En 2023 había 297.668 funcionarios públicos y 12.654 vínculos más con el Estado a través de otro tipo de relación contractual, lo que hace un total de 310.322; son estadísticas recopiladas por la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) que, a fin de junio, se actualizarán para el 2024. La cifra no ha cambiado sustancialmente en los últimos 10 años pese a que se restringió la reposición de parte de las vacantes y a que cada vez hay más trámites que se hacen por la web.
En la mitad de los departamentos —ocho del interior, varios en los que las oportunidades de empleo genuino escasean, además de Montevideo—, los que trabajan para el sector público (considerando aquellos vínculos a los que se les puede asignar una ubicación geográfica) son uno de cada cinco de todas las personas ocupadas. El promedio a escala nacional es algo menor (18%).
Parece mucho. ¿Lo es en perspectiva histórica?
Para analizar esto tomé dos series estadísticas largas en el tiempo. Una, construida por el Grupo de Historia Económica del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración para 1905-2017, con la cantidad de funcionarios (administración central, empresas públicas y gobiernos departamentales); el crecimiento fue sostenido, de menos de 20.000 a comienzos del siglo XX, a más de 50.000 cuando fuimos campeones del mundo por primera vez (1930), a 128.215 en el año del Maracanazo (1950), hasta un máximo de 286.665 en 1989; luego hubo movimientos pequeños, para terminar la serie en 276.769. En la siguiente gráfica agrego otros años, para mostrar una evolución que es bastante clara.
Pero estas cifras son solo anecdóticas si no se las pone en el contexto de una población y una economía uruguaya que también crecieron, y de un Estado que en el transcurso del siglo pasado fue tomando nuevos roles. Por eso las comparé con la cantidad de personas de 14 años o más que trabajaba o buscaba un empleo (lo que se conoce como la “población económicamente activa” o PEA), una serie para un lapso similar a la anterior publicada en 2010 por los economistas Sebastián Fleitas y Carolina Román. Así, la plantilla pública que surge de la primera serie de datos fue 5,7% de la PEA en 1908, 8,0% en 1919, 15,6% en 1950, 20,3% en 1965 y un 23,3% —el máximo— en 1975. En la década de los ochenta esa proporción se estabilizó en torno al 22%, y se redujo un poco en los noventa (el último dato es 17,4% para 1996).
Vuelvo al presente, con otra pregunta: ¿nuestros funcionarios son muchos o pocos si se compara con los que tienen otros países?
Un reciente informe publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), sobre el cual escribí en febrero en Búsqueda, asegura que la dotación de personal estatal en Uruguay es “una de las más grandes de la región” en relación con el total de habitantes (9,0% en 2022) y también respecto de la PEA.
Otra dimensión es cuánto gasto público insume tener nuestro “servicio civil”. Expresado en relación con el Producto Interno Bruto fue 7,7% —en los años 2021 y 2022—, un porcentaje mayor, por ejemplo, que el de México (4,8%), Perú (6,5%) y Chile (6,8%), y menor que el de El Salvador, Brasil, Honduras y Costa Rica (todos en torno a un 12%).
Por fuera de todas estas cifras se encuentran los 6.736 cargos que, en 2023, tenían las más de 40 personas jurídicas de derecho público no estatal existentes (agencias, administraciones, comisiones, cajas, consejos, institutos, fondos, etcétera), y los 2.584 vínculos —junto con 79 miembros de directorios— de las casi 30 entidades con participación estatal mayoritaria (que son, principalmente, sociedades anónimas satélites de las empresas públicas). No se consideran funcionarios públicos, aunque los alcanzan algunas normas que se aplican a estos y por eso la ONSC también lleva el registro.
¿Qué hacen?
Si se miran más en detalle los grandes números informados por la ONSC, una parte no menor de los empleados públicos —el 26,3%— son docentes de la Administración Nacional de Educación Pública, 10,7% corresponden al escalafón policial, casi 9% al militar y una proporción similar (8,8%) a los “profesionales”. Algo más de uno de cada 10 (11,5%) son “administrativos” vinculados a los servicios antes mencionados y a otras actividades estatales. Estos son los escalafones predominantes.
Antes de dejar la dirección de la ONSC al finalizar el pasado gobierno, Ariel Sánchez me dijo que los uruguayos tenemos un “doble discurso” respecto de los funcionarios porque, al mismo tiempo, afirmamos que “hay demasiados” y que “precisamos más” docentes, personal médico o en el Poder Judicial. ¿Él qué piensa?. “No me animo a decir dónde sobra. Es un análisis que tiene que hacer cada organismo”, gambeteó en esta entrevista para Búsqueda.
¿Qué piensa su sucesor, el actual director de esa oficina de la Presidencia de la República? Con poco tiempo en funciones, todavía no se encuentra disponible para ser entrevistado. Estoy en trámite.
