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Ambiente defiende impuesto a plaguicidas de alta peligrosidad ante cuestionamientos de la oposición y productores
Detractores señalan fin “recaudatorio” que quitará competitividad y dicen que el MGAP ya ejerce controles adecuados; Alejandro Nario dice que se trata de una propuesta conjunta del gobierno alineada con experiencias internacionales
Cultivos hortícolas durante la aplicación de plaguicidas.
El artículo 468 del proyecto de Ley de Presupuesto es uno de los que todavía genera rispideces en el ámbito político. Allí se propone gravar con un Impuesto Específico Interno (IMESI) a los productos fitosanitarios considerados de alta peligrosidad por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El Ministerio de Ambiente busca, de esa manera, desestimular su uso para proteger la salud y el medioambiente y destinar los recursos que se obtengan a financiar la transición hacia modelos agrícolas mas sostenibles. Desde la oposición, sin embargo, cuestionan el impacto del impuesto en los costos de producción y se proponen eliminarlo.
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En el sector agropecuario la postura también es de profundo rechazo, según quedó plasmado durante la comparecencia de productores hortícolas, frutícolas y lecheros ante la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado. En la instancia, celebrada el pasado 23 de octubre, el presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Rafael Ferber, afirmó que ven “absolutamente inconveniente” el artículo que propone gravar a determinados plaguicidas, herbicidas y fungicidas. A su entender, su uso ya se encuentra bien regulado bajo la órbita del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), que “cuando ha tenido que limitar productos" o "prohibirlos" lo hizo de "forma correcta".
“Siempre todos queremos usar menos productos y manejarnos de forma más orgánica y ecológica. Ahora bien, debemos tener claro que, si el criterio que se toma para limitar o encarecer productos es desde el punto de vista del ambiente, no estamos teniendo en cuenta lo productivo; y si no tenemos en cuenta lo productivo, que es para lo que se usan, puede surgir tráfico irregular, uso indebido y encarecimiento”, dijo Ferber.
En la misma línea, opinó que tomar una medida de este tipo con criterios ambientalistas “es equivocado” y aseguró que “el fin es recaudatorio" porque el producto "se va a comprar" igual y "se va a trasladar al precio”. También cuestionó el valor de la tasa que se propone, ya que en muchos casos es "del valor del producto", de forma que "lo encarece 100%".
“Uno empieza a sumar cosas, y no hay forma de avalarlo o de verlo de una manera moderada”, cerró.
El secretario ejecutivo de la Asociación de Productores y Compradores de la UAM (Unidad Agroalimentaria Metropolitana), Remo Di Leonardi, afirmó que en el rubro de la fruticultura la producción amigable con el medioambiente “ha evolucionando” y el uso de los productos agrícolas bajó notoriamente. En su opinión, más que minimizar el uso de estos productos, el impuesto habilitará "a que los use el que tenga poder adquisitivo”.
"Además, si hay un organismo que debe regular o tomar este tipo de decisiones es notoriamente el MGAP, y no el Ministerio de Ambiente (...) Estamos totalmente en contra del impuesto porque es encarecer más un país que ya es bastante caro para producir”, agregó .
Esta posición fue compartida por cada uno de los siguientes exponentes. Por ejemplo, Marta Bentancur, representante de la Unión de Productores y Exportadores de Frutas de Uruguay, señaló: "Parece raro que el Ministerio de Ambiente esté promoviendo un impuesto en lugar de promover el buen uso o el no uso de ese tipo de productos o buscar sustitutos", planteó.
Los senadores de la oposición mostraron su apoyo a los productores. El nacionalista Sergio Botana afirmó que “desde el punto de vista ambiental no existe razón alguna” para gravar el uso de estos productos y que lo único que se lograría es perder competitividad. “Que el Ministerio de Ambiente se dedique a prevenir en cuestiones en las que sea más solvente que los demás y no se meta en algo que termina generando daño, sin ninguna consecuencia positiva”, comentó.
El colorado Pedro Bordaberry cuestionó incluso que sea la cartera de Ambiente quien proponga la norma en relación a una clasificación de la OMS, ya que es una categorización prevista para proteger la salud humana y no el medioambiente. “Tenemos un Ministerio de Ambiente que se mete con los productores y, además, en la política de salud y no para cuidar el medioambiente”, señaló.
Potestades
El director nacional de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Ambiente, Alejandro Nario, se mostró firme ante las críticas de legisladores opositores. “No sé para qué hicieron el Ministerio de Ambiente entonces, capaz para que vaya y cuente caracoles en la playa”, ironizó.
El experto recordó que la propuesta fue construida junto al MGAP y al Ministerio de Economía y Finanzas y forma parte de una estrategia conjunta de ir hacia una agricultura más sostenible sin aplicar cambios que afecten la actividad económica de los productores. “Es claro que el mundo está cambiando, que hoy tenés que ir hacia formas de vinculación de la agricultura con la naturaleza distintas a las que se vienen desarrollando, y eso implica un trabajo del sector público y privado, que hace a la sostenibilidad del sector a través del uso de bioinsumos y técnicas que incorporen a la naturaleza en los procesos de producción”, comentó.
Aseguró que la medida “no es contra los agricultores” y que esa brecha que se busca instalar entre el Ministerio de Ambiente y el sector agropecuario “no es cierta ni válida”. Aseguró que esa "pseudo guerra no existe" y que el gravamen es una herramienta ambiental, como fue la ley de bolsas plásticas en su momento.
“Pensar que los instrumentos económicos son solo con fines recaudatorios es no estar viendo lo que está pasando en el mundo. Hoy los instrumentos económicos son una de las herramientas más grandes para cambiar pautas culturales y patrones de conducta. Porque hay determinados productos que no es posible prohibir del todo, ya que hay cultivos que los usan”, explicó.
En cuanto a las críticas porque la medida sea aplicada por Ambiente, Nario opinó que “no tienen ningún sustento”, ya que se trata de una política del Poder Ejecutivo con aportes de varios ministerios. Incluso, aseguró que los controles seguirán estando en la órbita del MGAP. “Que sea un instrumento ambiental que se canalizó por el inciso del Ministerio de Ambiente no quiere decir que nosotros queramos competir con las competencias del MGAP”.
También defendió el rol "transversal" que tiene el Ministerio de Ambiente. “Pensar que el Ministerio de Ambiente no tiene nada que ver con los temas de salud o con la producción agropecuaria o industrial o con las actividades costeras y el desarrollo del turismo costero es no entender cómo funciona el mundo”, insistió. Por último, descartó que el impuesto vaya a afectar "económicamente las exportaciones", ya que "la alícuota máxima es bastante acotada".
