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Días atrás el Concejo Municipal de Ciudad del Plata resolvió presentar una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación tras constatar presuntas irregularidades graves en el manejo de horas extras y en la gestión administrativa interna del municipio. Según informaron públicamente las autoridades locales, la decisión, que quedó finalmente plasmada en una resolución municipal, se adoptó luego de analizar un informe jurídico recibido el pasado 8 de diciembre, elaborado por el abogado Esteban Lucas, y de “evaluar evidencia documental y audiovisual recopilada durante la investigación interna”.
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La resolución, consignó San José Ahora, explicaba que de dicho informe surgía la identificación de “la posible destrucción de documentos públicos, la eliminación de archivos informáticos, la consignación de horas extras inexistentes y la manipulación de sistemas institucionales de comunicación”. Señalaba también que la documentación reunida —grabaciones de cámaras de seguridad, tarjetas horarias, capturas de pantalla y registros informáticos— fue considerada evidencia “suficiente para estimar la existencia de hechos de apariencia delictiva”, encuadrables en varios artículos del Código Penal, incluyendo delitos informáticos previstos en la Ley 20.327.
La denuncia realizada por el alcalde de Ciudad del Plata, Richard Mariani (Frente Amplio), y los abogados Rodrigo Rey y Esteban Luca, a la que accedió Búsqueda, fue presentada ante el fiscal penal de Libertad el viernes 12. Se basa principalmente en el cumplimiento del artículo 179 del Código Penal, que impone a los funcionarios públicos la obligación de denunciar los delitos de los que tomen conocimiento en el ejercicio de sus funciones.
Apariencia delictiva
El documento denuncia penalmente el accionar de una funcionaria administrativa “y los actos posteriores vinculados al mismo, por las irregularidades y hechos con apariencia delictiva cometidos en todo el proceso”. Según narra, el 27 de noviembre de 2025 en las oficinas del municipio, el alcalde advirtió que sobre el escritorio utilizado por la trabajadora se encontraban 47 tarjetas de control de horas, de las cuales 33 presentaban “horas extras consignadas para fechas futuras”. “Es decir que se atribuía la realización de horas de trabajo que aún no habían sido realmente efectuadas”, dice la denuncia.
Así, se procedió inmediatamente a la realización de un informe dirigido a la intendenta de San José, Ana María Bentaberri, para que tomara conocimiento de la situación, al tiempo que se le remitieron los originales de las 47 tarjetas y toda la evidencia recabada, como el registro audiovisual de las cámaras de seguridad, las capturas de imagen impresas y las impresiones del explorador de archivos que reflejan la eliminación de documentos, así como la computadora de la funcionaria.
La funcionaria denunciada (encargada de gestionar el registro de horas extras) no había concurrido a su puesto de trabajo en el municipio desde su traslado el 26 de noviembre de 2025, por lo que “su ausencia hace evidente que en las 33 tarjetas de control, incluida la suya, cargó horas extras que todavía no se habían realizado” e, incluso, “las fechas de las horas extras consignadas (27, 28, 29 y 30 de noviembre de 2025) coinciden plenamente con el período posterior a su traslado”, tiempo en el que “ella ya no se encontraba físicamente trabajando allí”.
“Esto permite corroborar de manera inequívoca que dichas horas fueron postdatadas, configurándose así un registro anticipado y carente de soporte fáctico real”, agrega el documento.
Paralelamente, la investigación determinó que el 21 noviembre la trabajadora presuntamente eliminó los contactos telefónicos de los demás integrantes de un grupo de WhatsApp de funcionarios del municipio a través del celular institucional, mientras que durante su último día de trabajo en el puesto “habría procedido a borrar la información administrativa del municipio” contenida en la computadora utilizada por ella, lo que quedó registrado por las cámaras de seguridad. Particularmente, “fueron eliminados no menos de 26 hojas de cálculo y documentos administrativos”.
Además de pedir que “prosiga la indagatoria fiscal, diligenciando las pruebas ofrecidas a los efectos de corroborar los hechos denunciados y determinar las eventuales responsabilidades de las personas involucradas”, los denunciantes pidieron que se tome declaración a la intendenta Bentaberri, al secretario general de la comuna, Leonardo Giménes, y al secretario de Recursos Humanos, Manuel Larrea.
Profundidad
Rodrigo Rey, el abogado contratado por el Concejo del Municipio de Ciudad del Plata para formular la denuncia, dijo a Búsqueda que la decisión de acudir a la Fiscalía se tomó en el concejo por mayoría absoluta, con apoyo de concejales del Partido Nacional.
“Tras la reciente asunción de autoridades, el municipio todavía está en auditoría para la corrección de prácticas dispensiosas con los recursos públicos. Así fue que se detectó una maniobra de antedatamiento de horas extras”, señaló.
Para el abogado, el caso muestra un “componente y delito de fraude y engaño”, similar a la situación que derivó en la condena de un exintendente (en referencia a Pablo Caram), debido al volumen de horas que se empiezan a proyectar como hipotéticas. Además, agregó, la funcionaria fue registrada por las cámaras eliminando los archivos donde se consignaban dichas horas, por lo que también “se cometió el delito de fraude informático por modalidad de destrucción de un documento público” a partir de “evidencia incontrastable”.
“Como la intendenta es quien tiene que firmar las horas, que seguramente ha firmado horas bajo esta modalidad, la estamos citando como testigo para determinar si en el resto de los municipios y en la propia administración se están replicando estas prácticas de antedatamiento de horas”, dijo Rey, al señalar que la Fiscalía deberá investigar todas las planillas de asignación de horas para verificar si existen incongruencias y si los cálculos cierran. “Desde la alcaldía y el concejo no hay ninguna razón para dudar de la probidad de la intendenta”, aclaró.
Como prueba, dijo el abogado del concejo, se elevaron las 47 tarjetas de funcionarios en las que se consignaban las horas extras anticipadas, al tiempo que el municipio tomó como medida no contratar más horas extras a futuro, al entender que se trata de una práctica “que linda con la ilegalidad administrativa”.
Hoy todos los elementos materiales citados en la denuncia fueron remitidos a la Intendencia de San José para que permanezcan bajo su custodia y los próximos pasos serán que se diligencie la evidencia documental, que se realice una valoración preliminar de los delitos en los que se pudiera haber incurrido y que se cite a declarar a la funcionaria.
“Ojalá esta maniobra no tenga más profundidad y sea algo más dérmico, una práctica más concreta o circunscripta a ciertos casos, y que no estemos frente a un caso de uso indebido del poder público más profundo en la intendencia blanca”, cerró Rey, aunque afirmó que “hay elementos” para presumir que la práctica se repite en otros municipios.
