Así está relatado en la respuesta —fechada en agosto— a un pedido de información en el cual la diputada Nicolle Salle, de Identidad Soberana, le requirió saber la “relación del Ministerio de Economía y Finanzas con el fenómeno emergente de la tokenización de recursos naturales, en particular en Io relativo a políticas públicas, regulación económica, compromisos internacionales o iniciativas de financiamiento vinculadas”. La legisladora opositora le preguntó, entre otras cosas, si la secretaría de Estado “ha recibido, promovido o evaluado proyectos, propuestas o diagnósticos vinculados a la tokenización o digitalización de activos naturales (agua, carbono, tierra, minerales, bosques, biodiversidad, etc.) como instrumentos financieros o vehículos de inversión”.
Sobre el proyecto que esperan lanzar oficialmente en torno a noviembre en Uruguay, Chile y Costa Rica —en Argentina está “en evaluación”—, explicó que Origen, así como ciertas empresas incipientes a nivel regional, tokeniza las condiciones necesarias para que “haya una preservación y regeneración efectiva de los servicios ecosistémicos de la tierra, pero no la propiedad de la tierra. Por lo tanto, lo que se comercializa es el valor intangible de la preservación y regeneración del territorio; la tierra pertenece siempre al propietario”.
Actualmente, la empresa está trabajando en tres proyectos en Chile, uno “grande” en Costa Rica y en Uruguay en “diversos territorios, principalmente en la región de Sierras del Este”, detalló.
En su lanzamiento, Origen propone a las empresas que sean “pioneras y tomen una acción proactiva” por los ecosistemas nativos del país donde operan a través de la inversión en activos intangibles para llevar financiamiento a territorios considerados de alto valor ecológico, donde se prevé desarrollar un proyecto de conservación o restauración de ecosistemas. Cada token traslada ingresos al proyecto y, por ende, generan beneficios ecológicos al territorio —plantación de especies nativas, control de caza, provisión de refugios para fauna, cartelería, guarda parques, diseño de corredores biológicos, etcétera, que ejecuta un desarrollador capacitado— y económicos al propietario, señaló el ejecutivo.
Según la información que compartió Caldarelli, el token y la blockchain “permiten un grado de trazabilidad y transparencia relevante, todo queda documentado inmutable. Incluso la transacción financiera, validación social y verificación de un agente especifico”. Esto es “especialmente efectivo —aseguró— para que no exista una comercialización duplicada, por ejemplo, si un territorio tiene 100 activos intangibles para comercializar, no hay forma de que venda 101”.
El contacto con el MEF y con otras secretarías de Estado era “de orden”, dijo, para contarles la iniciativa, como lo están haciendo con autoridades de Chile y Costa Rica. “Uruguay puede tener como diferencial en la región un desarrollo sostenible sustentado en elementos relevantes para el escenario global, y esto solo es posible si no vemos el tema ecológico como algo aislado de nuestra economía”, sostuvo.
Sin análisis del tema
La economista Luisa Olivera, integrante de la Asesoría Macroeconómica del MEF, aseguró que esa oficina “está al tanto de la existencia de iniciativas vinculadas a la tokenización de recursos naturales. Sin embargo, no se han realizado análisis ni evaluado proyectos o propuestas”.
“A la fecha esta asesoría no cuenta con elementos para responder las consultas relativas a marco legal y tratamiento fiscal-financiero, ya que el tema no ha sido analizado. Esta asesoría no tiene conocimiento sobre convenios o compromisos firmados en la temática y no se ha participado en programas de cooperación técnica vinculados. Asimismo, no se tiene conocimiento de documentos o informes donde se manifieste la posición del MEF frente a este tipo de instrumentos financieros, dado que el tema no ha sido analizado. Por último, no se ha trabajado en la evaluación, seguimiento o diseño de políticas vinculadas, ni se tiene en conocimiento sobre el eventual desarrollo de normativa relacionada”, amplió.
No obstante, la respuesta, “a modo explicativo”, esclarece que tokenizar significa “representar un activo físico, financiero o intelectual en un archivo digital”. En general, esto implica la representación de un activo en un formato digital (token) que puede ser gestionado en una red blockchain. Específicamente aplicado a biodiversidad y recursos naturales, se pueden representar en un token, por ejemplo, “derechos sobre un terreno con alta biodiversidad o la captura de determinada cantidad de carbono de un bosque”, ejemplifica.
Según la explicación del MEF, la tenencia de un token otorga determinados derechos, como la propiedad de un activo, el acceso a un bien o servicio o la recepción de un pago. Esto implica la existencia de contratos y, eventualmente, podría incluso comercializarse e intercambiarse como una moneda (usando blockchain). La tokenización también se usa para encapsular valores como acciones y bonos, materias primas y otros activos físicos o intelectuales (por ejemplo, obras de arte o patentes).
