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Sumario a funcionaria evidenció falta de un protocolo en salud mental en el BPS
Dos trabajadores del Banco de Previsión Social fueron a la Justicia para evitar el despido de una compañera que presentaba un evidente “deterioro cognitivo”
Una funcionaria del Banco de Previsión Social (BPS) fue sumariada en marzo por tener más de 10 inasistencias sin aviso, no presentar el carné de salud y no concurrir a algunas convocatorias internas. Pero el directorio del organismo resolvió levantar esa investigación administrativa. Lo hizo luego de una denuncia presentada por dos compañeros, que aseguraban que la mujer tenía un “deterioro cognitivo emocional importante”, que no fue tenido en cuenta por las autoridades.
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El inicio del sumario contra la funcionaria derivó en una denuncia por un “acto de violencia institucional” ante la Justicia de Familia Especializada. Cuando vieron que el BPS inició una investigación, otros dos funcionarios —de otras áreas del instituto— presentaron un escrito en el que aseguraron que la mujer atravesaba un “deterioro cognitivo emocional importante”, que la hacía estar lejos de la realidad. En los diálogos con ella, los compañeros notaban que tenía un discurso incoherente, una situación que venía de “larga data” dentro del organismo.
Antes de recurrir a la Justicia, estos trabajadores conversaron con el Servicio de Salud Ocupacional del BPS, donde les contestaron que estaban al tanto de la situación pero que no podían “hacer nada” —actúan según la voluntad del funcionario—, surge del escrito presente en el expediente judicial, al que tuvo acceso Búsqueda. Unos días después, ampliaron la información: la mujer había sido desalojada de su casa. Luego, una perito psiquiatra confirmó el “deterioro cognitivo” de la funcionaria del BPS.
En la denuncia, la abogada de la funcionaria asegura que el sumario que se instruyó “constituye un acto de violencia institucional que queda evidenciado en el reconocimiento del deterioro de salud mental y cognitivo”. El escrito finaliza con el petitorio de que se restituya el reintegro “al abono del salario mensual retenido” y la “no adopción de ninguna medida”.
El planteo judicial cumplió su cometido. El caso llegó hasta el Directorio del BPS, que decidió el archivo de las actuaciones. La resolución se basa en un informe del sector de Sumarios, que expresó que la mujer “no puede ser responsabilizada por las conductas imputadas” por su deterioro mental y porque “carece de actitud” para comprender sus actos, lo que la hace “inimputable”.
Pero más allá de esta resolución favorable a la funcionaria, el caso causó molestia en trabajadores del BPS, que vieron que una mujer vulnerable con evidentes problemas mentales estuvo cerca de ser despedida si no fuera por la intervención judicial, según expresaron a Búsqueda fuentes del organismo.
Luego de la presentación de la denuncia, la Justicia dispuso la internación de la funcionaria en una clínica o, en su defecto, en el Hospital Vilardebó. Uno de los primeros decretos judiciales fue intimar a que el BPS adopte una resolución respecto al caso —algo que efectivamente hizo— y sugerir que “a nivel interno se adopten las medidas necesarias y conducentes para evitar este tipo de situaciones”.
Este caso motivó que el director en representación de las empresas, José Pereyra, pidiera una reunión con el funcionario a cargo de Recursos Humanos, según contó a Búsqueda. El jerarca dijo que lo consultó sobre si había algún protocolo para este tipo de casos, a lo que respondió que no. Esto sucedió hace un mes. Tras la consulta del semanario, Pereyra aseguró que mandaría un mensaje por escrito para saber si se había avanzado por este tema.
Agregó que tampoco hay un protocolo para los desalojos de los complejos de vivienda y comentó que se está elaborando uno para atenciones de emergencias en la sede central, tras la muerte de una persona que esperaba para ser atendida.
