A través de un pedido de acceso a la información pública, Búsqueda obtuvo 463 resoluciones, la primera fechada el 11 de agosto de 2020 y la última, el 26 de enero de 2024, que dan un panorma de los incumplimientos del sector privado y público de las normas ambientales. En esos documentos se observa que, entre los variados motivos que llevaron a la aplicación de multas, los comportamientos por fuera de la normativa, relacionados con el incorrecto manejo del agua, ocupan un gran porcentaje, lo que parece contradecir los esfuerzos de las autoridades por cuidar este recurso finito.
Dentro de esta categoría, el incumplimiento más extendido es, por lejos, el vertido de efluentes industriales de manera irregular, al superar los parámetros permitidos en relación con la demanda biológica de oxígeno (DB05), coliformes fecales, sulfuro, PH, cromo, nitrógeno amoniacal y otros compuestos. Las sanciones por este motivo fueron 64, y los montos rondan en promedio las 100 UR. Existen casos excepcionales, como la multa por 500 UR que recibió Ancap en 2021 por realizar el vertido de efluente desde el Parque de Tanques hacia un cuerpo receptor “sin el tratamiento aprobado” en su refinería de La Teja.
La captación y el represamiento de aguas públicas para diversos fines —generalmente para riego— es otro de los motivos más reiterados. El ministerio aplicó 25 sanciones por esta práctica, así como por la derivación y encauzamiento sin autorización del recurso, que tuvo su pico en 2023. La gran mayoría de los infractores son particulares, aunque también se registraron algunas empresas productivas (como Agro Industrial del Este S.A., Finca Dorada S.R.L., CVC S.A., Linsu S.A. y la Asociación Civil Independiente Universitario del Uruguay). Las multas varían entre las 100 y las 500 UR.
La perforación del suelo para el alumbramiento, aprovechamiento y, por ende, la afectación de las aguas subterráneas del país, también es una práctica en aumento, según las sanciones. El Ministerio de Ambiente impuso al menos cinco multas por este motivo a las empresas ISUSA S.A, Moncuer SRL y Misticar SA, además de otros particulares.
El funcionamiento de plantas de tratamiento de efluentes por fuera de la normativa o sin el adecuado mantenimiento (17), la falta de monitoreos de calidad de aguas requeridos por la normativa (4) y la forestación a menos de 25 metros de un curso de agua (3) son otras de las multas vinculadas a la afectación del recurso que aplicó el ministerio desde su origen.
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El exsindicalista argentino Marcelo Balcedo recibió una multa de 9.000 UR por haber hecho en su chacra El Gran Chaparral “12 tajamares sin regularizar”
Captura TV
Perforaciones sin autorización, "una larga tradición"
Consultado respecto al impacto que este tipo de comportamientos por fuera de la normativa pueden generar en el ambiente, el docente e investigador del Laboratorio de Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental del Territorio, del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias de la Udelar, Marcel Achkar, dijo a Búsqueda que el gran problema es que Uruguay atravesó un proceso histórico donde “estas cosas no estaban reguladas”.
“Hay una larga tradición en el medio rural y periurbano respecto a las perforaciones, al hecho de que si no eran pozos muy importantes como para un emprendimiento industrial, no se pedía autorización. Y eso sucede hasta hoy, al igual que con la generación de pequeñas represas”, explicó el experto. Esto, agregó, se debe a que décadas atrás el agua se consideraba un recurso extremadamente abundante en Uruguay, “por lo que no se le prestaba mayor atención”.
Registrar un pozo de agua o una represa no tiene costo económico. Por eso, Achkar cree que el asunto pasa por “la necesidad” de que haya una formación sobre estos puntos y “explicar las ventajas de hacer las cosas bien”. Para el científico, la mayor parte de los problemas vinculados al agua se resuelven con incentivos, al generar más conciencia y ofrecer más información.
En cuanto a los represamientos, opinó que, si bien son necesarios, “eso se debe pensar y ordenar a nivel de cuenca hidrográfica, ya que hoy el sistema es caótico”. Según dijo, son herramientas que utilizan generalmente los dueños de los campos para sus actividades productivas, pero no es algo que esté planificado. Como ejemplo, se refirió a las casi 500 represas particulares detectadas en el río Santa Lucía, a partir de un estudio que publicó en 2023 junto al investigador Luis Aubriot.
