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    Asesor del Congreso de Intendentes denunciado niega percibir dos sueldos públicos acusa una “chicana política”

    El exsecretario de la Intendencia de Paysandú denunciado asegura que cumple con la ley y que el frenteamplista Álvarez Petraglia busca visibilidad en el marco de la campaña municipal

    El exsecretario general de la Intendencia de Paysandú (IDP) Fermín Farinha, quien asumió recientemente su banca como diputado electo por su departamento, fue denunciado penalmente el viernes 14 por el abogado Federico Álvarez Petraglia, quien integra la lista de suplentes del candidato a la comuna por el Frente Amplio Guillermo Caraballo.

    En el escrito presentado en Fiscalía, Petraglia sostiene que desde el 3 de marzo de 2022 Farinha pasó “a cobrar dos remuneraciones simultáneamente de dos órganos públicos distintos, una como secretario general de la comuna —por la que percibía $ 151.058— y otra como asesor del Congreso Nacional de Intendentes”, por la que recibió una compensación de $ 79.480. Esto, a su entender, atenta contra la Ley 11.923, que establece que “ninguna persona podrá ocupar a la vez dos empleos públicos rentados ni percibir más de una remuneración con cargo a fondos públicos”.

    Farinha dijo a Búsqueda que los hechos denunciados son falsos y que la actitud de Petragila responde únicamente a un “móvil político” reiterado (al haber presentado numerosas denuncias previas que según el diputado “no tuvieron andamiento”) de cara a las elecciones departamentales.

    “Se le aportó los datos de los ingresos a través de un pedido de acceso a la información pública y quedó bien claro que mis ingresos son de la Intendencia de Paysandú y de la Universidad de la República (Udelar), lo que no constituye una acumulación”, explicó Farinha. Según dijo, el Congreso de Intendentes cuenta con otros asesores en materia de tránsito —como el actual intendente de Canelones, Marcelo Metediera—, quienes “en ningún caso y bajo ningún punto de vista tienen un contrato con el Congreso” de Intendentes.

    En la misma línea, aseguró que su situación no vulnera la Ley 11.923, ya que si bien es el Congreso de Intendentes el que transfiere los fondos a los gobiernos departamentales para abonar la compensación a los integrantes del gabinete de asesores, son las propias intendencias las que abonan ese monto. Para comprobarlo, mostró a Búsqueda que en sus aportes al Banco de Previsión Social (BPS) solo figuran la Intendencia de Paysandú y la Facultad de Derecho de la Udelar. Otro dato que lo garantiza, agregó, es que el salario de la Udelar y el manejo de fondos públicos son intervenidos por el Tribunal de Cuenta, que justamente controla que no existan faltas a la normativa.

    “Mi designación es a través de la intendencia, no me paga el congreso, no hay ninguna ley que sea vulnerada. Por eso es falso y él lo sabe”, cuestionó. Farinha acusó a Petraglia de recurrir a un mecanismo de “mezquindad política”.

    “No es solo este caso, es el modus operandi de esta persona, que es ya un denunciante contumaz que utiliza el Poder Judicial como herramienta política, señaló refiriéndose a Petraglia. Según Farinha, el abogado busca “generar un hecho político” y obtener “espacio” en diferentes medios de comunicación.

    “Lo que está buscando a través de un mecanismo de política rastrera es tratar de llevar agua a su molino en el período electoral”, agregó.

    Consultado acerca de por qué no declaró entre sus ingresos la compensación por su desempeño en el gabinete de asesores en la declaración jurada presentada en setiembre de 2023 ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), explicó que en los meses de agosto y setiembre la intendencia no le abonó dicho monto y por tanto ese ingreso no se reflejó en sus recibos de sueldo. “No es una partida permanente. Cada intendencia define y resuelve cuándo corresponde”, comentó.

    Por último, dijo estar convencido de que “la verdad siempre es la que termina primando en este tipo de situaciones”, aunque criticó que “personas que aspiran a ser intendentes o que ya lo fueron avalen este tipo de mecanismos”.

    “La naturaleza jurídica del Congreso de Intendentes es justamente ser un órgano colegiado integrado por el representante de cada una de las intendencias, con el fin de coordinar las políticas departamentales con un enfoque nacional”, cerró Farinha.