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Aborto: académicos y activistas plantean actualizar la ley, ampliar plazos y eliminar el período de reflexión
Un informe del Grupo de Estudios en Política Criminal también propone sacar la consulta con el equipo interdisciplinario y suprimir el delito del Código Penal; en cinco años hubo dos condenas
Uruguay aprobó en 2012 la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
En 2012, Uruguay aprobó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que marcó un hito significativo en los derechos reproductivos de las adolescentes y las mujeres. A 12 años de la puesta en práctica de esa norma pionera, sin embargo, algunos académicos y activistas plantean la necesidad de hacer una revisión que derive en una actualización de la legislación.
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Una investigación del Grupo de Estudios en Política Criminal, que integra la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República (Udelar), que se enmarcó en un proyecto titulado “Agenda de Derechos y Justicia Penal”, analizó la aplicación de la ley entre noviembre de 2017 y diciembre de 2021. La investigadora María Emilia Pérez y el profesor agregado de Derecho Penal, investigador del Sistema Nacional de Investigadores y responsable del Grupo de Estudios en Política Criminal, Diego Silva, analizaron todas las sentencias penales que dictó el Poder Judicial sobre el delito de aborto, que se comete cuando la interrupción del embarazo se realiza fuera del procedimiento legal.
En el período comprendido por la investigación hubo dos sentencias de condena por delitos de aborto en todo el país, dice el avance del estudio, al que tuvo acceso Búsqueda. Uno fue el de una joven de 18 años, residente de una pequeña localidad del interior, que concurrió a una consulta ginecológica en un hospital público ubicado a 63 km de su casa. En la consulta, a través de una ecografía, se constató que cursaba un embarazo de 26 semanas. La ley despenaliza el aborto hasta las primeras 12 semanas, o 14 en caso de violación, por lo cual decidió adquirir misoprostol y lo ingirió en su casa, lo que le provocó contracciones y la expulsión del feto. Su madre la trasladó al hospital. A través de un proceso abreviado la joven fue imputada por un delito de aborto con consentimiento de la mujer, y un delito de aborto consentido con la colaboración de un tercero al varón con quien tenía un vínculo ocasional. Ambos fueron condenados con una pena de dos meses de arresto domiciliario y dos meses de libertad vigilada.
El segundo caso fue el de una pareja que convivía en una capital departamental. La mujer, de 21 años, tenía un embarazo de entre 12 y 13 semanas. Luego de que les informaran en una policlínica pública que ya no se podía practicar el procedimiento previsto por la ley, decidió recurrir a un aborto clandestino. La maniobra fue realizada por un médico, que el joven conocía de su localidad de origen, mediante la introducción de una sonda, que generó una grave infección en la mujer y le provocó la muerte. El especialista fue condenado a cuatro años de penitenciaría, por un delito de aborto con consentimiento de la mujer con resultado de muerte, y la pareja de la víctima a tres años de penitenciaría como coautor.
La investigación, que también relevó información de organizaciones de la sociedad civil presentada ante organismos internacionales, establece que “se constataron importantes dificultades en la práctica” para las mujeres que quieren realizarse un aborto legal. Señala que, en la esfera penal, “resulta cuestionable” el plazo establecido para acceder al procedimiento de IVE, así como también el requisito temporal de residencia para las mujeres migrantes —de un período no menor a un año— porque “son limitaciones que llevan a la clandestinidad y pueden determinar la criminalización de interrupciones de embarazo voluntarias”.
Una legislación que infantiliza a las mujeres
Para los integrantes del Grupo de Estudios en Política Criminal una futura regulación debería “ampliar y flexibilizar los plazos” para acceder a un aborto legal, porque 12 semanas es “exiguo” y “no garantiza” que las mujeres embarazadas, en muchos casos con vidas complejas, puedan reflexionar sobre su estado y porque tampoco el sistema sanitario provee el acceso inmediato a las consultas. En caso de embarazos después de violaciones, plantean que el aborto debería poder realizarse en cualquier momento.