“Hay que estudiar su distribución espacial, el volumen de represamiento y sobre qué cursos es posible hacerlo. Hay que ordenarlo para evitar que sea un problema, porque si están mal manejadas, las represas tienen floraciones de cianobacterias, interrumpen el movimiento de flora y fauna, afectan la distribución de semillas, entre otras muchas consecuencias”, explicó. Lo mismo ocurre con los acuíferos, ya que si bien una perforación es un punto de salida de agua, también es una entrada potencial de contaminantes. “Uruguay debería proteger la gran riqueza de agua subterránea que posee”, subrayó.
A modo de balance, sostuvo que “hoy el agua subterránea está en buenas condiciones y a tiempo de evitar la destrucción”, pero advirtió que es necesario “cuidarla, porque una vez que se genera un problema en un acuífero, es muy difícil recuperarlo”.
Para los vertidos de efluentes, Achkar sí cree que es necesario apelar a medidas punitivas, porque el daño que generan en el ambiente muchas veces se torna irreversible. “El emprendimiento productivo que hace un vertido clandestino es plenamente consciente de lo que está haciendo. Es un problema que, si bien se va resolviendo con la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, todavía persiste”, indicó.
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Ancap es la compañía estatal más multada
Javier Calvelo / adhocFOTOS
Multas estatales
Las empresas públicas tampoco escapan a las multas aplicadas por Ambiente debido a la afectación a las aguas. Ancap es la compañía estatal más multada en este rubro, con al menos siete sanciones que van desde vertidos a cursos de agua que superan los estándares permitidos de DB05 —demanda bioquímica de oxígeno en aguas superficiales— y sulfuro, hasta no finalizar en tiempo y forma las obras vinculadas a su planta de tratamiento de efluentes. También incumplió la normativa con un derrame de combustible que derivó hacia las aguas del arroyo pantanoso en 2022. Las multas varían entre 100 y 1.800 UR.
La Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) es la otra empresa estatal más multada por temas vinculados al agua. Recibió cuatro sanciones de entre 100 y 500 UR por “verter efluentes de origen cloacal, sin tratamiento, a curso de agua, deteriorando su calidad” en Sarandí del Yi; superó los parámetros DB05 y coliformes fecales permitidos en los efluentes de la planta de La Paz, Canelones, en dos ocasiones; e incumplió la normativa al introducir en las aguas o colocar en lugares desde los cuales pueden derivar hacia ellas “sustancias, materiales o energía susceptibles de poner en peligro la salud humana o animal” mediante el Pozo de bombeo Paso Carrasco.
Dentro del sector privado, las empresas de UPM en el país —las que operan sus dos plantas de producción de pasta de celulosa y la que se encarga de su negocio forestal— recibieron al menos seis multas de entre 100 y 900 UR vinculadas a la contaminación de aguas. Algunas de ellas consistieron en superar el estándar de vertido para los parámetros PH, DB05, sólidos suspendidos totales, nitrógeno amoniacal, nitrógeno total Kjeldhal, cloro libre, nitrato más nitrito y fósforo total. Otras corresponden al inicio de las obras de su planta de tratamiento de efluentes en Durazno sin contar con la aprobación previa, y transmitir datos del monitoreo automático de calidad de aguas “sin dar cabal cumplimiento a la normativa”. Una multa más, de 4.500 UR, fue consecuencia del derrame de hidróxido de sodio sobre el arroyo Sauce, detectado en agosto de 2023, proveniente de su planta de celulosa y zona franca.
Consultado acerca de si desde el gobierno se hacen los esfuerzos suficientes para proteger el agua, Achkar no dudo en afirmar que no, y opinó que tanto el Plan Nacional de Aguas como los diferentes planes de gestión de cuenca “son propuestas de buenas intenciones”. En esa línea, aseguró que a Uruguay “todavía le falta muchísimo en cuanto a generar una política nacional de gestión de aguas”.
Guillermo Goyenola, doctor en Ciencias Biológicas, docente e investigador de la Universidad de la República, coincidió con este punto. “Las autoridades encargadas no parecen estar involucradas en atacar un problema de una magnitud realmente importante”, dijo a Búsqueda. Respecto a la gobernanza del agua, explicó que el organismo encargado de promover la participación pública y la aplicación de medidas necesarias es la Dirección Nacional de Aguas, “y que, durante este período, no ha promovido los ámbitos que la ley marca para que se trabaje al respecto”, como las comisiones de cuenca.
“Han pasado años enteros sin reunirse. El sistema está estancado; en la percepción pública hay una preocupación generalizada, sobre todo después de la sequía y de eventos de cianobacterias, pero no veo que el país se esté preparando para enfrentar la magnitud de la problemática con el agua que tenemos”, opinó Goyenola. Y agregó: "El país necesita mejorar la capacidad de control, ya que si bien se ha avanzado en algunos frentes, es muy claro que estamos lejos de que sea suficiente”.
