Sindicato asegura que el MGAP está “al límite de incumplir” cometidos y denuncia clientelismo

Esta secretaría de Estado tiene en la actualidad 1.500 funcionarios, una “cifra alarmante” por lo baja; “nunca ha funcionado con tan pocos trabajadores”, afirmó Arcuri. Un tercio (491), según dijo, tienen hoy causal jubilatoria por ser mayores de 60 años, incluso en 15 casos superan los 70. Ese es un dato que “habla a las claras de que el MGAP se encuentra al límite de incumplir los cometidos que tiene asignados (...). Claramente, hoy los funcionarios estamos imposibilitados de cumplirlos de manera adecuada y conforme a la normativa”, señaló la dirigente sindical.

En este período de gobierno se aprobó una reestructura del MGAP, que según dijo Arcuri fue “promovida sin negociación colectiva”, por lo que el sindicato la recurrió ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Expresó alarma, además, porque esa reforma organizativa “diluye las competencias inspectivas y de control que tiene asignado” el ministerio.

Además, según Arcuri, se están “profundizando las tercerizaciones para tareas propias de un funcionario público en algunos aspectos muy sensibles del ministerio, como son la trazabilidad del ganado, los análisis de laboratorio y las inspecciones en los puertos”.

“Actualmente, nos vemos enfrentados a una gran falta de recursos, tanto humanos como financieros, para poner en valor el cumplimiento de tan importante cometido como es el cuidado de los suelos, las aguas, el campo natural y los recursos fitogenéticos. Como un indicador, apenas dos funcionarios están abocados a los temas de campo natural en el Uruguay desde la Dirección General de Recursos Naturales. Este es un recurso natural que, al menos, cubre el 50% del territorio nacional”, reforzó Sancho, secretario general de la AFMGAP.

Salarios y “acomodo”

Según la AFMGAP, hay “varios años de atraso” en las evaluaciones de desempeño de los funcionarios en algunos departamentos del inciso, “por lo que allí se están incumpliendo los derechos de los trabajadores”.

Desde el punto de vista salarial, la delegación planteó ante los senadores una realidad “escandalosa” si se compara con la de otros ministerios. “En el MGAP tenemos asignado un salario personalizado por cada trabajador. A vía de ejemplo, con los datos de marzo de este año, tenemos escalafones profesionales con salarios de entre $ 50.000 y $ 245.000, todos distintos dentro del mismo escalafón y con igual grado. A su vez, en la asignación de tarea administrativa, escalafón administrativo, tenemos salarios de entre $ 46.000 y $ 137.000, lo cual genera y significa una grave lesión hacia los derechos de los trabajadores”, describió Arcuri.

Informó además que al comienzo de este período se intentó negociar el uso de partidas para atender estas “inequidades salariales”, frente a lo cual hubo una permanente negativa de las autoridades. En ese sentido, afirmó, “se han profundizado las prácticas clientelares, donde se distribuyen partidas salariales a los funcionarios de manera discrecional, pero ni siquiera se publican las resoluciones para que todos los funcionarios las conozcan y tampoco se dan a conocer los criterios para realizarlas”.

Asimismo, en el MGAP tampoco “se respetan los plazos ni los expedientes de las situaciones que plantean los trabajadores. Sin embargo, cuando se tiene interés en algún cargo acomodado, como nos ha sucedido, los expedientes se mueven en 15 días. Recientemente, a raíz de uno de los cargos de ingreso para un cargo de contador que tenía como destino la Dirección General de Desarrollo Rural, se presentó a ese llamado, entre otros ciudadanos y con todo derecho, una persona que cumplía una función de confianza política en el ministerio. Se presentó, concursó, quedó en el llamado, pero a los 15 días de haber tomado posesión del cargo ese llamado pasó a ser una comisión de servicio a la Dirección General de Secretaría. Es decir que la Dirección General de Desarrollo Rural ya no cuenta con ese cargo, para lo cual se llamó a concurso. No conforme con eso, a los 15 días, se le adjudicó a esta persona una compensación salarial importante, lesionando así la carrera administrativa de todos los contadores” del ministerio, contó.

Ataque informático

Según denunció la delegación de la AFMGAP, las condiciones de trabajo son “totalmente opuestas a los estándares mínimos establecidos en las normas internacionales y nacionales en materia de salud y seguridad en el trabajo”. Esa situación derivó en “reclamaciones” ante la Organización Internacional del Trabajo, que están a estudio de su comité de expertos, y al Banco Mundial, aseguró la presidenta.

Como ejemplo, describió que los vehículos para trasladarse a cumplir funciones de los trabajadores del ministerio —“en varios lugares del país, con fuertes problemas de caminería— tienen más de 250.000 kilómetros y varias entradas al taller”, las oficinas del ministerio tienen un “enorme deterioro”, como filtraciones de agua y humedad en instalaciones eléctricas peligrosas, y hay un “enorme desorden, falta de planificación y pésima gestión de recursos humanos, que redunda en una muy mala organización del trabajo”.

Sancho expresó “profunda preocupación por el ataque informático” que en abril sufrió la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos y los “serios perjuicios que esto está generando para la realización de las tareas correspondientes, estudios, adjudicaciones de permisos de pesca y controles”. Aludió a ese incidente como un “reflejo del pésimo funcionamiento ya comprobado por una auditoría” realizada en esa dependencia. “Se están poniendo en riesgo tanto la regulación del uso de un recurso estratégico como la pesca y los compromisos asumidos por el país a nivel internacional en ese campo”, advirtió el dirigente.