Los problemas surgirían décadas más tarde. Daniel Romay, casado con Zelmira del Castillo, murió en 2003 sin dejar testamento y sin descendencia. En mayo de 2007, Salvo Ferreri promovió contra Del Castillo una acción legal para que le devolviera las acciones de la radio y el canal que ella le había donado a su hijo Daniel. Según el Código Civil, los hijos son “herederos forzosos” de los bienes de sus padres. Si el hijo muere antes que los padres, la herencia pasa a los nietos. Pero este no fue el caso, ya que Daniel Romay y Del Castillo no tuvieron descendencia. Por eso, el resto de la familia Romay entendió que la viuda debía devolver los bienes.
En medio del proceso judicial, en julio de 2009, murió Salvo Ferreri, la matriarca de la familia. Quedaron como únicos herederos sus hijos, Hugo Antonio y Walter Ángel; sus nietos Giordano Ángel y María Elvira (hijos de Carlos Lorenzo, fallecido) y sus bisnietos, Carlos, Clarice y Tomás Romay Buero.
El juicio siguió, pero en mayo de 2015, Hugo Antonio Romay desistió de continuar con el proceso. Un año después murió y las acciones pasaron a Hugo Lorenzo Romay, uno de los actuales dueños del multimedio. También en 2016 falleció Walter Ángel Romay, y las acciones pasaron a su hijo Walter Carlos, también actual dueño de las empresas.
La tercera pata del directorio pertenece a Del Castillo. Los hijos y nietos de Carlos Lorenzo Romay Eccher, los únicos que continuaron con el juicio, obtuvieron en setiembre de 2017 una sentencia favorable. El tribunal falló que Del Castillo debía restituir los bienes donados, más las ganancias percibidas por la demandada desde noviembre de 2003 hasta el momento definitivo de pago, y un tercio del 100% de las acciones de Geosol S.A. y de Marson S.A.
Fallos de primera y segunda instancia determinaron que las ganancias percibidas que debe devolver Del Castillo rondan los US$ 30 millones, aunque sigue en aumento porque debe ajustarse por el Índice de Precios al Consumo.
El potencial acuerdo
La propuesta de acuerdo enviada por el administrador judicial el día antes que se levantara la feria establece que Del Castillo se compromete a pagar US$ 9 millones a cambio de cerrar la disputa judicial. Si la Justicia lo avala, no debería entregar las acciones de los medios y sociedades anónimas mencionadas en el fallo.
El miércoles 5 de febrero, Rodríguez comunicó que dada la respuesta favorable de siete de los nueve herederos, procedería a presentar el acuerdo para su consideración judicial.
El documento, al que accedió Búsqueda, indica que la propuesta es “razonable” porque si bien la liquidación alcanzaba los US$ 30 millones, “no se han identificado bienes suficientes de la demandada que permitan hacer efectivo el cobro de esas sumas”. Además, la mayoría serían acciones en sociedades premisarias de medios de comunicación, autorizadas por el Estado, por lo que el proceso de ejecución demoraría demasiado.
Sostiene que el juicio en el que se determinaron los montos está pendiente de resolución firme y que luego “se deberá promover eventualmente el proceso de entrega de las acciones de Montecarlo SA (Radio Monte Carlo) y la sociedad Monte Carlo TV SA (Canal 4)”.
El “nuevo ardid”
Los Romay Buero, bisnietos de los fundadores de los medios, presentaron un escrito en el que se oponen al acuerdo. Argumentaron que el administrador judicial no tiene facultades para disponer de los bienes sucesorios, no tenía un “poder especial” que lo habilitara a otorgar la transacción y, por ende, actuó “fuera de los límites” de sus potestades.
“Nos oponemos a ella sencillamente porque la transacción pretendida implica una renuncia de gran entidad que nos causa importantes perjuicios”, dice el escrito.
