Académicos plantean repensar la Justicia penal juvenil frente a un “retroceso en la normativa” y una “lógica” de adultos

El experto definió como un “contexto regresivo” el que se da en Uruguay desde 2011, cuando se empezó a modificar “casi sin pausa” el Código de la Niñez y la Adolescencia —que trajo la convención a la normativa nacional en 2004— y “norma tras norma” se produjo un “retroceso, independientemente del contexto político”. Tanto Díaz como Zubillaga pusieron como ejemplo la Ley de Urgente Consideración, que en 2020 incorporó los acuerdos abreviados con la Fiscalía como una de las vías procesales para adolescentes, aunque se limitó su procedencia a las infracciones graves, como hurtos, receptación, lesiones personales, armas de fuego y violencia doméstica.

Consentimiento sin acompañamiento

Fernández, quien participó del informe temático que se realizó en 2022 para el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura sobre los acuerdos abreviados en adolescentes, consideró que la diferencia en los procesos con los adultos es que “tiene que participar alguien que pueda hacer un reaseguro del consentimiento”, un acompañante que sea ajeno al sistema judicial que “pueda problematizar” y ver las ventajas o desventajas de firmar o no el acuerdo, pero en la práctica eso no sucede. “Hay un diseño normativo que permitiría asegurar que se dé el consentimiento en las circunstancias adecuadas, pero no se cumple por problema institucional” y “es un problema a solucionar”, afirmó.

Los abogados hicieron referencia a una “priorización” de la “celeridad” frente a las garantías de los menores infractores, una situación que también ha sido advertida en adultos.

“Hay argumentos de peso para pensar que el abreviado no era un instrumento necesario para el sistema penal juvenil”, señaló Díaz.

Dos adolescentes detenidos por rapiña a supermercado en La Teja, 2022. Foto: Ministerio del Interior

Dos adolescentes detenidos por rapiña a supermercado en La Teja, 2022.

Ministerio del Interior

Un encierro que causa daños

Fernández también se refirió a la posibilidad de sustitución de las medidas socioeducativas que existen para los menores infractores, a diferencia de los adultos, que está establecido en el artículo 94 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Aseguró que están viendo casos de jueces que resuelven enviar a adolescentes a un mes de privación de libertad y tres sin privación de libertad, cuando hay estudios que hablan de que el encierro provoca daños concretos, por ejemplo, incide en los intentos de autoeliminación.

“Lo que algunos operadores entienden como mandar a pensar un mes a Colonia Berro, como si fuera un lugar de reflexión, lo que está generando es daño y la posibilidad de conductas lesivas”, dijo el abogado. En su opinión, los jueces deberían “aprovechar” más la posibilidad que tienen de “poner solo cuatro meses sin privación de libertad”.

También puso sobre la mesa que el proceso abreviado es utilizado en “muchos casos” de adolescentes “en escenarios de mercados criminales” que participan de redes de tráfico de drogas o de armas y de trata de personas. En esos casos, la medida privativa saca por un tiempo al joven de ese “conflicto” pero luego “vuelve al mismo lugar” sin que haya ningún efecto en la “desarticulación de mercados delictivos”. Incluso en ocasiones esto los expone luego a situaciones de violencia. “Cuando son víctimas de redes, hay que tener tratamiento diferenciado”, sugirió Fernández.

Una Justicia especializada

La mayoría de los menores infractores “no tienen idea de lo que pasó”. Muchas veces se asumen, a través de un acuerdo abreviado, como responsables de una infracción a la ley penal que no cometieron “por miedo” o por no entender. Esta situación fue descripta por Paula García, de la Fundación Centro de Educación Popular, una ONG que trabaja en un programa de medidas no privativas de libertad para adolescentes en el departamento de Canelones. Durante la mesa de análisis planteó que el sistema de adolescentes está “invisibilizado”, que “no están dadas las garantías” y que es necesario que se cree un juzgado especializado en la materia en ese departamento.

Díaz coincidió y aseguró que “es urgente” para Canelones, porque tiene una “complejidad” y no hacerlo “es un error”, como también consideró que lo es no tener un Tribunal de Apelaciones dedicado exclusivamente a los adolescentes. “Son dos cuestiones que pueden ayudar a pensar en una Justicia especializada y que son posibles”, aseguró. En ese sentido, hizo referencia a que el próximo año habrá una discusión presupuestal en el Parlamento y señaló la conveniencia de “instalar estos temas”, para que los legisladores dediquen recursos a enfrentarlos.

“Necesitamos empezar a pensar en un código penal de adolescentes y generar una Justicia penal juvenil”, aseguró Zubillaga, y puso sobre la mesa la posibilidad de “diseñar” qué juicio para menores infractores se quiere tener. Para eso, planteó que “capaz un Ministerio de Justicia sirve”.

La creación de esta nueva cartera está planteada tanto en las bases programáticas del Frente Amplio como en el Compromiso país: gobernar entre todos, que firmaron los partidos de la coalición este lunes 4 de noviembre.

Fernández lamentó que los adolescentes son “muchas veces ignorados” en investigaciones académicas y en la reforma política legislativa.