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La fiscal Letrada Penal de Montevideo de Flagrancia y Turno de 1ºturno, Graciela Peraza, archivó investigación sobre una posible amenaza contra el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso. Fuentes policiales indicaron a Búsqueda que, tras ser identificado e interrogado el responsable, se tomó la decisión por no configurarse una conducta delictiva.
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El 21 de mayo, El Observador informó que Alonso había recibido reiteradas amenazas de muerte en los días previos, motivo por el cual la Policía Nacional dispuso custodia en algunos de los lugares que frecuentaba. “Nunca lo había visto tan quebrado”, dijo Carlos Manta, integrante del Comité Ejecutivo de la AUF, a Carve Deportiva. Tras el episodio, Alonso se comunicó con el Ministerio del Interior y quedó en contacto directo con autoridades de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional.
Las fuentes señalaron a Búsqueda que la amenaza sobre el presidente de la AUF nunca se llegó a concretar. Alonso supo, a través de terceros, que una persona estaba averiguando datos privados tanto de él como de su padre. La sospecha era que esa persona estaba vinculada a una banda delictiva de la zona del Cerro.
La Policía identificó al involucrado y comprobó que la amenaza nunca llegó a concretarse.
Los motivos que investigó la Policía
El episodio ocurrió a pocas semanas de que venza el plazo para que Tenfield negocie la renovación de los derechos de televisación del fútbol uruguayo. Si para el 4 de julio la empresa y la AUF no alcanzan un acuerdo, la asociación quedará en libertad contractual para abrir un proceso de licitación y recibir ofertas de otras compañías.
En un primer momento, la Policía analizó la posibilidad de que el intento de amenaza estuviera vinculado directamente a Tenfield, pero esa hipótesis fue rápidamente descartada. Con el paso de las horas también se descartó que el responsable hubiera actuado por su cuenta, motivado por la creencia de que intimidar a Alonso pudiera generarle una relación con la empresa.
Tanto la Policía como la fiscal concluyeron que el intento del implicado de obtener el domicilio de Alonso, junto con otros datos personales, estaba vinculado a la “lista negra”, el registro que prohíbe el ingreso a espectáculos deportivos —especialmente partidos de fútbol— a quienes han cometido conductas violentas, incidentes o infracciones.
Según declaró, su hijo integra la lista debido a una sanción por lesiones a terceros, y pretendió contactar a Alonso para presionarlo a que lo removieran del registro.