Investigadores de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración acaban de publicar una actualización al 2022 del Índice de Desarrollo Regional Idere Uy, una medición que aporta al análisis de estas disparidades territoriales (algunas con aristas muy actuales, conectadas con la política y el ciclo electoral que seguirá con las departamentales del 2025).
El Idere Uy sintetiza un conjunto de variables agrupadas en las cinco categorías —educación, salud, bienestar y cohesión social, actividad económica e instituciones— y tiene un valor que va de 0 al máximo teórico de 1. Los 19 departamentos aumentaron su índice cuando se compara con 2006; los que más progresaron (entre 60% y 80%) fueron Rivera, Rocha, Treinta y Tres, Cerro Largo y Artigas, pero a pesar de eso sus Idere Uy no llegan ni siquiera a 0,5. Están en la cola del ranking de desarrollo; el podio lo ocupan Montevideo, Canelones, Colonia, y enseguida otros “sureños”, Maldonado y San José.
El mensaje de los autores, expresado en un libro digital, es que, para poder crecer como país, en términos de educación, tecnología y capacidad de producción es necesario “romper con el macrocefalismo” de Montevideo y algunos departamentos del sur. Uruguay precisa “que el 40% de la población que no está en las grandes aglomeraciones también aporte a la productividad”.
Por fuera de ese estudio académico, datos que coseché de otras fuentes refuerzan esa visión de un mapa desigual.
Debido a las características de los suelos y otros factores que inciden en el potencial productivo, el precio promedio de la hectárea en Artigas surgido de las compraventas de 2023 fue de US$ 1.993, mientras que en Cerro Largo y Treinta y Tres orilló los US$ 2.500. En Canelones y San José se pagó más del doble, y en Colonia, el máximo del país, US$ 8.437.
De las 189.323 empresas activas que había en el primer trimestre de 2024, las radicadas en Montevideo y en Canelones acumulaban casi el 60%. En varios departamentos en los que las posibilidades de trabajo escasean o son precarias —están “en negro” casi la mitad de los trabajadores en Artigas (48,5%) y en Cerro Largo (44%)—, muchos van para el empleo público: los 4.994 vínculos laborales con el Estado que había el año pasado en Treinta y Tres representaron el 23,5% de sus ocupados, en Durazno y Rocha fueron un 22,5% (con 6.041 y 6.944, respectivamente) y en Artigas el 22,4% (6.978).
Una acumulación de situaciones de presunto manejo irregular ha estado dando que hablar sobre la gestión en intendencias de distinto color político. Ante el caso de corrupción por las horas extras en Artigas, caudillos blancos reprobaron la actitud del “clan Caram” y, al mismo tiempo, señalaron las dificultades laborales en muchas comunidades del interior casi como una justificación de ese tipo de prácticas. “Hay que llegar a la intendencia y encontrar gente, madres solteras, con chiquitos alzados, y decirles: ‘No, mirá, no hay trabajo’. A todo el mundo decirle: ‘Mandá un currículum’, y van quedando ahí (...). Es muy difícil manejar el empleo en el interior... Tampoco el relajo, porque eso sí lleva a que nos tilden de clientelistas (...), pero son realidades duras, muy duras”, le escuché decir en Radio Carve al jefe comunal de Río Negro, Omar Lafluf.
Allí hay varios problemas que se cruzan, pero volvamos al trillo del desarrollo territorial.
En campaña
¿Qué proponen los partidos mejor ubicados en las encuestas frente a estas disparidades territoriales? En los programas de gobierno encontré el siguiente tipo de enunciados. El Partido Nacional promete “un nuevo impulso a las acciones de descentralización”, plantea “agendas regionales de I+D+i” (investigación, desarrollo e innovación) en el interior y “consolidar” la Universidad Tecnológica (Utec) fuera de Montevideo.
Con dialéctica de izquierda tradicional, las Bases Programáticas del Frente Amplio postulan un “nuevo proyecto territorial para el desarrollo del país” en contraste con el “modelo” histórico “caracterizado por una impronta extractivista, concentradora y primarizante de la economía real”. Como primera “acción prioritaria”, plantean “promover y consolidar el desarrollo de actividades de todos los sectores de la economía, orientando y regulando su localización”.
Los colorados, en tanto, proponen medidas para el interior referidas, por ejemplo, a la atención social y de las adicciones, o la “profundización de la descentralización de la educación terciaria”.
La mirada académica
Para esta newsletter le pedí a Adrián Rodríguez Miranda, quien coordinó la elaboración del Idere Uy, y a Lucía Pittaluga, investigadora universitaria y docente encargada del Área de Bioeconomía-Ingeniería Ambiental de la Utec, que cada uno señalase tres acciones clave necesarias para emparejar el desarrollo territorial. Algunas de las propuestas de estos dos baquianos en la temática son coincidentes.
En el entendido de que es un tema “estructural y no se revierte con parches”, él propone crear un “fondo potente de reducción de asimetrías”, como tiene la Unión Europea. Los departamentos con mayor rezago podrían usar los apoyos para atender áreas deprimidas por desindustrialización o crisis de empleo cuando, por ejemplo, cierran fábricas. Pero, sin “voluntad política de avanzar en esto no vale la pena ponerse a diseñar nada concreto”, dice, como medio retobado, pidiendo mayor compromiso del sistema político.
Ambos economistas entienden necesario profundizar la descentralización universitaria y fortalecer la formación técnica, pero vinculándola con las actividades productivas de los territorios y los problemas sociales y ambientales locales. En el interior se necesita “masa crítica de capital humano y masa crítica de redes/cooperación local/regional. Sin eso no hay UPM que te salve”, sostiene Rodríguez Miranda. Ella refuerza señalando que, por la “desconexión” que hay con las realidades territoriales, los emprendimientos funcionan como “islas productivas” en las que los habitantes “reciben todas las externalidades negativas —camiones, ruidos, olor, contaminación— y se generan muy pocos empleos y de muy baja calificación”. Propone “condicionar la inversión productiva” a que desarrolle impactos favorables concretos donde se instale.
También abren la portera a una revisión institucional. “No hay voluntad política, pero se requiere un cambio en la descentralización del país”, porque la ley que define las competencias de los gobiernos departamentales, de 1935, quedó obsoleta, argumenta el académico. Pittaluga no se achica, y propone un “programa nacional de generación de capacidades para el tercer nivel de gobierno” y darle a este un presupuesto autónomo. Según ella, el papel de los/las alcaldes y las juntas municipales ha sido una “revolución en el interior” para enfrentar, por ejemplo, los temas ambientales, que son “algo local, no departamental ni nacional”.
Cierro con una recomendación de lectura de la última edición de Búsqueda, la extensa entrevista al montevideanísimo Jaime Roos, y compenso con un fragmento de poemas del sanducero Juan Escayola (1871-1944) tomado de Cansera del tiempo, para no caer en los tradicionalistas más clásicos.
“Esperar es zoncera; en esta tierra
se mira al pobre crioyo
como al ánima en pena, y ande cruza
deja siempre en asombros
a esos mesmos que al fin, cuando precisan
vienen mansitos, agachando el lomo.”
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