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Defensoría de Vecinos de Montevideo pide cambios en la regulación de ruidos molestos ante el número de denuncias por alarmas
El Servicio de Convivencia Departamental registró 1.260 infracciones en los últimos cinco años por ese tipo de contaminación acústica; la mayoría provienen de locales comerciales
La contaminación acústica, también conocida como ruido molesto, ha significado un problema de larga data para los vecinos de Montevideo y las instituciones involucradas en solucionarlo. Aunque la Intendencia de Montevideo cuenta con regulaciones y aplica sanciones cuando constata infracciones, la Defensoría de Vecinas y Vecinos de la comuna considera que hay vacíos en la normativa.
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Según Daniel Arbulo, titular de la Defensoría, los reclamos que recibe su oficina por contaminación acústica están relacionados a situaciones de convivencia por ruidos molestos dentro de edificios o por eventos en espacios públicos.
De acuerdo al último informe anual que entregó la Defensoría a la Junta Departamental de Montevideo (JDM), este martes 16, las denuncias por ruidos disminuyeron. El informe presentado el año pasado reflejaba que los ruidos molestos eran el tercer motivo por el que se realizaban denuncias, mientras que el actual —que va desde mediados de junio de 2025 a mediados de junio de 2026— mostró que las quejas comenzaron a concentrarse más en otras áreas, como las edificaciones y viviendas o el alumbrado público. Así, los reclamos por ruidos molestos bajaron al sexto lugar en el último año.
En los últimos 12 meses, la Defensoría registró 39 denuncias por “contaminación acústica o lumínica”, de las cuales 16 (41%) estuvieron vinculadas al sonido de alarmas en edificios. El ombudsman dijo que la incorporación de nuevos sistemas de seguridad en los edificios provocó vacíos en la normativa sobre alarmas activas, que actualmente se rigen por una resolución de la intendencia de 2020. Según Arbulo, la tecnología hace que las regulaciones deban cambiar constantemente y que, por eso, hoy hay aspectos que no están contemplados en esa resolución.
La reglamentación del uso de alarmas contra el hurto de vehículos automotores y/o edificios considera que una alarma “supera los niveles sonoros admisibles” cuando emite ruido durante más de un minuto o tiene frecuencia de actividad repetida durante tres veces o más en seis minutos, con una duración de más de 10 segundos. A su vez, la norma establece como agravantes de la falta la reiteración, que la alarma suene entre las 22.00 y las 6.00, y la “proximidad a centros asistenciales, educativos, policiales o militares”.
Las denuncias por el uso de sistemas de seguridad como la portería digital con altoparlantes se han dado principalmente en los nuevos edificios de los municipios CH (Pocitos, Buceo, Punta Carretas) y B (Centro, Parque Rodó, Ciudad Vieja). A los agentes que funcionan como intermediarios con las personas que transitan por la vereda se suman las puertas de garaje que, al utilizarse, emiten un sonido “molesto” para los vecinos. Arbulo explicó que intentaron comunicarse con las empresas de seguridad correspondientes para buscar soluciones, pero que “fracasaron con total éxito”.
Este problema fue presentado a la intendencia durante un seminario en marzo del que participaron autoridades de la comuna e integrantes del Instituto de Ciencias Ambientales de la Facultad de Ingeniería. En esa oportunidad, Arbulo recordó que se habló de la “necesidad” de actualizar la lógica en la medición de decibeles y alarmas que se activan. Según dijo, es difícil “avanzar desde la política pública cuando en los edificios hay ausencia de normativa”, lo que deja la resolución en manos de quienes viven en estos inmuebles.
Fuentes de la comuna reconocieron a Búsqueda que la normativa respecto a ruidos molestos es un aspecto a mejorar y que necesita actualización, por ejemplo, contextualizando los ruidos, ya sea para ajustar algunos controles como para flexibilizar otros. No obstante, dijeron que la nueva redacción no es una prioridad inmediata.
Arbulo hizo hincapié en la necesidad de contar con una nueva definición de ruidos molestos. También plantea cambios en la regulación de lo que sucede antes y después de un evento que involucre contaminación acústica. En Montevideo se consideran ruidos molestos los que superan los 45 decibeles entre las 7.00 y las 22.00, y 39 decibeles entre las 22.00 y las 7.00, medidos dentro de una casa.
Mayoría de infracciones por alarmas provienen de locales comerciales
Según información del Servicio de Convivencia Departamental de la intendencia, entre 2020 y marzo de 2025 se constataron 1.260 infracciones por ruidos molestos ocasionados por alarmas activas que violentan la normativa departamental, ya sea por su elevado volumen o por la repetición constante del sonido.
Los datos surgen de un pedido de acceso a la información pública realizado por Búsqueda en marzo de 2025 y cuya respuesta fue entregada en abril de 2026, más de un año después y por fuera de los plazos legales.
Según detalla el informe, durante ese período las 1.260 infracciones dieron lugar a un total de 896 expedientes administrativos, de los que 708 derivaron en una sanción. Los 188 restantes, explica la comuna, “no registran resolución a la fecha, ya sea por haber sido dejados sin efecto —por ejemplo, debido a vicios formales derivados de la imposibilidad de identificar al responsable o por encontrarse en trámite, a la espera de su prosecución”. Las multas en estos casos son de dos unidades reajustables, lo que equivale actualmente a unos $ 3.843.
Más de la mitad de las multas que la intendencia aplicó por ruidos molestos ocasionados por alarmas fueron a locales comerciales (52,5%). Un 34,1% de las multas se aplicaron a fincas particulares y el 13,4% restante se aplicaron a vehículos. Los años 2021 y 2022 fueron los que registraron más multas por alarmas: 203 y 175, respectivamente.
Búsqueda consultó a la intendencia el número de inspectores abocados a fiscalizar este tipo de infracciones, pero la comuna respondió que no era posible determinarlo, “en virtud de que los equipos inspectivos no se asignan de forma exclusiva a una única tarea en territorio, sino que desarrollan funciones múltiples conforme a las necesidades operativas del servicio”. No obstante, la misma respuesta sostiene que, en promedio, entre dos y seis inspectores de la intendencia se dedican específicamente a la tarea de atender las denuncias “en forma diaria”.