Acusa a Walter Carlos Romay y Hugo Lorenzo Romay de actuar en connivencia con Del Castillo para congelar la sucesión y, por ende, el ingreso de los Romay Buero al paquete accionario de los medios. Los tres “son socios en múltiples negocios de gran envergadura”, describe. “Lo son en el propio Canal 4 y en Radio Montecarlo, centro del reclamo, pero también lo son en las empresas de televisión por cable para abonados Monte Cable (Monte Cablevideo S.A.), Punta Cable (TV Cable del Este S.A.) y Del Faro TV Cable (Colonia Telecable S.A.); en la empresa Equital S.A.; en un establecimiento agropecuario de Florida (denominado San Lorenzo); y en muchos otros negocios más”.
“Hasta el día de hoy, es decir pasados dieciséis (16) años del fallecimiento de la causante (María Elvira Salvo), en una sucesión donde no existen deudas sino simplemente activos, no se haya logrado partir o repartir absolutamente ni un solo bien o activo”, advierte.
Es en ese marco que los herederos, cuya cara más visible es Tomás Romay Buero, atribuyen al administrador actuar en acuerdo con los otros integrantes de la familia.
“El administrador judicial toma sus decisiones, sin la debida imparcialidad que se impone a un encargo judicial, sin responder a la razonabilidad de un buen padre de familia o buen hombre de negocios, sino aduciendo o poniendo como excusa constantemente el respaldo de la mayoría sucesoria para tomar cualquier decisión”, dice el escrito. A modo de ejemplo, agrega que el administrador de la sucesión solo busca liquidar la deuda por los beneficios de Canal 4, pero deja “en suspenso la ejecución de las acciones de Canal 4 y las de las otras tres sociedades (Radio Montecarlo. Geosol S.A. y Marson S.A.), además de los frutos de estas tres últimas”.
Los Romay Buero dicen que ahora, como no quedarían “excusas” para no ejecutar la sentencia y entregar las acciones, aparece “un nuevo ardid”. El administrador judicial, supuestamente respondiendo a “su mayoría automática”, pretende “renunciar lisa y llanamente a los derechos obtenidos por la estirpe Romay Eccher”.
El escrito sostiene que el administrador plantea “no solo renunciar a US$ 21 millones de frutos, reajustes e intereses, sino también, lo que es más burdo e indefendible aún, a los cuatro capitales accionarios que Del Castillo debe restituir, así como sus frutos respectivos devengados desde el año 2003 (los cuales ni siquiera sabe a cuánto ascienden, pues no efectuó acción alguna tendiente a su determinación)”.
La propuesta, continúa, carece de “sensatez”, supone una “dilapidación” de los derechos sucesorios que implica un “gran perjuicio económico para los herederos”. Su magnitud es “absolutamente chocante y no resiste el más mínimo análisis”.
El escrito agrega que la actitud del administrador les genera las “máximas suspicacias” porque le permitió a Del Castillo seguir integrando los directorios de las empresas cuyas acciones debía entregar por resolución judicial.
El poder de los medios
Los Romay Buero sostienen que en diciembre el abogado de Del Castillo les había hecho llegar una oferta que duplicaba los US$ 9 millones incluidos en el acuerdo presentado por el administrador. Aquella propuesta también había sido rechazada.
Para los accionantes no se trata solo de dinero, según surge del escrito. El elemento “más importante” en juego, dice, es el acceso al paquete accionario de dos medios de comunicación “dominantes” en Uruguay, “que fueron fundados por su bisabuela y tienen un gran valor afectivo y familiar”.
“El perjuicio de la solución transaccional propuesta está direccionado en forma específica a la estirpe Romay Eccher (la cual integran los hermanos Romay Buero) para impedirles acceder a estas sociedades, ya que los sucesores Walter Romay y Hugo Romay ya son accionistas hace mucho tiempo y por derecho propio como sucesores de sus padres, que eran accionistas de los citados medios de comunicación desde hace décadas”, dice.
Los medios son “el cuarto poder”, afirma el escrito, porque son un sector “dotado de gran poder e influencia en los asuntos sociales y políticos de un país”. Y agrega: “Resulta tan ostensible el papel y la incidencia del Canal 4 en el Uruguay, que eso marca la real entidad de lo que se les estaría privando sin decirlo expresamente”.
