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El PIT-CNT abre una discusión tributaria cuando el gobierno cierra su estrategia impositiva con el Presupuesto
El movimiento sindical quiere que su propuesta para gravar al 1% más rico sea “punto de partida” de un debate tributario que toque privilegios; Martín Vallcorba dio por cerrada la discusión sobre impuestos con el Presupuesto
Carolina Spilman, vicepresidenta adjunta del PIT-CNT, y Alejandra Picco, economista del Instituto Cuesta Duarte.
Ante el paraninfo de la Universidad de la República (Udelar) lleno, el PIT-CNT presentó el lunes 24 su propuesta para gravar al 1% más rico con la mira puesta en financiar con esa recaudación políticas de combate a la pobreza infantil. “Uruguay puede resolver la pobreza infantil”, afirmaba en un pasaje el video con el que dio comienzo el evento.
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En Uruguay, el 32% de los niños de 0 a 6 años nace en hogares cuyos niveles de ingreso se ubican por debajo de la línea de la pobreza. Con ese dato como uno de los elementos más ilustrativos de la desigualdad social, los impulsores de la iniciativa apuntalaron su planteo. A este dato añadieron otro como contraste: el 1% más rico en Uruguay concentra casi el 40% de la riqueza del país. La exposición de tono más político fue la de Carolina Spilman, dirigente del sindicato de Antel y vicepresidenta adjunta del PIT-CNT.
“No falta riqueza, falta justicia en la distribución”, dijo. Más adelante sostuvo que los niveles de desigualdad social “están poniendo en riesgo” la democracia de la que Uruguay “hace alarde” en el plano internacional. La dirigente afirmó que es necesaria la “voluntad” política de “avanzar en reformas que toquen privilegios”. “Sin redistribución no hay democracia plena”, insistió.
En la sala —además de militantes sindicales, sociales y referentes de la Udelar— había varios referentes frenteamplistas. Asistieron, entre otros, los legisladores Óscar Andrade, Constanza Moreira y Gustavo González; el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira; el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim; y el subsecretario del Ministerio de Economía, Martín Vallcorba.
A la exposición de Spilman le siguieron las de la economista del Instituto Cuesta Duarte, Alejandra Picco, Mauricio de Rosa, del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, y Carlos Grau, del Laboratorio Fiscal y Tributario del Centro de Investigaciones Económicas, todos integrantes de la comisión consultiva que estuvo a cargo de la elaboración de la propuesta. En sus intervenciones explicitaron que el planteo relacionado con la implementación del impuesto es deliberadamente “abierto”, ya que buscan que este sea “el punto de partida” de una discusión en torno al tema.
En contraste, Vallcorba, al retirarse del evento, diría consultado en rueda de prensa que para el gobierno la discusión de la estrategia tributaria se cierra con la aprobación del Presupuesto.
La propuesta
La comisión consultiva convocada a impulso del PIT-CNT propone crear una sobretasa del Impuesto al Patrimonio de las Personas Físicas (IPPF). Esta sobretasa tendría carácter anual y no implicaría modificaciones al impuesto actual.
De acuerdo con el documento, las estimaciones indican que las 25.000 personas con mayor patrimonio en el país poseen entre US$ 1 millón y US$ 1.000 millones. Hacia ellos apunta la tasa. El documento propone distintas alternativas de tasas que siguen lógicas progresivas y van desde un mínimo de 0,1% para patrimonios de entre US$ 1 millón y US$ 2 millones hasta un 1,5% para quienes posean más de US$ 11 millones.
El dinero recaudado, de acuerdo con la propuesta, se derivaría a un fondo estatal para combatir la pobreza en hogares con niños, niñas y adolescentes. También se planea crear dentro de la Dirección General Impositiva una “unidad especializada en la gestión de los usuarios alcanzados por la sobretasa”.
Más allá de los montos patrimoniales imponibles, con algunas especificaciones del diseño se procura que la sobretasa no grave a “activos afectados a las actividades productivas, sino exclusivamente a los activos que generan rentas pasivas”.
Durante la presentación, al abordar las posibles reacciones que puede provocar la propuesta se afirmó que “si se diseña adecuadamente no tiene por qué impactar negativamente en la economía”.
IPPF para financiar la reduccion de la pobreza infantil
Discusión “terminada” para el MEF
El Poder Ejecutivo no tiene en su agenda analizar nuevas modificaciones tributarias, más allá de las que incluyó en el proyecto de Ley de Presupuesto. El presidente Yamandú Orsi y el ministro de Economía, Gabriel Oddone, se han pronunciado en ese sentido. Y en esa línea insistió Vallcorba, antes de irse de la Udelar, tras escuchar la presentación del PIT-CNT.
El subsecretario de Economía dijo que había leído el documento y que también decidió asistir porque le parecía “importante escuchar de primera mano” los planteos. Sin embargo, señaló que, aunque le parece buena la discusión social que propone el PIT-CNT, para el gobierno la discusión tributaria para este período está más bien cerrando.
“No podemos estar todo el tiempo discutiendo sobre impuestos como gobierno. En la sociedad, bienvenido el debate. Como gobierno, una vez cerrada la discusión del Presupuesto, lo que corresponde es que nos pongamos a trabajar en las urgencias y los principales problemas que enfrenta el país, que tienen que ver con fortalecer la matriz de protección social con foco en la infancia, atender los problemas de seguridad, y poner énfasis en que la economía vuelva a crecer a tasas muy elevadas, más elevadas que en los últimos 15 años”, afirmó.
Recordó que “la estrategia del gobierno”, incluida en el Presupuesto, fue “gravar a las empresas multinacionales, a quienes tenían inversiones en el exterior y también a no residentes con inversiones en el país”. Añadió que no tienen previsto “impulsar nuevas modificaciones tributarias”: “La discusión sobre impuestos para nosotros se terminó”.
Ante otra pregunta, se animó a deslizar algunos cuestionamientos a la propuesta del PIT-CNT, que en su opinión no sigue un “camino adecuado”. “Buena parte de quienes hoy estarían alcanzados por esta propuesta básicamente no son uruguayos, son personas no residentes que han optado por la residencia fiscal en el país. Hay bastante evidencia en países que han avanzado en esta dirección de que, cuando se grava a personas con patrimonios abultados que no se generaron en el país, la movilidad de esas personas es muy elevada. Por lo tanto, la capacidad de recaudar con este impuesto es muy acotada”, argumentó.
