Frente Amplio mantiene en la mira a Ojeda por su participación en un caso que comenzó con acusaciones cruzadas en una familia

Y si la arena judicial no era suficiente para el conflicto intrafamiliar, el tema llegó al centro de la discusión política después de que Ojeda presentara un escrito en la Fiscalía muy duro con el trabajo de dos adjuntas y en el que destacó haber monitoreado “celosamente la designación de fiscal titular” para la sede en la que se tramitaba el expediente.

Alicia Ghione asumió en mayo del 2022 al frente de la fiscalía que llevaba la causa. Recién el 29 de agosto de ese año la víctima declaró ante el equipo fiscal.

En los primeros días de junio de 2023, Ghione aseguró a los abogados y a la Unidad de Víctimas de la Fiscalía que formalizaría la investigación contra los tres acusados. Menos de 20 días después, sin embargo, archivó el expediente mediante un dictamen en el que sostuvo que “no hay dudas” de que la víctima sufrió abuso intrafamiliar, pero no presentaba “características de persistencia y consistencia”. Explicó que tras analizar al detalle toda la prueba se mantenía la “duda razonable de la ocurrencia de los hechos denunciados y la participación de los imputados” en dichos hechos.

Entre su promesa inicial y el archivo, la fiscal tomó declaración a los acusados y recibió un escrito de la defensa que luego citaría en el dictamen.

La familia de la víctima presentó una denuncia ante la Fiscalía General contra Ghione, lo que derivó en una investigación administrativa. La fiscal defendió su trabajo frente a las críticas de la familia y de la Unidad de Víctimas, la que emitió un informe en el que consideró que el proceso seguido por Ghione provocó una “revictimización” de la joven.

Ghione planteó una larga lista de testigos para su defensa, que incluía al propio Ojeda, quien no era abogado de los denunciados en este caso.

La fiscal negó en dos ocasiones, a lo largo de la investigación administrativa, haber comunicado que tenía resuelto formalizar. Ante esto, los abogados presentaron como prueba fragmentos de la grabación de una conversación entre Ghione y el abogado Diego Camaño el 1º de junio de 2023, registrada por el padre de la joven, quien estaba junto con su abogado en el momento del llamado.

“La idea es pedir la semana que viene la audiencia” de formalización, se escucha decir a Ghione, quien no sabía que estaba siendo grabada. La fiscal sostuvo que iría “por los tres” acusados, aunque tenga una cantidad “de hechos” de abuso distintos para cada uno de los involucrados.

“Le podés dar la palabra de que yo no voy a volver atrás y lo voy a hacer”, agregó cerca del final de la conversación, que duró poco menos de 20 minutos. El escrito será “algo corto” para no exponer “la estrategia” ante los acusados, explicó. Fragmentos de esa conversación fueron divulgados por El Observador en abril de 2025.

La Unidad de Víctimas, en su informe, también dijo que Ghione les comunicó que había resuelto formalizar.

Tras la investigación administrativa, la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, resolvió en abril de este año iniciar un sumario, informó entonces el programa Así nos va, que todavía está en curso.

Una denuncia de “evidencia manipulada”

Los abogados de la víctima de abuso presentaron un escrito en Fiscalía semanas atrás en el que denunciaron un “fraude” cometido por los acusados, quienes habrían presentado “evidencia manipulada”, según el escrito redactado por Camaño.

Apuntaron directo a una conversación de una hora que los abogados Pablo Barreiro y Laura Robatto y uno de los denunciados mantuvieron con el psiquiatra Otto Kernberg, un referente internacional en el tema. En ella hablan de la víctima y de potenciales patologías asociadas con su conducta.

Los padres de la víctima consiguieron el correo electrónico de Kernberg para conocer detalles de su trabajo, dado que no había visto a su hija ni tampoco había accedido a su historia clínica.

En uno de los correos que presentan como prueba, Kernberg les respondió a los padres: “En ningún momento establecí un diagnóstico concreto de la persona mencionada y descrita por los dos abogados (Robatto y Barreiro) (…). En resumen, ellos transformaron lo que describí como caso imaginario típico en un diagnóstico concreto de su caso”.

En su escrito Camaño pidió que se investigue “la conducta fraudulenta por parte de los imputados”.

Existe una grabación del diálogo entre Kernberg y sus contrapartes. Es una filmación tomada con un celular que apunta a la computadora en cuya pantalla se ve la reunión de Zoom con Kernberg. Después de evacuar las dudas técnicas, el psiquiatra rechaza la posibilidad de participar en una audiencia judicial como testigo experto en el caso, un fragmento que no fue entregado a Fiscalía y al que accedió Búsqueda.