En la contestación a la diputada e hija del líder de Identidad Soberana, Gustavo Salle, Olivera subraya que la reunión de junio fue “la única instancia que se tuvo vinculada a esta temática” por parte de la Asesoría Macroeconómica del MEF. Y, ante la pregunta de la legisladora de si ha trabajado junto con otros organismos del Estado (Banco Central, Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Industria, entre otros) en la evaluación, seguimiento o diseño de políticas vinculadas a la tokenización de recursos naturales, o está “en desarrollo o consideración alguna normativa o lineamiento para regular este fenómeno”, reafirma que en esa asesoría ministerial “no se ha trabajado en el tema ni se conoce el desarrollo de normativa alguna vinculada con la materia”.
Otras asesorías del MEF participaron en la respuesta al pedido de informes. La vinculada con los impuestos señaló que “actualmente no se cuenta con disposiciones normativas tributarias correspondientes a la tokenización de recursos naturales”.
Ante la pregunta de qué interpretación tributaria o jurídica se da a los tokens respaldados en activos físicos o naturales, en caso de que se emitan o transen en el país, la Asesoría Tributaria indicó que, dado que se trata de un “mercado emergente, es necesario realizar un análisis y estudio fiscal de la nueva modalidad de comercialización”. En segundo término, las implicancias fiscales dependerán de la naturaleza jurídica del recurso, al tratarse de derechos de uso o explotación podrían ser similares a un instrumento derivado o un derecho como son los créditos de carbono.
Dicha asesoría aclara que para poder dar certeza en una respuesta se debería realizar un “análisis de la nueva modalidad emergente, teniendo en cuenta la ausencia de normativa en la materia”. En caso de producir rentas, “podría quedar alcanzada por el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE), el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) o el Impuesto a las Rentas de los no Residentes (IRNR)”. Del mismo modo, a la operativa con tokens podría caberle la tributación con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) si se tratara de una circulación de bienes intangibles o una prestación de servicios.
Álvaro Lalanne, integrante de la Asesoría en Política Comercial del MEF, reafirmó que “no se cuenta con disposiciones específicas sobre tokenización de recursos naturales en los acuerdos internacionales de inversiones que el país tiene vigentes”. También dejó en claro que el tema es nuevo para esa asesoría, que “no ha participado en instancias de cooperación técnica o financiamiento con organismos internacionales en los que se contemple la tokenización como mecanismo de valoración ambiental o desarrollo sostenible, ni se tiene antecedente de informes o pronunciamientos en esta temática”.
Regulación y posible hub
El empresario uruguayo Pablo Coirolo, ejecutivo principal de la tecnológica Light 47, con sede en Liechtenstein, dijo en abril del 2002 en Hacer Empresa, la revista de la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo (IEEM), que en América Latina había “gran interés” en la tokenización de activos, especialmente de inmuebles y agropecuarios, sobre todo porque la tecnología de blockchain permite darles liquidez a esos mercados y facilita el acceso a pequeños inversores a una parte tokenizada y recibir dividendos proporcionales a su inversión. “El gran problema” para el desarrollo es regulatorio, porque “el primer instinto es siempre parar la innovación en vez de incentivarla”.
Ese ejecutivo ha repetido que Uruguay tiene las condiciones para convertirse en un hub de activos digitales en América Latina al contar con “una comunidad altamente desarrollada” y con “una de las mejores industrias de desarrollo de software“ de la región. “Lo que nos falta es un marco (…) que nos dé claridad regulatoria”.
Tokenización inmobiliaria
La posibilidad de recurrir a la tokenización de ciertos activos reales en Uruguay ha sido analizada en ámbitos académicos. Una tesis de 2022 para la obtención del título de máster en Dirección Financiera en la Facultad de Administración y Ciencias Sociales de la Universidad ORT Uruguay se enfocó, en concreto, en la viabilidad de su aplicación en proyectos inmobiliarios.
Los autores —Ignacio Algorta, Francisco Mari de León y Marcelo Birenbaum— señalan algunas particularidades del mercado inmobiliario, que involucra una clase de activos “preferida por los inversores uruguayos, tal vez por una mezcla de factores culturales y la ausencia de otras alternativas de inversión locales”.
Ven como el “gran desafío” de la tokenización de activos, especialmente los inmobiliarios, la “aceptación por parte de usuarios (inversores y desarrolladores) y reguladores”. En ese sentido, plantean, sería relevante “conocer la propensión de los inversores minoristas a la incorporación de instrumentos basados en blockchain a sus portafolios”.
Entienden que, aprovechando el “reconocimiento internacional sobre la certeza jurídica de Uruguay, en caso de generarse una normativa apropiada se abriría la posibilidad de generar una plataforma local para la implementación de esta práctica no solo para proyectos locales, sino que también para casos internacionales”.
