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El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), del Banco Mundial, informó el martes 29 que registró la solicitud de un arbitraje contra el Estado uruguayo por parte de la empresa española Asesores Financieros Andalucía Occidental (AFAO), dándole inicio al procedimiento.
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El caso en cuestión —patrocinado por Dechamps International Law, con oficinas en Reino Unido, Argentina y Uruguay— invoca el tratado bilateral de inversión firmado entre el gobierno uruguayo y España en 1992, y refiere a una decisión tomada en 2005, al inicio del primer gobierno de Tabaré Vázquez: la rescisión del contrato con el Consorcio Ruta 1 S.A. que involucraba la construcción, conservación y explotación del tramo de doble vía Montevideo-Libertad y la obra nueva del puente sobre el río Santa Lucía.
El ministro de Transporte y Obras Públicas de la época, Víctor Rossi, fundamentó entonces esa decisión en “graves incumplimientos” por parte del consorcio extranjero, entre los que se mencionaba el retraso de las obras —que debían finalizar en 2003— y aducía observaciones de la Auditoría Interna de la Nación sobre la situación económico-financiera del concesionario y también sobre una “situación comprometida” ante la Dirección General Impositiva.
AFAO, accionista minoritario de la sociedad concesionaria a través de Bimper, había presentado en 2009 una reclamación por 272,7 millones de euros contra el Estado uruguayo y lo acusaba de expropiar la concesión restando más de 10 años del contrato, cuando faltaba concluir 3% de la obra total. Argumentaba un “asedio fiscal y administrativo” y que se le rescindió la concesión sin indemnización, consignó en su momento la agencia Europa Press.