Caputra de pantalla

—(…) Si en dos meses precisáramos un informe suyo, o una nueva charla suya, quizás enfrente de una juez o enfrente de una fiscal, un Zoom de dos o tres horas, ¿usted tiene inconveniente? —pregunta Barreiro.

—Pero yo no puedo darle informe sobre una persona que no he visto personalmente… —responde Kernberg.

—No, es general —retruca el abogado.

—Puedo darle una opinión en respuesta a preguntas que me hagan.

—En el caso de que nosotros le enviáramos, por ejemplo, porque usted no la puede entrevistar, informes de gente que la ha entrevistado, videos de ella, que tenemos más de 100, con eso, y limitándose a expresar lo que usted vio, más las características personales, ¿usted sí podría hacer un informe, o eso tampoco usted puede hacerlo? Lo que es serio desde el punto de vista científico, nosotros no se lo podemos dar —explica Robatto.

—No, creo que no. Creo que hacer un informe serio sobre un video toma mucho tiempo. Es distinto dar una opinión que toma unos pocos minutos. Usted se da cuenta de que una persona está cantinfleando, en cinco minutos se da cuenta. Si va a hacer un informe, va a tener que demostrar cómo usa el lenguaje… Yo, en general, confieso que he resistido actuar en juicios. Años atrás participé en juicios legales, pero les confieso que el tiempo empleado no justificaba, a mi juicio, que yo me dedicara a ello.

Las críticas al trabajo de las fiscales

Poco después de la denuncia de abuso sexual, las fiscalías de Montevideo se convirtieron en escenarios de otras causas vinculadas a la familia Najul.

Una de ellas, con el patrocinio de Ojeda, tiene a los tres acusados en el caso de abuso (Julio Héctor Najul, Julio César Najul y Fabián Bellón) como denunciantes, y como denunciados al padre de la víctima, Gonzalo Najul, y a sus socios Nicolás Tobler y Eduardo Primavesi. El centro de la disputa son los negocios de la empresa BTN, de la que eran accionistas.

Los clientes de Ojeda denunciaron en marzo de 2022 que sus exsocios “vaciaron” la compañía, dedicada a la intermediación en la venta de empresas, y se quedaron con comisiones.

La denuncia sostiene que “desde 2017 a la fecha (2022)” BTN mantuvo una “actividad intensa e incesante, que incluyó el analisis de mas de 50 proyectos, entre los que estuvieron la potencial venta del Punta Carretas Shopping, de la Confiteria Carrera, Confiteria Pellegrín, GEOCOM, Laboratorios Servimedic, Avicola El Poyote, Avicola del Oeste, Kali, proyectos inmobiliarios como Torres Bahía (Montevideo Harbour), valuado en mas de 100 millones de dolares, la venta potencial de varios campos, edificios e inmuebles (sic)”. Además, asegura que la compañía manejaba “diversos proyectos en avanzado estado de concreción” en 2021, como la venta de la compañía de agua Esencial, cristalizada en mayo de ese año, “la venta de Esturiones del Río Negro, Polanco, la planta de cementos de Ancap, la empresa médica Summum, el banco Bandes e Integración AFAP”.

El escrito sostiene que los acusados “se apropiaron del dinero del cobro del informe de valuacion de la empresa Polanco Caviar, se autovendieron los muebles de la oficina por un tercio del precio de valor de mercado, perjudicando a la sociedad, se cobraron millones de pesos de comision por la venta del Agua Esencial (sic)”.

La enumeración de proyectos, que incluía otros más, buscaba explicar que la compañía tenía el potencial de obtener millones de dólares de ganancias.

Los acusados pasaron a la ofensiva. Presentaron dos denuncias por “calumnias y simulación de delito”, en las que argumentaron que se brindó información falsa a la Fiscalía, que los supuestos negocios potenciales eran inexistentes y que, en parte, todo era una estrategia para combatir la causa por abuso sexual que se tramitaba en otra sede.

Las audiencias del caso, en la Fiscalía de Flagrancia de 15º turno, tuvieron momentos de tensión, en particular cuando Gonzalo Najul, acusado en la denuncia penal y padre de la víctima de abuso, declaró como testigo. La grabación de la audiencia del 22 de noviembre de 2022 debió ser interrumpida varias veces, dadas sus críticas a Ojeda, a quien cuestionó por haber ido al allanamiento de uno de los acusados por abuso.

Ojeda dejó constancia en la grabación de que no era abogado en el caso tramitado en Delitos Sexuales, aunque admitió que estuvo en el allanamiento.

Por movimientos internos, la Fiscalía de Flagrancia de 15º turno pasó de Porteiro a Raúl Iglesias, quien luego fue trasladado y la sede quedó vacante.

