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Varios artículos del proyecto de Ley de Presupuesto elevado a fin de agosto al Parlamento ponen en blanco y negro los cambios anunciados durante la campaña electoral para el Instituto Uruguay XXI y dan marcha atrás a la restricción de capacidades y cometidos definida por el gobierno anterior.
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La directora ejecutiva de la agencia, Mariana Ferreira, evaluó en diálogo con Búsqueda que la explicitación de nuevos cometidos pone al instituto como un “brazo ejecutor” de las políticas de inversiones y con un rol que lo “rejerarquiza con foco bien fuerte” en esos temas.
Por un lado, la iniciativa presupuestal plantea reforzar el Consejo de Dirección, que volverá a estar integrado por el director ejecutivo (con voz pero sin voto) y por cinco (en lugar de cuatro) delegados del sector privado; estos serán designados cada tres años —y no cada dos como antes— a propuesta de las organizaciones más representativas de los sectores que lo conformaban hasta el 2020, y se agregó expresamente a las tecnologías de la información y las zonas francas. Ello es para reflejar mejor la “realidad exportadora y de inversión” actual, explicó a Búsqueda la directora ejecutiva del instituto.
Otro de los cambios incluidos en el proyecto, comentó Ferreira, refiere a que se propone “institucionalizar” la forma de comunicación y coordinación entre Uruguay XXI y el Poder Ejecutivo. Se plantea que ese diálogo será a través de la Comisión Interministerial para Asuntos de Comercio Exterior (Ciacex), que se reinstauró en esta administración —que sesiona en el mismo edificio de la agencia— y está integrada por los ministerios de Economía, Relaciones Exteriores, Industria, Ganadería y Turismo.
Aftercare
En tanto, otra modificación refiere a los cometidos que se le adosan de manera “explícita” al instituto y que refieren a “brindar servicios de posinversión orientados a acompañar, facilitar y fortalecer la permanencia, expansión y reinversión de empresas extranjeras instaladas en Uruguay”. Para cumplir con ese nuevo fin, de aprobarse el proyecto de ley, se prevé que el instituto incorpore un coordinador para la tarea de aftercare.
Vinculado al cuidado de la inversión foránea, la directora ejecutiva destacó que también se propone que el instituto tenga el “mandato” de policy advocacy, al incluir como cometido que ejerza “funciones de promoción de políticas” y actúe “como canal de comunicación institucional entre los inversores extranjeros y el Estado, contribuyendo con el clima de inversión y la competitividad del país”.
Por último, en materia de funciones, el texto plantea que el instituto, además de gestionar y optimizar el funcionamiento de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, haga lo mismo con la Ventanilla Única de Inversiones (VUI).
Ferreira explicó que de esa forma se propone desarrollar operativamente la VUI. En esa línea, el instituto ya adelantó camino porque tiene previsto para este mes que las empresas instaladas en zonas francas hagan sus declaraciones juradas online a través de esa plataforma, algo que hasta ahora hacen de forma física. Agregó que se está trabajando para añadir la digitalización de otros trámites, por ejemplo, de otros procesos de zonas francas y vinculados a proyectos de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones.
En materia de financiamiento, el proyecto también prevé reforzar al instituto en cuanto a su capacidad de obtener recursos porque le reintegra la posibilidad de recibir “fondos provenientes de la cooperación, cualquiera sea su origen”, y “todo otro recurso que le sea atribuido”. Ello le permitirá, precisó Ferreira, ejecutar la parte de internacionalización que incluye el “Programa de Desarrollo Productivo de Uruguay a través de internacionalización, innovación y talento” del Banco Interamericano de Desarrollo.