También argumentan que debería eliminarse la consulta con el equipo interdisciplinario y el “período de reflexión”, que según la ley es de un mínimo de cinco días, porque esas medidas “infantilizan a las personas adultas, como si no fueran capaces de decidir con convicción acerca de la disposición de su propio cuerpo”. Plantean que la ley únicamente debería establecer que las mujeres consulten con su ginecólogo para acceder al aborto.
“Debe tenerse presente que el propósito de la consulta con el equipo interdisciplinario y el período de reflexión no son sino procedimientos en beneficio de la mujer”, para “garantizar que la decisión haya sido meditada”; “en materia del ejercicio de derechos, los procedimientos son mecanismos de garantía para sus titulares, por lo que no pueden constituir un límite ni un obstáculo, verificada la voluntad para su ejercicio”, dice la investigación.
Los académicos consideran también que debería suprimirse de la legislación penal “la punición de conductas tendientes a la interrupción voluntaria del embarazo”, porque el Estado “no puede castigar penalmente” mientras “no garantiza” que todas las mujeres puedan acceder a servicios de salud sexual y reproductiva y de IVE en su lugar de residencia. “El incumplimiento estatal de la obligación de universalidad (...) lesiona no sólo el principio de autonomía personal sino también el principio de igualdad, en tanto no está garantizado universalmente su ejercicio”, concluyen.
Para los integrantes del Grupo de Estudios en Política Criminal de la Udelar, es necesario que una “nueva regulación” reconozca las falencias que señalaron. Pusieron como ejemplo un caso del derecho comparado, el de España, que en 2023 aprobó una ley que modificó y amplió la legislación de “salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo”, que estaba vigente desde 2010.
La organización Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) plantea que, si bien “es indiscutible el avance” que representó la ley, “es fundamental mejorar las herramientas”, ya que, a partir de “más de una década de resultados”, hay “aspectos relevantes que requieren ser abordados y problematizados”.
El informe ¿Cuánto cuesta el aborto legal en Uruguay? que publicó MYSU en noviembre de 2024 —que contó con apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas— estimó por primera vez los costos de realizar una interrupción voluntaria del embarazo. Tal como informó la diaria, estimaron que el procedimiento legal de aborto en el sistema público de salud cuesta $ 20.963 pesos, unos US$ 524, un 33% más de lo que costaría si se siguieran las recomendaciones de las últimas guías de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que datan de 2022.
Los requisitos establecidos en la ley IVE en Uruguay “son más exigentes” que lo recomendado en la última actualización de las directrices de la OMS, que, entre otras cosas, no pide una consulta con un equipo multidisciplinario, un tiempo de reflexión y tampoco una consulta con ginecólogo para ratificar la decisión y comenzar con el procedimiento, dice el informe.
En diálogo con Búsqueda, la exdirectora de MYSU Lilián Abracinskas, quien fue una de las investigadoras, dijo que les pareció oportuno investigar la dimensión económica, que no se había medido en Uruguay, para “tener otro dato que permita establecer el debate de cómo mejorar la ley, con discusiones sustentadas en evidencia”.
Rezago en comparación con otros países
Tras varios estudios realizados por la organización luego de la aprobación de la ley, Abracinskas consideró que “es fácil de demostrar que Uruguay quedó rezagado frente a Argentina”, porque la ley que aprobó en 2019 “es más de avanzada” que la local, al igual que la colombiana, de 2022. En este contexto, cree que una actualización de la ley debería ser un “tema de debate”.
“Hay que ver si se quiere ser un país de avanzada como Uruguay lo fue hace 12 años”, señaló.
La activista aseguró que “el legislador se equivocó” al incluir la consulta con el equipo interdisciplinario, porque está demostrado que “no influye en la práctica de los abortos”, y, por tanto, “tiene que enmendar el error”. Abracinskas dijo que es uno de los elementos del procedimiento que lo transforman en “engorroso”, que pretendía desestimular la práctica de los abortos, pero los datos muestran que el 95% de quienes inician el proceso lo finalizan.
Según datos del Ministerio de Salud Pública, en 2023 se realizaron 10.898 abortos, mientras que hubo 630 adolescentes y adultas que decidieron continuar con el embarazo.