Pese a la falta de un fiscal titular, las adjuntas Claudia Amodeo y Silvia Buzó les dieron la razón a los denunciados y archivaron el caso el 1º de octubre. En el dictamen consideraron “relevante tener presente que la denuncia fue presentada en el marco de un conflicto familiar, motivado por una denuncia de abuso sexual intrafamiliar”.

Ojeda respondió a esa decisión con un pedido de reexamen, primero, y luego con un escrito en el que solicitó la reapertura del caso, agregó “nueva evidencia” y arrojó dudas sobre la motivación de las fiscales. Las acusa de haber tomado una decisión “entre gallos y mediasnoches”, sin esperar a que asumiera la fiscal titular, Sylvia Lovesio, quien ya había sido designada.

“Son, francamente, ofensivas, gratuitas e innecesarias las consideraciones y adjetivos vertidos en el dictamen, tanto que no parecen escritas por las fiscales adjuntas”, dice el escrito. Y agrega en varias ocasiones que la actuación de las fiscales fue “sospechoso”.

El senador y abogado explicó que después de la salida de Iglesias estuvo atento a la nueva designación, porque las fiscales le habían asegurado que esperarían a un titular para definir el caso. “Monitoreamos celosamente la designación de fiscal titular para esta fiscalía, visto que de esa designación dependía el avance de la causa y la inminente formalización de la investigación a los denunciados”, detalla el documento.

Ojeda añadió que las adjuntas no les brindaban “las mínimas garantías” a sus defendidos y reclamaba su traslado.

El escrito, además de cuestionar a las fiscales, incluía nuevas evidencias y un relato que, a su juicio, debía forzar la reapertura de la causa y la formalización de los acusados.

La gestión de Ojeda tuvo efecto. Ambas serán trasladadas, según informó El Observador semanas atrás. Además, el abogado mantuvo una reunión con Buzó en la que le entregó el escrito, tras lo cual la adjunta firmó un decreto para reabrir el caso y permitir que fuera estudiado por la fiscal Lovesio.

El 20 de noviembre tuvo lugar una audiencia para analizar el pedido de reexamen del caso que había planteado Ojeda, sin que el juez y la fiscal supieran que ya había sido reabierto, surge del audio de la audiencia.

En esa instancia, Lovesio, ya entonces fiscal titular en ejercicio, dijo que no había leído el escrito de Ojeda y no podía dar una opinión.

Un tema abierto para el Frente Amplio

Lovesio planteó en esa audiencia que Ojeda es senador y que el artículo 124 de la Constitución impide a los parlamentarios en ejercicio “tramitar o dirigir asuntos de terceros ante la administración central, gobiernos departamentales, entes autónomos y servicios descentralizados”, como lo es la Fiscalía General de la Nación (FGN) desde 2017. Ese incumplimiento, dice el artículo, desemboca “en la pérdida inmediata del cargo legislativo”.

OjedayPereira

Ese planteo, del que informó el periodista Eduardo Preve, fue derivado a Fiscalía General para su análisis y abrió el debate político. Mientras la oposición considera que no hubo violación de la Constitución y el propio Ojeda afirma que el caso está “cerrado”, en el oficialismo crece la idea de tomar acciones.

El senador y secretario general colorado cuenta con tres informes que indican que no violó la Constitución: de los constitucionalistas Ruben Correa Freitas y Jaime Sapolinski, ambos de extracción colorada, y de la División Jurídica del Poder Legislativo.

En el Frente Amplio recibieron informes en sentido contrario por parte de José Korzeniak, cercano a la coalición de izquierda, y Luis Fleitas, un docente universitario grado 3 que está cumpliendo una asesoría técnica en Presidencia.

En paralelo, cuatro diputados frenteamplistas elevaron un pedido de informes para que la Fiscalía General notifique si hay registros de “escritos” o “cualquier otro documento” presentado por Ojeda desde el 15 de febrero de 2025 en los que se encuentre “actuando en el patrocinio, en representación o en interés de un tercero particular”. Si los hubo, solicitan número de expediente, “nombre del denunciado, denunciante o demás involucrados”.

El pedido también busca conocer si Ojeda solicitó y mantuvo alguna reunión con la fiscal Ferrero, con alguna autoridad o funcionario de Fiscalía, o con algún fiscal.

La Mesa Política del Frente Amplio aprobó este lunes una resolución en la que señala que los informes recibidos son “concluyentes” en cuanto a que el senador violó la Constitución e informa que analizará de manera “paciente y responsable” los “pasos a seguir”.

Al día siguiente, encomendado por la Mesa Política, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, se reunió con la bancada de senadores para alinear los esfuerzos. A la salida del encuentro, la senadora Blanca Rodríguez informó que el tema “no está cerrado” y que esperan nuevos asesoramientos para definir luego del receso parlamentario.