “evidente” que un impuesto especial “a ese 1% selecto tiene un efecto perverso: envía un mensaje (…): ‘Si crecés mucho, te vamos a cobrar extra’, ‘si elegís nuestro país para establecerte, te vamos a sacar lo que podamos’ o ‘si sos exitoso, trataremos de que no lo seas tanto’. Ese mensaje no solo penaliza a un ‘millonario lejano’ que no contribuye a la sociedad, sino a cualquier emprendedor que piensa en expansión, a cualquier dueño de una pequeña o mediana empresa que anhela contratar, a cualquier profesional que planea crecer”. Según Litwak, en el corto plazo, “el costo lo pagan personas que podrían generar empleo, innovación y proyectos y, en el mediano y en el largo plazo terminan asumiendo este costo empleado en relación de dependencia y consumidores finales, ya que este impuesto, como muchos otros, terminará trasladado inevitablemente a precios”.
Por eso, para este abogado, el planteo del PIT-CNT tiene una “lógica cortoplacista, de parche”, un “atajo” y “una medida populista”, que implica “resignar futuro por alivio presente que ni siquiera llega a ser tal. Es sembrar desconfianza, inseguridad y la falsa idea de que se progresa aumentando impuestos a la riqueza. Más aún en un país como Uruguay, que hace años está estancado en su crecimiento”.
Y cierra: “Nadie está negando la urgencia de la pobreza infantil, la desigualdad o las carencias estructurales. Pero esta no es la solución. Uruguay tiene hoy una ventana de oportunidad: reformular su matriz impositiva con equilibrio, previsibilidad y justicia. Incentivar la inversión, proteger el empleo, mejorar el gasto público. Construir un sistema que premie el esfuerzo, la innovación y el crecimiento (…). Ya vimos demasiados atajos fracasar. Ojalá este no sea uno más. Uruguay: todavía estás a tiempo”.
