En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
+
Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad
Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.
Suscribite a Búsqueda
DESDE
UYU
299
/mes*
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
Amnistía Internacional: Uruguay es uno de los países con más problemas para garantizar a niñas y mujeres una vida “libre de violencia”
En su informe anual la organización afirma que los debes en materia de derechos humanos crecen “año a año” y llama la atención sobre la “opacidad” del Estado
Uruguay es “un país hostil” con “mujeres y niñas” y es urgente que el Estado “fortalezca” su “sistema de garantías”. Esta afirmación surge del informe anual del 2024 de la organización Amnistía Internacional en el que se reiteran llamados de atención sobre aspectos ya señalados en reportes anteriores, algunos de los cuales muestran una mayor dimensión, como la violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
El documento analiza la situación de los derechos humanos en 156 países del mundo. Para Lucía Pérez Chabaneau, directora ejecutiva local de Amnistía Internacional, el capítulo ampliado sobre Uruguay —presentado este martes 29— es una “oportunidad” para que el Estado pueda identificar y responder a tiempo a algunos asuntos incipientes, entre los que también destacó la dificultad de acceso a la información pública y la falta de transparencia. Si no se atienden, advirtió, estos problemas pueden convertirse en estructurales.
Uno de los puntos principales sobre los que alerta el informe es el aumento de la violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes. En 2024 se registraron 346 casos de explotación sexual de menores de edad, lo que significó un aumento de 24% con respecto al año anterior.
En junio de 2024 una adolescente víctima de explotación sexual falleció en Rivera mientras se encontraba bajo el cuidado del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). Tras una investigación, la Institución Nacional de Derechos Humanos concluyó que el Estado cometió “graves vulneraciones” de derechos en este hecho. Para Amnistía Internacional, este es un “caso emblemático” que “visibiliza la precariedad de la protección” sobre menores que están “institucionalizados en Uruguay”.
Según Pérez Chabaneau, el incidente deja al descubierto que la presencia y la respuesta del Estado ante las situaciones de vulneración de derechos en menores son insuficientes y están pensadas de “manera equivocada”. Amnistía señala que es necesario reformar el “sistema de protección” para que niños, niñas y adolescentes puedan vivir “una vida digna libre de violencia”.
72342.jpg
Sede del INAU
Javier Calvelo / adhocFOTOS
Las “problemáticas” de Uruguay con la violencia de género
El informe indica que en el 2024 se registraron 35.293 denuncias por situaciones de violencia de género contra mujeres, lo que significó “un promedio de 116 denuncias por día, una cada 16 minutos”. Los datos también muestran que 63% del total de denuncias registradas se hicieron a parejas, exparejas o personas con las que se tiene un vínculo afectivo-sexual, y 37% a familiares. Para Amnistía, esta realidad posiciona a Uruguay como “uno de los países con mayores problemáticas en materia de garantizar a las mujeres y niñas una vida libre de violencia”.
La organización entiende que el aumento de la violencia hacia niñas y mujeres está “estrechamente vinculado con los obstáculos en la aplicación de la ley de violencia de género (19.580)”. El informe subraya la falta de asignación de recursos para la creación de juzgados especializados y las carencias formativas que presentan los operadores judiciales y policiales al momento de atender a las víctimas.
Pérez Chabaneau dijo a Búsqueda que, además, la sociedad atraviesa una tensión respecto a “acuerdos sociales” que ya tenía “sobre las políticas de igualdad y la lucha contra la violencia de género”. La directora de Amnistía Internacional Uruguay señaló que el hecho de que algunos líderes políticos cuestionen la importancia de la lucha contra la violencia basada en género “es problemático” porque conduce a la ciudadanía a poner en tela de juicio o incluso a desconocer la existencia de este tipo de violencia.
A nueve años de creado el Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC), Amnistía Internacional identifica que su funcionamiento es “deficiente” y que la población objetivo no está “pudiendo acceder a la atención determinada por ley”, por lo que se ve vulnerado el derecho humano al cuidado.
El informe señala que es urgente que el Estado uruguayo “garantice a la población en situación de dependencia severa un acceso inmediato a la atención y la posibilidad de contar con asistentes personales”. También resalta la necesidad de “restituir la estructura” del SNIC, que fue modificada en el gobierno de Luis Lacalle Pou, para reafirmar la institucionalidad del sistema.
20120813JC_1012.jpg
Javier Calvelo / adhocFOTOS
Debilitamiento en transparencia y acceso a información pública
En sus conclusiones, Amnistía Internacional destaca que, al momento de elaborar el informe, “resultó por demás complejo poder acceder a información” sobre la implementación de políticas públicas en materia de derechos humanos. En este sentido, señala que “la opacidad que ha alcanzado el Estado al momento de cumplir con las obligaciones en materia de transparencia” y de garantizar el derecho al acceso a la información pública de sus habitantes es uno de los mayores signos de debilitamiento de derechos que presenta Uruguay.
Asimismo, insta a las nuevas autoridades de gobierno a “garantizar la transparencia” en cuanto a la instalación de proyectos con impacto ambiental y social. El documento relata que Amnistía hizo un pedido de acceso a la información pública al Ministerio de Ambiente sobre las ventajas fiscales que recibirá una multinacional por la instalación de un data center en el país y no obtuvo una “respuesta satisfactoria”.
También menciona el proyecto Neptuno, que ha sido señalado por varias organizaciones de la sociedad civil como un proceso “poco transparente” y con “serias dificultades” para el acceso a la información.
Para Pérez Chabaneau, la falta de transparencia por parte del Estado es “una trampa al solitario” porque no solo debilita el derecho a la información sino que también “se complica a sí mismo”, puesto que la ausencia de información dificulta que las políticas públicas “estén a la altura de la respuesta que tiene que dar”.