El perfil
La Primera Encuesta a Funcionarios de la Administración Central efectuada a fines del 2020 por la ONSC los perfiló así: predominan las mujeres, las “edades avanzadas” y un nivel de formación relativamente alto. Algunos datos que surgen de ese sondeo son interesantes para que, quienes estamos del lado de afuera de la ventanilla gubernamental, podamos comprender mejor qué piensan.
A la pregunta de qué los motiva en su vida laboral, la opción más señalada por los encuestados (casi 60%) fue el saber que su trabajo afecta positivamente la vida de la gente y a la sociedad. A un tercio los mueve un interés más egoísta: ponderan tener un empleo seguro.
El 67% considera que sus conocimientos son tomados en cuenta siempre o la mayoría de las veces por sus superiores. El resto se sienten poco o nada escuchados.
Los empleados públicos creen que el trabajo que realizan tiene una valoración relativamente baja de la sociedad: 3,6 en una escala entre 1 y un máximo de 10.
La productividad
El índice de calidad del servicio civil de Uruguay, calculado por el BID abarcando varias dimensiones, mejoró a 60 puntos en 2023, aunque sigue lejos del máximo de 100.
Para esta newsletter, a Leandro Zipitría, profesor titular de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, le pregunté sobre la productividad laboral de los funcionarios públicos. “Esto da para un café largo”, me preparó, invocando más paciencia con el tema.
Él no conoce estudios al respecto en Uruguay. Es que, explicó, “no es fácil medir la productividad, porque no es claro el producto de la actividad del sector público. Estamos hablando de las actividades tradicionales del Estado, no de educación o salud. Podés medir procesos, es decir cuán rápido se responden expedientes o cuántos expedientes tramitás, que son variables medibles, pero no podés saber si están bien o mal tramitados”. Además, los gobiernos tienen objetivos distintos a los de las empresas, y muchas veces son “múltiples” y “difusos”.
Este doctor en Economía agregó que las “burocracias son ineficientes por definición” o por “naturaleza”, en comparación con el sector privado. No tienen incentivos para ser eficientes y estos “muchas veces no funcionan”.
La inamovilidad y el salario
A muchos ciudadanos les molesta que los empleados públicos gocen de la llamada “inamovilidad”, en contraste con la mayor facilidad para despedir personal en la actividad privada. En 2024, la Comisión Nacional del Servicio Civil acompañó la propuesta de destitución en 210 casos, ya sea por ineptitud en sentido amplio, por ineptitud psicofísica, por omisión o delito.
Otros piensan que ganan mucho, considerando lo que hacen.
Sobre este punto, el diagnóstico del BID que mencioné antes incluye un comparativo con el sector privado para varias ocupaciones dentro de los ministerios y la Presidencia de la República.
La remuneración promedio mensual nominal incluyendo compensaciones —pero sin la antigüedad ni los beneficios sociales— era, en 2022, de $ 75.947 dejando afuera a la Dirección General Impositiva (porque retribuye muy por encima de la media), y de $ 81.148 considerando a esa oficina recaudadora. Estos montos casi duplican a los del sector privado ($ 42.360).
Algunos ejemplos específicos: un chofer de “vehículos livianos” en el Estado ganaba aproximadamente $ 80.000 mensuales, frente a los casi $ 40.000 de un conductor del sector privado. La brecha rondaba los $ 30.000 (92%) a favor de quien prestaba tareas de “soporte de servicios generales” en la administración central.
Pero, por otro lado, un médico general percibía unos $ 90.000, bastante por debajo de los $ 148.560 que cobraba un doctor en el área privada.
Mi percepción como ciudadano es que, tal cual sugieren algunos de estos análisis, hubo mejoras en varios bienes y servicios provistos por los funcionarios públicos (por ejemplo, antes uno envejecía mientras renovaba la cédula y hoy el trámite demora pocos minutos), pero queda mucho por hacer. Cortar con los ingresos y ascensos por acomodo que subsisten en algunos ámbitos, sacar personal donde sobra —y eventualmente agregar donde falta—, corregir la fragmentación salarial y exigir una mayor eficiencia, parece lo obvio para evitar que el enojo del contribuyente le gane a un razonable amor por lo público.
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Antes de despedirme te recomiendo una lectura de Búsqueda, sin irme de tema: esta entrevista de Macarena Saavedra y José Frugoni al nuevo director de la Agesic (Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento) en la que reflexiona sobre la “desaceleración notable” que, dice, hubo en cuanto al avance del “gobierno electrónico”, y en la que además expresa preocupación por los crecientes ciberataques a dependencias públicas, con costos de resolución nada despreciables.
Ya sabés que si querés escribirme comentarios, críticas o sugerencias, podés hacerlo a este mail: [email protected]
Te escribo en dos semanas. ¡Saludos!
